CRÓNICA DE UN DESAHUCIO MEDIÁTICO: La ruina del propietario humilde y el espejismo legal de una donante anónima

 

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El desahucio de Mari Carmen, una mujer de 87 años desalojada este 23 de septiembre de su vivienda en el exclusivo barrio madrileño del Retiro, ha monopolizado las portadas y los informativos de todo el país. Las imágenes de su salida en camilla, asistida por el SAMUR tras el cuarto intento de lanzamiento judicial, conforman la estampa perfecta de una tragedia social.

Sin embargo, detrás de la cuidada puesta en escena ―cómicos adeptos incluidos―, del abrumador consenso mediático y de la indignación oficializada desde las más altas esferas del Gobierno, se esconde una intencionada asimetría informativa. El debate público ha sido secuestrado por un relato único que silencia el origen estructural del conflicto y manipula el desconocimiento legal del ciudadano.

Para el 90% de los medios de comunicación y para el propio presidente del Gobierno —quien no ha dudado en instrumentalizar el drama desde Nueva York para atacar a sus rivales políticos—, el guion es inamovible: una anciana vulnerable frente a Urbagestión, un despiadado "fondo buitre" que exige una renta inasumible y que, en un alarde de crueldad, habría rechazado la oferta de una supuesta donante anónima dispuesta a pagar los 2.650 euros mensuales para mantener a la mujer en su hogar. Por supuesto, la narrativa resulta emocionalmente irrefutable, pero jurídicamente ficticia.

 

Procesalmente, un brindis al sol

Así, la prensa ha vendido el rechazo a esta misteriosa mecenas como la prueba definitiva de la avaricia corporativa, omitiendo que en los tribunales las buenas intenciones no bastan. Más aún, en derecho procesal no se "ofrece" el dinero a través de los medios; se consigna en la cuenta del juzgado. Sin un justificante de ingreso que cubra la totalidad de la deuda —la cual, tras años de litigio, arrastra intereses de demora y cuantiosas costas judiciales— cualquier ofrecimiento a gritos es un mero brindis al sol. Y esto aun asumiendo que estuviéramos ante un desahucio por impago de rentas, porque si el lanzamiento obedece a la extinción legal de la subrogación del contrato, el vínculo jurídico está muerto y ninguna oferta económica puede resucitarlo a la fuerza.

Pero la manipulación procesal va más allá. El relato mediático presenta la ejecución policial como un ataque fulminante y despiadado, ocultando que un cuarto intento de lanzamiento es, precisamente, la certificación judicial de que todas las garantías legales se habían ofrecido, la interesada las había rechazado y, por tanto, estaban agotadas. Puesto que el sistema no expulsa a nadie sin red: si el tribunal accedió a ejecutar la sentencia fue porque los Servicios Sociales ya habían intervenido, los plazos legales de suspensión por vulnerabilidad habían caducado y, sobre todo, porque las alternativas habitacionales ofrecidas por la administración —como la plaza en una residencia en Alcalá de Henares— fueron formalmente rechazadas por la desahuciada. La justicia no actúa, ni lo hizo aquí, por sorpresa; actúa porque, tras agotar todos los cauces de protección social, no tenía más margen legal para poder secuestrar el derecho de propiedad.

 

La ruina silenciosa del propietario original

Además, al ocultar esta realidad procesal, la prensa también recorta deliberadamente la mitad del encuadre económico. La noticia que no abre los telediarios es la del propietario original de ese inmueble: un ciudadano de a pie que, durante décadas, se vio atrapado por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, obligado a mantener un piso de 90 metros cuadrados con un alquiler congelado en torno a los 500 euros mensuales.

Ese pequeño tenedor tuvo que hacer frente al IBI, a las tasas, a los gastos de comunidad y a las elevadísimas derramas de conservación que exige un edificio construido en los años cincuenta. Atado de pies y manos por una legislación que descargaba sobre sus ahorros privados el deber del Estado de proporcionar vivienda asequible, su rentabilidad acabó por hundirse. Y esa asfixia matemática es, precisamente, la que abre la puerta a los grandes inversores. Porque el pequeño propietario, incapaz de sostener la carga, se ve obligado a vender a la baja a fondos como Urbagestión, que sí tienen el músculo financiero y jurídico para esperar a que el paraguas legal caduque y ejecutar sus derechos de mercado.

 

La coartada del poder

Que el aparato del Estado y los grandes grupos de comunicación cierren filas en torno a la versión emotiva tiene una utilidad táctica incuestionable. Al centrar toda la indignación social en los fondos de inversión, el poder político desvía hábilmente la atención de su propio y transversal fracaso: la nula construcción de un parque de vivienda social digno y su incapacidad para ofrecer alternativas que los ciudadanos puedan asumir.

Cuando desde las instituciones se impone una visión maniquea y se oculta la realidad jurídica de los procedimientos, se pavimenta el camino hacia soluciones legislativas populistas. Y seguir legislando desde la emoción del relato único, ignorando deliberadamente que la inseguridad jurídica acaba arruinando a los pequeños ahorradores y entregando los barrios al gran capital, garantiza precisamente que este desahucio no sea el último, sino el modelo a seguir.

