EL ASCENSOR DESAHUCIADO. Cuando el talento vive de alquiler

 

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Hay confesiones televisivas que actúan como un escáner de la salud nacional. Hace unos días, en el plató del que seguramente es el programa diario de mayor audiencia en prime time, dos firmas imprescindibles de nuestro periodismo compartían un dato demoledor: superados holgadamente los cuarenta y en la cúspide de su influencia, los dos viven de alquiler.

Que la élite de la trinchera mediática —ella, un bisturí implacable en tribunales; él, uno de los analistas más lúcidos del país— siga sujeta a la inestabilidad inmobiliaria certifica una avería estructural. Hace un par de décadas, su nivel de excelencia profesional garantizaba un patrimonio sólido. Hoy, el prestigio público ya no se traduce en seguridad financiera.

Este escenario trasciende la anécdota para reflejar la fractura de la promesa sobre la que se asienta cualquier democracia sana: la existencia de una clase media robusta. A diferencia de nuestros vecinos del norte y centro de Europa, donde el binomio sueldo-coste de vida aún permite acumular ahorro, España está consolidando una "precariedad ilustrada". Cuando el talento y el esfuerzo ya no bastan para asegurar un techo sin angustias, el contrato social se quiebra, perdiendo el colchón vital que garantiza la paz social y amortigua los extremismos.

En el ámbito de la comunicación, esta asfixia económica esconde además un peaje democrático gravísimo: el colapso de la independencia periodística. Como acreditó con crudeza Marta Gómez Montero en el programa de Jesús Cintora, la precarización obliga a muchos a tragar con líneas editoriales impuestas o, literalmente, a "comer mucha mierda" para poder pagar las facturas a fin de mes. La audacia y la libertad de expresión exigen una red de seguridad material. Si el profesional vive en el alambre, encadenando colaboraciones como un jornalero de la opinión, el riesgo de la sumisión y la autocensura se multiplica.

Si quienes nos explican el mundo cada día y destacan en sus disciplinas no logran asentar su propia estabilidad, la promesa del mérito ha saltado por los aires. Destruida esa promesa, no hay clase media; y sin un tejido social libre y seguro, el futuro del país queda irremediablemente a la intemperie.

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 Servando Gotor

EL PAPA DE LA ORTODOXIA Y EL PROFETA DEL VICIO

Imagen generada con IA (Gemini)

 

Por un Occidente que apenas representa el 15 % de la población global, un extraño fervor normativo se ha apoderado de sus élites. Bajo el paraguas de un mesianismo verde y tecnocrático —del cual la Agenda 2030 es su compendio más ilustrativo—, la civilización occidental pretende dictar un código de conducta riguroso, casi monacal, destinado a frenar el deterioro ecológico del planeta. Lo paradójico no es solo que una minoría demográfica aspire a imponer este manual de restricciones al restante 85 % de la humanidad; lo verdaderamente desconcertante es que, al mismo tiempo, Occidente desarma sus fronteras y sus estructuras morales mediante una filosofía de tolerancia e integración absolutas. Una apertura asimétrica frente a un "resto del mundo" que, en gran medida, no comparte sus valores y, en sus vertientes más radicales, aspira a fagocitarlos. ¿Cómo se explica semejante inmolación civilizacional?

Para rastrear el disparo intelectual de salida de este repliegue, es imprescindible regresar a 1945, año en que el filósofo Karl Popper publicó La sociedad abierta y sus enemigos. Popper legó una de las mayores advertencias del siglo XX: la "paradoja de la tolerancia". El filósofo austriaco argumentaba que si una sociedad es tolerante de manera ilimitada, su capacidad de tolerar será finalmente destruida por los intolerantes. Lo que Popper concibió como una vigorosa defensa de la democracia liberal frente a los totalitarismos nazi y soviético, la posmodernidad occidental lo terminó desvirtuando. Occidente transformó la "sociedad abierta" en una intemperie espiritual: un espacio híper-regulado en lo material y económico, pero completamente relativista y vaciado de certezas en lo identitario. Al renunciar a sus dogmas fundacionales en nombre de una inclusión sin contrapartidas, la civilización se ha quedado sin anticuerpos morales para defenderse.

Es precisamente en este vacío existencial donde emerge la inquietante convergencia entre dos figuras aparentemente antitéticas: el difunto pontífice Juan Pablo II y el polémico novelista francés Michel Houellebecq.

El Papa y el provocador: Una coincidencia en el abismo

A primera vista, la hipótesis resulta casi herética. Michel Houellebecq es considerado por los sectores tradicionales como la encarnación misma del vicio, el nihilismo y la depravación de las letras contemporáneas; un cronista implacable de la decadencia sexual, la alienación y el consumo. Por su parte, Karol Wojtyła representó la ortodoxia, la defensa inquebrantable de la ley natural y los valores absolutos de la Iglesia católica.

Sin embargo, al adentrarse en las páginas de Las partículas elementales (1998), se descubre una asombrosa lucidez sociológica. Houellebecq no escribe desde la inmoralidad celebratoria, sino desde el diagnóstico clínico de una autopsia. A través de la trágica alienación de sus protagonistas, Bruno y Michel, el autor francés sitúa el colapso de la civilización occidental en la resaca del Mayo del 68. Al disolver la familia, mercantilizar el cuerpo y entronizar el egoísmo hedonista, Occidente atomizó a sus ciudadanos hasta convertirlos en partículas aisladas, infelices y estériles.