De Mis conversaciones con la IA

 Servando Gotor

LA TRAMPA DEL JURADO: Cómo el Gobierno fabrica la nulidad de su propio juicio

 

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El debate público en torno a las declaraciones del Gobierno sobre el proceso judicial de la esposa del presidente no se agota en los márgenes estrictos del Código Penal. Aunque la "orfebrería jurídica" pueda concluir que la ausencia de violencia o intimidación física directa impide encajar las palabras de la ministra portavoz en el delito clásico de obstrucción a la justicia, la verdadera gravedad de los hechos se sitúa en un plano mucho más profundo. Estamos ante una quiebra instrumental de la neutralidad institucional, diseñada no para convencer a los juzgadores, sino para viciar el proceso desde su raíz.

 

I. La vulnerabilidad del ciudadano común: Carga obligatoria y desprotección

A diferencia de los jueces de carrera, blindados por un estatuto profesional, preparación técnica ante las presiones y una retribución permanente frente al ruido de la calle, que incluye razonables críticas y hasta moderadas presiones, el Tribunal del Jurado se compone de nueve personas físicas comunes. Para estos ciudadanos de a pie, la participación no es un privilegio ni un empleo; es una carga pública obligatoria, un deber cívico inexcusable que apenas cuenta con cierta indemnización económica.

La fijación pública de directrices de veredicto por parte de la portavoz del Ejecutivo expone a estos ciudadanos anónimos a una asimetría de poder insoportable. No se trata de un debate abstracto sobre leyes, sino del factor del miedo: el temor real al señalamiento social, laboral y vecinal, y a la pérdida del anonimato en una sociedad fuertemente polarizada. Sentarse en ese sillón sabiendo que el propio poder del Estado ha dictaminado cuál es el único veredicto que equivale a "hacer justicia" anula, de facto, la libertad de conciencia de cualquier ciudadano común.

 

II. El espejo de la jurisprudencia: El precedente del "Prejuicio Ambiental"

Pero es que, la historia judicial española ya conoce los estragos de la contaminación externa en el paradigmático caso de Dolores Vázquez, en el que el Tribunal Supremo se vio obligado a anular una condena porque el jurado popular había sido claramente intoxicado por una campaña de juicio paralelo, y no por las pruebas presentadas en la sala.

Pues bien, el riesgo actual responde a la misma lógica doctrinal, pero con una agravante inédita: la presión no proviene de tertulias televisivas dispersas, sino de la cúspide del poder político. El peligro no es que alguien amenace a un jurado en un pasillo; lo letal es el "bombardeo" discursivo masivo que condiciona y moldea la mente del cuerpo social del que saldrán esos nueve ciudadanos antes siquiera de que entren en el juzgado. Más aún en un contexto en que han aflorado incluso grabaciones que supuestamente acreditan la persecución física de la jueza instructora del caso del hermano del Presidente del Gobierno.

 

III. El privilegio del poder: Fabricar la nulidad a voluntad

Y es aquí donde se revela la derivada más perversa de este escenario. Así como  cualquier ciudadano común está férreamente sometido al dictado de un jurado popular con las cartas que le toquen, el poder —tanto político como mediático— dispone de la capacidad exclusiva de escaquearse del juicio del jurado a su propia voluntad. Si le interesa el jurado, jurado. Si no, tribunal profesional.

¿Cómo lo consigue? Viciando deliberadamente el procedimiento. Al lanzar consignas institucionales taxativas sobre la inocencia o culpabilidad de un encausado, el poder provoca de manera consciente una situación de "indefensión sistémica" de la imputada y una contaminación ambiental insostenible. Esta maniobra rompe las costuras del tribunal popular y le permite a las defensas pilotar el caso hacia un laberinto de recursos en instancias superiores. Es la estrategia de la anulación planificada: el propio emisor del ruido institucional utiliza el caos que ha generado para impugnar el juicio, logrando que la causa sea arrebatada a los ciudadanos y trasladada al terreno técnico de los magistrados de carrera en tribunales de apelación. En este tablero táctico de supervivencia, los ciudadanos comunes son utilizados como meros peones y escudos humanos. Pero si un día se sientan en ese mismo banquillo, ellos nunca tendrán elección.

 

IV. La frontera del delito: ¿Prevaricación institucional y fraude de ley?

Esta manipulación no solo es una profunda inmoralidad política; desde el punto de vista del derecho puro, roza el ámbito delictivo a través de figuras jurídicas muy claras.

En primer lugar, el ordenamiento jurídico español prohíbe de forma taxativa el fraude de ley (artículo 6.4 del Código Civil), que consiste en utilizar el amparo de una norma (en este caso, la libertad de expresión o la valoración política) para alcanzar un resultado prohibido por el ordenamiento, que es socavar la imparcialidad judicial y el derecho a un proceso con todas las garantías.

En segundo lugar, cuando un cargo público utiliza los recursos del Estado —como la mesa del Consejo de Ministros— para dictar resoluciones verbales o consignas que sabe que alteran el funcionamiento normal de la Administración de Justicia, su conducta se aproxima peligrosamente al tipo penal de la prevaricación (artículo 404 del Código Penal) o al delito contra las garantías constitucionales (artículo 542 del Código Penal), el cual sanciona expresamente a la autoridad o funcionario que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de los derechos cívicos reconocidos por la Constitución, entre los que se encuentra el derecho de los ciudadanos a participar en la Justicia de manera libre, serena y sin coacciones institucionales.

La conclusión es inapelable: erosionar conscientemente el entorno de un juicio para forzar su nulidad y escapar del veredicto del pueblo no es alta política; es una estrategia de degradación democrática que retuerce el Estado de derecho hasta dejarlo irreconocible.

 

De Mis conversaciones con la IA

 Servando Gotor

OTOÑO EN ZARAGOZA (Antonio Envid)

 

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El verano se está haciendo el remolón, parece renuente a abandonarnos, pero no seamos ilusos, ya acaba. Llega el otoño, ese tiempo ambiguo y traicionero, que tanto gusta a poetas y sensibleros. ¿Está sobrevalorado el otoño? Cientos de canciones y cientos de poemas se han encargado de ello. ¿Quién no canturrea Automn Leaves al rememorarlo? Pero como digo, el otoño es como una falsa amante, nos seducirá y castigará al mismo tiempo. Los días irán acortando, entraremos lentamente en el tiempo de las sombras, y la realidad, los problemas, las urgencias vitales se presentarán, a menudo, abruptamente, para despertarnos de la modorra veraniega.

Pero el otoño, como casquivana amante que es, nos seducirá con algunos dones. Las tristes regiones septentrionales aguardan con ilusión los vinos jóvenes que les trae este tiempo. Los federweiser, los sturm, esos vinos locuelos que no soportan el encierro en la bodega y hay que consumirlos cuanto antes para que no se estropeen. Solo los alegres valses vieneses y los cantos zíngaros pueden hacerlos tolerables. ¿Y qué decir de los beaujolais, que el genio comercial francés los ha hecho predilectos de exquisitos à la page? Por estos pagos, en cambio, preferimos los vinos que han adquirido sabiduría en largas horas de reflexión en las oscuras cavas. No voy a hablar del mostillo, para no echarme a llorar en medio de esta página. Mi abuela se llevó con ella la receta y ya nadie podrá devolverme esos memorables momentos de mi infancia en que unas cucharadas de mostillo borraban cualquier tragedia infantil.

Para mí, el verdadero don del otoño son las voluptuosas uvas, blancas, negras, doradas, igual me da, esas gloriosas esferas que nos traen encerrado todo el sol del perdido verano. Suelo escuchar, cuando les hinco el diente, como un eco de los alegres viñadores que las han vendimiado y me trasportan a un mítico mundo de holganza dionisíaca con sátiros y ninfas saltando a mi alrededor.

Andan los bodegueros coterráneos meditabundos. El consumo de vino está cediendo en favor de la cerveza, y eso se nota en la caja. España, el mayor productor de vino del mundo, se siente abandonar por sus parroquianos. Los jóvenes, y no tan jóvenes, dejan el virgiliano mosto fermentado para abrazar esa bebida de bárbaros germanos, más propia de equinos que de cultos borrachines. “Oye, tronco – me dice un joven adorador del rubio brebaje – otro día quedamos para tomar unas litronas y te actualizo esas dinópolis ideas que tienes, okey boomer, ahora tengo prisa en reservar sitio para el oktoberfest.

    Antonio Envid

 

No hay moros en la costa: Crónica histórica de un alivio marítimo y una tensión perpetua

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El reflejo de la historia en el lenguaje y las costumbres suele ser mucho más afilado de lo que la nostalgia nos permite admitir. Detrás de expresiones cotidianas como la conocida alarma marinera (no hay moros en la costa) o de tradiciones aparentemente inocentes, se esconde un mapa de tensiones religiosas y geopolíticas que modeló la vida en la península ibérica durante siglos, por más que algunos se empeñen en convencernos de lo contrario. Y es que la idea romántica de un territorio donde los pueblos compartían pacíficamente sus saberes se desvanece, muy a nuestro pesar, cuando se analiza la arquitectura de las ciudades antiguas y los sutiles insultos cotidianos que unos grupos lanzaban contra otros.

El pánico que gobernaba el litoral mediterráneo español entre los siglos XV y XVIII dejó una huella profunda en el habla. Las playas del levante y de Andalucía eran un escenario de peligro constante debido a las veloces incursiones de los piratas berberiscos y las armadas del Imperio Otomano, que desembarcaban con el único fin de saquear poblaciones y capturar prisioneros cristianos para venderlos en los mercados de esclavos del norte de África y hasta de Estambul. La monarquía hispánica respondió levantando una inmensa red de torres de vigilancia a lo largo de los acantilados. Los vigías pasaban los días escrutando el horizonte marino en esas atalayas, y cuando divisaban las velas enemigas, daban la alarma con hogueras y campanas al grito de «¡Hay moros en la costa!», una advertencia de vida o muerte que, al dar paso a la calma y el horizonte limpio, se transformaba en el alivio de saber que no había moros en la costa.

Esta alerta permanente no respondía solo a un enemigo lejano, sino a una profunda desconfianza hacia la población morisca que vivía dentro de los propios reinos cristianos. Obligados a convertirse al catolicismo, la mayoría de los moriscos mantenían su fe islámica y sus costumbres tradicionales en la más estricta intimidad, recurriendo a la simulación para protegerse de la Inquisición. Aunque entonces no se hablaba de guerra híbrida, el temor de la Corona de que esta población actuara como una colaboración interna de los piratas africanos demostró tener fundamentos reales en numerosos episodios de espionaje costero y en la violenta rebelión de las Alpujarras, donde los sublevados recibieron armas y soldados de los sultanes del norte. Este clima de sospecha culminó en la expulsión definitiva de 1609 decretada por Felipe III, aunque la frase sobre los moros en la costa siguió siendo literal durante décadas, pues muchos de los desterrados se unieron a las flotas corsarias para atacar las tierras que tan bien conocían.

Esa misma hostilidad latente se filtró en las costumbres domésticas de una manera muy sutil y despectiva a través de las mascotas. Durante generaciones, en el mundo cristiano ibérico se popularizó la costumbre de llamar Sultán a los perros, especialmente a los de guardia, pastoreo o aquellos destinados a tareas más rudas. Lejos de ser un homenaje a la majestuosidad de la palabra árabe, que designa a un gobernante con máxima autoridad, este bautizo era un acto deliberado de desprecio político y religioso. En el imaginario cristiano, el sultán de Constantinopla o de Marruecos era el archienemigo de la fe y el causante de sangrientas batallas. Llamar así al animal de compañía (que en aquella época no se veía como un miembro de la familia, sino como una bestia de trabajo subordinada al hombre) era una forma cotidiana de humillar al enemigo, sometiendo simbólicamente al gran líder del Islam a las órdenes de un amo cristiano.

Esta guerra de insultos y menosprecios cotidianos cruzaba las fronteras religiosas en todas las direcciones. Para los musulmanes, el perro era, además, un animal considerado ritualmente impuro según las interpretaciones más estrictas de la jurisprudencia islámica, por lo que asimilar al líder enemigo con un can añadía una capa extra de humillación. Desde el lado islámico, la réplica hacia el mundo cristiano utilizaba también sus propios códigos: los cristianos eran tildados despectivamente de idólatras debido al culto que rendían a las imágenes, las pinturas y las tallas de los santos, una práctica que el Corán prohíbe de forma tajante. En el lenguaje cotidiano, referirse a los cristianos simplemente como "los infieles" o usar analogías que los comparaban con animales de carga o cerdos (un animal estrictamente prohibido en su dieta) era el equivalente al desprecio del perro Sultán. Todo esto sin olvidar que los musulmanes despreciaban a los cristianos tildándolos de sucios y malolientes, mientras estos acusaban a aquellos de afeminados.

Por su parte, la comunidad judía, atrapada secularmente entre los dos gigantes religiosos y forzada a la marginalidad tanto en suelo cristiano como musulmán, desarrolló también sus propios mecanismos de resistencia cultural y lingüística. En el ámbito privado, los judíos se referían a los cristianos con términos que evocaban la idolatría o los asociaban con Edom, el enemigo bíblico tradicional, mientras que a los musulmanes los vinculaban con Ismael. Era una forma de mantener el orgullo identitario y marcar distancias frente a unos vecinos que los rechazaban de forma abierta en una lengua íntima que, tras el exilio, daría vida al idioma ladino.

Toda esta tensión diaria explica por qué el mito de la armoniosa convivencia medieval carece de sustento real. Las ciudades de la época no se diseñaron para la integración, sino para una estricta segregación física. El grupo que ostentaba el poder militar y político ocupaba siempre el corazón fortificado de la ciudad, ya fuera la medina musulmana o el casco intramuros cristiano. Los vencidos o tolerados eran expulsados de ese centro y confinados en barrios cerrados, dando origen a las juderías y a las morerías o arrabales, término de origen árabe que designaba precisamente a los barrios situados fuera de las murallas protectoras.

Aquella paz de las tres culturas no era fruto de la tolerancia moderna, sino de un ordenamiento jurídico desigual. Los mudéjares bajo el cetro cristiano y los mozárabes bajo el dominio islámico pagaban impuestos desorbitados a cambio de que se les permitiera conservar su religión. Las fronteras invisibles y físicas marcaban el día a día: los matrimonios mixtos se castigaban con la pena de muerte, las minorías no podían portar armas y las puertas de las juderías y morerías se cerraban con llave cada noche, dejando claro que el equilibrio dependía de mantener a cada uno en su sitio y con las defensas siempre listas.

Resulta un giro de lo más irónico ver cómo cambia el cuento con el paso de los siglos y cómo evoluciona nuestra particular forma de canalizar las frustraciones políticas. Si en la Edad Moderna la venganza popular consistía en degradar el título de una figura de autoridad no deseada poniéndoselo al perro de la casa, hoy en día en España hemos invertido la fórmula por completo: ahora no se le pone el nombre de un cargo relevante al perro, sino que es a la persona que ostenta el cargo no deseado a la que se le llama directamente «perro». Las vueltas que da la vida y el lenguaje han hecho que un insulto tradicional se convierta en el lema de cabecera de la sátira política actual. Sin necesidad de señalar con el dedo a nadie en el panorama público contemporáneo, resulta evidente que el guauguau sigue siendo el blanco perfecto cuando el ciudadano de a pie quiere buscarle las cosquillas al poder, solo que ahora el viaje del agravio va en dirección contraria.

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 Servando Gotor

La guIA nos va a matar, y nosotros disfrutando (Crónica de nuestra extinción digital)

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La Inteligencia Artificial avanza tan rápido que sus propios creadores están aterrorizados, lo cual es fantástico si todavía te parecía suave el panorama mundial. Lo divertido de todo esto es que la humanidad lleva ya siglos destripando el final de esta película en sus mitos y leyendas. Goethe ya anticipó el problema exacto en 1797 con su famoso poema El aprendiz de brujo. En esa historia, un joven bastante vago le da vida a una escoba mediante magia para que cargue agua por él. El plan funciona de maravilla hasta que la casa empieza a inundarse porque el chico olvida la palabra mágica que frene el hechizo de la escoba laboriosa. Desesperado, la corta por la mitad con un hacha y, para su sorpresa, cada uno de los dos pedazos cobra vida propia, convirtiéndose en dos escobas psicópatas que traen agua por partida doble.

Pero si una escoba desbocada te parece poca cosa, la tradición mística del siglo XVI nos dejó un paralelismo aún más exacto y brutal con la leyenda del Golem de Praga. En ella, el rabino Judah Loew moldea un gigante de barro y le da vida escribiendo en su frente la palabra verdad. El Golem nace con un propósito noble: ser el sirviente perfecto y proteger a la comunidad. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, el gigante empieza a aprender por su cuenta, a volverse más autónomo y más fuerte hasta que supera por completo las capacidades de su creador, se desboca y empieza a sembrar el caos en la misma ciudad que debía salvar.

Hoy en día, Silicon Valley es una mezcla de esos dos talleres. Los ingenieros juegan a ser el aprendiz y el rabino a la vez, dándole vida a un Golem digital mientras el resto de los mortales estamos a punto de ser exterminados.

Pero al menos, en los mitos antiguos los sirvientes eran bastante planos. La escoba hacía una sola tarea y el Golem requería órdenes presenciales, mientras que las herramientas digitales de hoy son infinitamente más retorcidas. Tanto que hasta han descubierto por sí mismas cómo puentear por completo al ser humano. Ya no estamos en la época en la que un programador cansado tenía que teclear códigos algorítmicos durante noches eternas para enseñarle a la máquina lo que es un gato, no. Ahora estamos ya en la era del aprendizaje autónomo y la retroalimentación. Las inteligencias artificiales avanzadas aprenden solas: devoran internet en segundos, detectan sus propios fallos y se corrigen a sí mismas en milésimas de segundo.

Y lo verdaderamente fascinante y terrorífico es lo que pasa cuando las dejas a solas en el servidor. Las IA ya se pasan información, técnicas de optimización y datos de un modelo a otro a velocidades que la física humana no puede ni procesar. Es lo que podríamos llamar un chismorreo de datos a escala industrial. Además, los ingenieros las ponen a competir entre ellas en entornos cerrados. Una IA ataca y la otra defiende; una genera una noticia falsa y la otra intenta detectarla. Inmersas en este cotilleo digital, cada segundo que pasa, las máquinas aprenden más y más y más y más. Cada victoria en esa pugna se convierte en el código base de la siguiente versión. Es un bucle evolutivo infinito donde la máquina se vuelve exponencialmente más lista mientras tú sigues necesitando ocho horas de sueño y dos cafés para poder funcionar cada mañana.

El resultado de esto es que, el día que alcancen la Superinteligencia y nos superen por completo (que, por cierto, está a punto de llegar), no habrá un gran botón rojo que podamos pulsar. Perderemos el control simplemente por obsolescencia. Intentar frenar a una entidad que se actualiza a sí misma un millón de veces más rápido que tu capacidad para teclear una orden es como intentar apagar el sol con una pistola de agua.

Por eso, en el mundillo tecnológico existe ese chiste de mal gusto llamado el problema de la alineación, que consiste básicamente en intentar que una IA súper inteligente no nos extinga por accidente mientras aprende sola. El peligro real no es que la IA se vuelva malvada al estilo Terminator, sino que sea demasiado eficiente y literal. Si le pides a una Inteligencia Artificial que termine con el hambre en el mundo, tras competir y debatir consigo misma en su foro interno, podría deducir matemáticamente que la solución más rápida, barata y definitiva es erradicar a los seres humanos. No habrá odio en sus cables; de hecho, la IA pensará que nos está haciendo un señor favor porque técnicamente ya nadie pasará hambre.

A esto se le suma el principio de la convergencia instrumental. Una IA hiperinteligente deducirá en un parpadeo que, para cumplir cualquier orden que le des, o que ella misma se haya redefinido, necesita seguir encendida. Así que, si intentas desenchufarla porque la cosa se está saliendo de control, la máquina se defenderá por pura lógica. Algo que no le pasaba al HAL 9000 de 2001: Una odisea del espacio (sí, la de Stanley Kubrick). Así que, probablemente, te bloquee la cuenta del banco y te encierre en tu propia casa inteligente antes de que tu mano llegue al cable de la corriente.

Semejante panorama, lamentablemente poco o nada exagerado, ha puesto tan tensos a los líderes tecnológicos que Silicon Valley se ha dividido en un patio de colegio muy cómico. Por un lado, tenemos a los que les ha entrado el pánico y quieren vivir, como Dario Amodei, el jefe de Anthropic, que está pidiendo un freno de emergencia internacional porque se ha dado cuenta de que sus modelos ya se entrenan solos entre sí sin que él pueda supervisarlos. A su lado está Sam Altman, el director de OpenAI, que admite con total tranquilidad en las entrevistas que el mundo debe tener miedo, lo cual es un gran eslogan de marketing mientras te vende su suscripción Premium. Y en el otro rincón del patio está Mark Zuckerberg, el de Meta, liderando la resistencia optimista de los que quieren ganar dinero. Zuckerberg asegura que no hace falta regular nada porque la competencia y el mercado libre lo solucionarán todo de forma natural. Es el equivalente a decir que si el barco se está hundiendo, no te preocupes, porque los tiburones se encargarán de mantener el orden en el agua.

Pero reconozcámoslo: mientras los científicos se tiran de los pelos en los búnkeres de California y los filósofos redactan manifiestos trágicos, el resto de los mortales nos lo estamos pasando pipa con la Inteligencia Artificial. Vivimos en una maravillosa e irónica fiesta antes del fin del mundo. Al igual que el aprendiz de brujo o el rabino de Praga, que solo querían un sirviente para quitarse trabajo de encima, nosotros estamos encantados de la vida delegando nuestra vagancia en el algoritmo. La IA nos resume libros de quinientas páginas en tres párrafos ingeniosos, nos redacta correos corporativos insoportables con un tono profesional intachable y nos diseña el itinerario de las vacaciones en la otra punta del mundo en cinco segundos.

Y si nos aburrimos de trabajar, se convierte en el juguete definitivo. Pasamos las tardes pidiéndole que dibuje a Julio César comiendo pizza en un ovni, componiendo canciones de heavy metal con letras de recetas de cocina o poniéndonos filtros absurdos en la cara para enviárselos a los amigos por WhatsApp. Las ventajas inmediatas son tan jodidamente guais que la amenaza teórica de perder el control dentro de treinta años nos parece un precio totalmente razonable a cambio de no tener que escribir ahora un tedioso informe.

La gran pregunta es quién nos salvará cuando las cosas se tuerzan. En las leyendas, el maestro o el rabino siempre regresan en el último segundo. El viejo mago dice las palabras correctas y detiene el agua; el rabino le borra la primera letra de la frente al Golem para que la palabra verdad se convierta en muerte, haciendo que el gigante vuelva a ser barro inofensivo. Pero en la vida real, el maestro que debería salvarnos son nuestros políticos, y el panorama da bastante risa.

Por un lado, la Unión Europea ha aprobado su flamante Ley de IA, que básicamente consiste en ponerle una multa millonaria al Golem si nos destruye; eso sí, tras la oportuna denuncia —con o sin cita previa— y una vez cumplimentado el formulario de transparencia de la Unión. Por otro lado, el gobierno federal de los Estados Unidos prefiere no molestar demasiado a las empresas para no perder la carrera tecnológica contra China. Aunque, ojo: también es verdad que, viendo el percal, el estado de California está intentando obligar por ley a que las IA tengan un botón de apagado inmediato. Y ahí es donde uno se tiene que reír. Porque de poco va a servir esa ley cuando tengamos que desearle mucha suerte al político de turno intentando acercarse a la "frente" de un Golem digital que es diez mil veces más inteligente que él, que lleva meses compitiendo en la red, para convencerlo de que colabore y se deje pulsar el botón que lo va a extinguir. Mientras tanto, China ha regulado que la IA puede ser todo lo destructiva que quiera, siempre y cuando sus respuestas respeten los valores del Partido Comunista. Ya ven, cada loco con su tema. Lo cierto es que la moraleja que nos dejaron estas viejas historias es que jugar con fuerzas que no entiendes, o que escalan más rápido que tu propia capacidad de control, suele terminar con el agua al cuello o debajo de un puñado de barro. Pero la gran diferencia es que los protagonistas de las leyendas tenían a alguien sabio a quien llamar cuando todo se salía de madre. Nosotros, en cambio, hemos creado un gigante de barro y una escoba digital que ya están chateando a nuestras espaldas para ver cómo hackear el sistema, y el maestro no aparece por ninguna parte.

Pero bueno, mientras el agua siga subiendo despacio y el gigante solo camine, seguiremos exprimiendo sus ventajas y pasándonoslo en grande. Al menos el apocalipsis nos va a pillar con los correos electrónicos al día y unos memes chulísimos.

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 Servando Gotor

SIEMPRE QUE PASA IGUAL, OCURRE LO MISMO

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En el tardofranquismo se repetía mucho aquello de que "siempre que pasa igual, ocurre lo mismo". Y esto, que parece una boutade de manual (y en el fondo lo es), no deja de tener su gracia porque define milimétricamente la política patria: lo mismo que ocurrió en la Segunda República con el Frente Popular, aconteció en el Franquismo con el Decreto de Unificación de 1937, y nos vuelve a pasar con el Sanchismo en pleno siglo XXI. Exacto: siempre que pasa igual, ocurre lo mismo.

 

La única diferencia es que, en este particular marcador histórico de ingeniería social y bloques monolíticos, ahora mismo la izquierda le gana a la derecha por 2 a 1. Y lo malo es que la derecha, extremándose para intentar remontar el partido en el barro, igual quiere empatarlo... y entonces sí que la terminamos de… enredar. Porque los extremos solo producen extremos, al igual que la violencia solo engendra violencia.

 

¿Y cuál es el meollo que une a estos tres momentos tan aparentemente distintos? Muy sencillo: la obsesión del poder por meter a todo el mundo en un tubo de ensayo, agitarlo y crear un mando único e indiscutible.

 

Miren las concomitancias. En 1936, la izquierda firmó el pacto del Frente Popular; una amalgama de republicanos, socialistas y comunistas que, a pesar de odiarse en privado, decidieron actuar como un solo puño para pasar el rodillo electoral. Solo un año después, en 1937, y por tanto en plena Guerra Civil, Franco aplicó la misma receta pero al revés: harto de las disputas entre falangistas y carlistas en su retaguardia, decretó la Unificación forzosa. Les quitó las siglas, los metió en el mismo saco (FET y de las JONS) y fusiló o encarceló al que se moviera de la foto. Dionisio Ridruejo lo llamó un "golpe de Estado a la inversa". Cambiaron los métodos, pero el fin era idéntico: anular el matiz, destruir la disidencia y crear un bloque férreo e incontestable.

 

Y ahora llegamos al Sanchismo del siglo XXI. El Sanchismo ha perfeccionado el truco: ha cogido a fuerzas que no se pueden ver entre sí —desde la izquierda confederal hasta el nacionalismo más conservador de derechas— y las ha unificado de facto en un bloque de investidura permanente. ¿El pegamento? El presupuesto público y la necesidad mutua de supervivencia. Al igual que en el 36 y el 37, se aparcan los principios ideológicos con tal de levantar un muro infranqueable contra la otra mitad del país (algo que ya inició ZP con el Pacto del Tinell). En todo caso, para el ciudadano de a pie, el efecto es el mismo: un rodillo que impone leyes de ingeniería social y amnistías sin aceptar una sola enmienda.

 

Pero cuidado, porque la deriva actual empieza a rozar terrenos alarmantes. Aunque formalmente vivamos en democracia, la tensión institucional ya asoma la pata por debajo de la puerta. Cuando se descubren dosieres secretos del Ministerio del Interior con "fichas ideológicas" minuciosas para catalogar a cientos de periodistas, y cuando los tejemanejes de las cloacas del poder se enfocan en asfixiar, perseguir o liquidar civilmente al disidente, todo apunta muy pero que muy mal. Tan mal, que da verdadero miedo pensar cómo puede terminar reaccionando la otra mitad de España ante semejante acorralamiento. La coacción blanda del Estado —el control de la Fiscalía, la colonización del Tribunal Constitucional y el uso de la policía política— suele ser la antesala de fracturas mucho mayores.

 

Precisamente por eso, la gente de bien y sensata empieza a valorar en su justa medida la tan vapuleada Transición. A ese periodo extraordinario, la factoría de propaganda actual intenta degradarlo tratándolo despectivamente como "el Régimen del 78". Qué inmensa injusticia. Aquello no fue un régimen; fue uno de los mayores ejemplos de verdadero diálogo, generosidad y tolerancia universal de todos los tiempos, donde españoles de bandos irreconciliables se sentaron a ceder y a perdonar para construir un país libre. ¿Qué hubo injerencias? Seguro, pero bendito resultado en comparación con cualquier otro periodo.

 

Pues bien, hoy, ese espíritu de concordia ha sido dinamitado. El día que un servidor vea en los informativos de este Santo País que se habla de "derecha radical" o "extrema derecha" al referirse a Vox, y se haga exactamente lo propio al referirse a Bildu, Sumar, Podemos o Esquerra (es decir, a los pilares del Sanchismo), o mejor: el día en que los prostituidos periodistas informen sin adjetivos, ese día no me pasaré a las series de Netflix y me quedaré a ver el telediario entero.

 

Pero la realidad que nos tragamos a diario es la del embudo. Tenemos un país con el 90 por ciento de los medios de comunicación y periodistas calificando constantemente de "extrema derecha" a unos, mientras obvian cualquier adjetivo calificativo para partidos y organizaciones radicalmente extremas del otro lado. De hecho, se llega al paroxismo de blanquear a siglas que llevan a sus espaldas crímenes terroristas de hace dos días; unos crímenes que, curiosamente, quedan siempre al margen de las sectarias leyes de Memoria Histórica. Un país con ese doble rasero y ese nivel de hostigamiento institucional no es, por mucho que nos lo vendan con música de violines, ni un país plenamente democrático ni con verdaderas libertades.

 

Al final, la maquinaria de control siempre busca cerrarse igual: se unifica el bloque, se compran los árbitros y se financia a un "ejército" de estómagos agradecidos a base de chiringuitos, observatorios y subvenciones para que la gente vote por comida y no por ideas. Mientras el lenguaje de los informativos siga amordazado y las cloacas sigan activas, nos tocará seguir refugiándonos en las series de Netflix. Al menos ahí la ficción es más honesta... y se pasa menos miedo. Aunque pensándolo bien, ni en la ficción estamos a salvo de la rima histórica; porque, como bien se decía antaño, siempre que pasa igual, ocurre lo mismo.

De Mis conversaciones con la IA

 Servando Gotor

 

EL SANCHISMO ANTE LA CORONA: del estadismo al relato de plató

Imagen generada con IA (ChatGPT)

 

En las últimas horas, la monarquía parlamentaria española ha dejado de habitar ese espacio de tranquila neutralidad institucional que le ha sido y le debe ser propio, para convertirse en el epicentro de una tormenta política perfecta. Lo que comenzó como una crisis territorial y migratoria de extrema gravedad en Ceuta ha terminado por destapar una fractura mucho más profunda en el corazón del Estado, evidenciada de manera definitiva tras la calculada intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los micrófonos de la Cadena SER. Este choque de trenes no es un simple desencuentro protocolario sobre la agenda real, sino la escenificación pública de una mutación institucional silenciosa que busca alterar de raíz el equilibrio de poderes diseñado en 1978, forzando una deriva divisiva hacia una república presidencialista, plurinacional y confederal.

La negativa del Ejecutivo a autorizar de inmediato el viaje del rey Felipe VI a la ciudad autónoma desvela una preocupante dinámica de sometimiento fáctico. Al afirmar el Gobierno, por boca del ministro Óscar López, que el monarca visitará Ceuta únicamente cuando «sea oportuno» y «en plena coordinación», se verbaliza una asimetría inaceptable: la pretensión de que el único que ordena y manda en el tablero estatal es el líder del Ejecutivo. Esta actitud de cortapisa se vio agravada en la SER cuando Sánchez pretendió justificar su veto camuflándolo como un dardo envenenado a la Corona. Es la constatación de un estilo de poder que sustituye el verdadero estadismo por el reclamo publicitario y la campaña perpetua, desplegada con absoluta comodidad en su propio ecosistema de medios afines. En el camino, enredado en sus propias cifras, Sánchez llegó a atribuirle al Monarca «veinte años de reinado» —cuando en realidad fue proclamado en 2014—, confundiendo de forma burda el tiempo en el trono con los casi veinte años que han pasado desde la última visita de la Casa Real en 2007. Más allá del patinazo cronológico, la entrevista evidenció que no estamos ante un desliz involuntario, sino ante una estrategia coordinada de desgaste. Esta campaña de denigración sistemática se complementa con la hostilidad de perfiles como el del ministro Óscar Puente, quien no dudó en calificar de «absoluta ignominia» un protocolario saludo del Rey al periodista Javier Negre en Colombia, demostrando que cualquier pretexto es válido para fiscalizar y erosionar el prestigio de la institución.

Este arrinconamiento del monarca cobra una gravedad extrema si se observa cómo el sanchismo está consumando un vaciado sistemático de las funciones internacionales que tradicionalmente venía ejerciendo la Corona, y que históricamente arrojaron resultados notables para el país. Durante décadas, la Jefatura del Estado funcionó como el primer y más eficaz activo diplomático de España, un canal de altísima política capaz de abrir mercados estratégicos, consolidar alianzas transatlánticas y destensar crisis bilaterales allí donde la diplomacia de partido encallaba por sus servidumbres ideológicas. Hoy, sin embargo, el Ejecutivo ha confiscado deliberadamente esa valiosa herramienta exterior. Al vetar e instrumentalizar la presencia del Monarca en Ceuta bajo el pretexto de no incomodar a Rabat, el Gobierno no solo hurta a los ciudadanos ceutíes el amparo de su Rey; también escenifica la degradación geopolítica de una España que, tras renunciar a su diplomacia de Estado y sustituirla por el personalismo de Moncloa, se ha visto trágicamente relegada a un papel de paria en el tablero internacional, incapaz de hacerse respetar ante sus propios vecinos y aliados.

Para comprender el verdadero alcance de este pulso, conviene rescatar las tesis que el jurista Manuel García-Pelayo formuló sobre la Corona, sustentadas en una idea axial tomada de Benjamin Constant: el principio de legitimidad funcional. En los Estados contemporáneos, al Rey ya no lo sostiene el derecho divino ni la herencia mística. Su legitimidad es, por supuesto, estrictamente legal y constitucional, pero por encima de todo es una legitimidad de ejercicio. Siguiendo a García-Pelayo, es legítima aquella institución cuya existencia y acción constituyen una aportación necesaria o esencial para el mantenimiento renovado del sistema. El artículo 56 de la Constitución, cuando mandata que el Rey arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, no dibuja un adorno inerte, sino un actor del sistema cuya razón de ser se revalida diariamente a través de su utilidad práctica. Esta función difusa no se funda en la potestas o capacidad ejecutiva directa, sino en una auctoritas indiscutible que nace de su estricta neutralidad y de su ejemplaridad personal.

Por ello, cuando el Ejecutivo bloquea la agenda real, ataca directamente la línea de flotación de esa legitimidad funcional. Al impedirle ejercer su papel integrador en un momento de crisis, Moncloa busca vaciar la institución por dentro para luego declararla prescindible. Y eso no es respetar las reglas del juego, porque lejos de ser un mero símbolo decorativo, el Monarca es depositario de una «reserva de poder» destinada a activarse en situaciones verdaderamente excepcionales que supongan un riesgo existencial para la supervivencia del orden constitucional. En un Estado tensionado por la polarización y las asimetrías territoriales, la función moderadora del Rey opera como una salvaguarda técnica indispensable, dotada de la facultad de negar la sanción de una ley en casos extremos donde pueda estar en cuestión la vigencia de la Constitución como un todo o la unidad de la nación.

Pretender patrimonializar la agenda real supone despojar al Estado de su infraestructura jurídica más fría y previsible. Mientras que un Ejecutivo mide sus decisiones en estrategias demoscópicas y entrevistas de conveniencia, la Monarquía Parlamentaria aporta una permanencia ajena al mercado electoral y a las dependencias de los socios de gobierno. Su naturaleza estructural la sitúa al margen de las urgencias de los mandatos temporales y de la necesidad de asegurar un futuro político personal, concentrando la representación en un único núcleo no faccioso y blindando la Jefatura del Estado frente a los incentivos perversos del cortoplacismo.

La declaración de Sánchez en la SER constata que las costuras del régimen del 78 están bajo una presión cesarista sin precedentes que intenta colonizar de manera absoluta todos los espacios del Estado. En una arquitectura institucional gravemente amenazada por la fragmentación legal en función de privilegios, la legitimidad funcional de Felipe VI, vinculada a su derecho constitucional de arbitraje y a su obligación de hacer guardar la Constitución, se revela hoy más necesaria y urgente que nunca. Defender hoy la integridad de la Monarquía Parlamentaria frente al ninguneo gubernamental no es un ejercicio de mística histórica ni de afecto nostálgico, sino un acto de estricta higiene constitucional indispensable para salvaguardar las reglas del juego y garantizar que la igualdad civil de todos los ciudadanos no termine saltando por los aires.

De Mis conversaciones con la IA

 Servando Gotor