Es en este punto exacto donde el novelista del vicio le da la razón al Papa de la ortodoxia. En la novela se verbaliza con crudeza: solo Juan Pablo II vio venir el suicidio de Occidente.

¿Qué fue lo que vio el Pontífice? Wojtyła acuñó el concepto de "Cultura de la muerte" para advertir que una sociedad que reduce la existencia al bienestar material, al utilitarismo económico y al placer inmediato, está condenada a la extinción demográfica y espiritual. Ambos, desde trincheras opuestas, coincidieron en que la Iglesia progresista cometió un error fatal al intentar "secularizarse" y mimetizarse con la modernidad tolerante para agradar al mundo. Al liquidar sus propios absolutos, Europa generó un vacío metafísico colosal. Y la historia demuestra que los vacíos espirituales siempre acaban siendo llenados por otras culturas con identidades colectivas mucho más fuertes, asertivas e intolerantes.

La Agenda 2030 como el sucedáneo moral de las élites

Desprovistas de una mística o de una fe común que justifique la supervivencia y la reproducción, las élites dominantes de Occidente han tenido que fabricar un sucedáneo moral para justificar su gobernanza. Aquí es donde encajan las agendas globales contemporáneas.

Al no poder ofrecer una salvación para el alma, la burocracia de Bruselas y Washington ofrece una "salvación para el planeta". Se trata de un puritanismo laico y secularizado: la culpa judeocristiana ya no se purga en el confesionario, sino cumpliendo rigurosas normativas de huella de carbono y consumos restringidos. Sin embargo, este relato ecologista no es más que una máscara ideológica. Incapaz de insuflar vitalidad demográfica o coraje defensivo a una población envejecida, el discurso verde funciona, en última instancia, como un mecanismo de ingeniería financiera y control social que beneficia a las élites corporativas mientras acelera la pérdida de relevancia geopolítica del viejo continente.

La inmolación de Occidente se explica, por tanto, como una crisis de fe en sí mismo. Una civilización que comenzó fascinada por la promesa de la "sociedad abierta" de Popper, terminó devorada por sus propias paradojas. Al final del camino, resulta poético —y profundamente perturbador— que la mirada gélida del novelista coincida con la advertencia del Pontífice. Cuando los dogmas espirituales se extinguen y solo quedan el vacío material y la culpa regulatoria, la caída es inevitable. Es la paradoja última de nuestro tiempo: ha tenido que ser el cronista de la decadencia quien certifique que el vicario de Cristo tenía razón. El texto está escrito, el cuerpo civilizacional se desangra bajo la máscara de sus agendas globales, y en esta asombrosa coincidencia entre el Papa de la ortodoxia y el profeta del vicio, solo nos queda asistir a la autopsia de una inmolación civilizacional.

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 Servando Gotor

MIRADAS EN LA TARDE (Antonio Envid Miñana)

 

Imagen generada por IA (ChatGPT)

¿Qué contempla ese viejo sentado en el parque?

Parece arrobado, ni siquiera puede

mover su postura, no sea que pierda el encanto.

No mira a los niños que juegan,

tampoco a los gorriones que llegan

a por las miguitas que ha esparcido

tan distraídamente, que ya las ha olvidado.

Pero, ¿qué mira? ¿Podéis decírmelo?

No mira esa realidad que lo rodea,

Ya no le concierne, la actualidad lo ha desplazado

Fijaos, poneos delante. No se dará cuenta,

salvo porque le quitáis el sol,

ese sol benéfico y tibio de los viejos,

seguirá ensimismado.

Ved su mirada profunda, mira hacia dentro

Se pierde por los pasillos de su laberíntica memoria,

atraviesa derribos y salas abatidas

para encontrar su verdadera realidad,

la que le es propia, y nadie puede arrebatarle

Encontrará fantasmas del pasado,

cuando eran jóvenes y de gentil figura.

Avanzarán hacia él con gesto amable.

El tiempo no ha pasado para ellos.

Nítidos o envueltos en bruma

y desparecerán de inmediato.

Esa es su verdadera realidad, no la que le rodea,

que ya no le corresponde

Se internará por secretas cámaras que preservan

prístinos los paisajes de su juventud donde fue feliz.

Los momentos amargos se han borrado.

¿Qué miran si no es la devastación del tiempo

los viejos sentados en los parques?

                                                                                                                   Antonio Envid

CRÓNICA DE UN DESAHUCIO MEDIÁTICO: La ruina del propietario humilde y el espejismo legal de una donante anónima

 

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El desahucio de Mari Carmen, una mujer de 87 años desalojada este 23 de septiembre de su vivienda en el exclusivo barrio madrileño del Retiro, ha monopolizado las portadas y los informativos de todo el país. Las imágenes de su salida en camilla, asistida por el SAMUR tras el cuarto intento de lanzamiento judicial, conforman la estampa perfecta de una tragedia social.

Sin embargo, detrás de la cuidada puesta en escena ―cómicos adeptos incluidos―, del abrumador consenso mediático y de la indignación oficializada desde las más altas esferas del Gobierno, se esconde una intencionada asimetría informativa. El debate público ha sido secuestrado por un relato único que silencia el origen estructural del conflicto y manipula el desconocimiento legal del ciudadano.

Para el 90% de los medios de comunicación y para el propio presidente del Gobierno —quien no ha dudado en instrumentalizar el drama desde Nueva York para atacar a sus rivales políticos—, el guion es inamovible: una anciana vulnerable frente a Urbagestión, un despiadado "fondo buitre" que exige una renta inasumible y que, en un alarde de crueldad, habría rechazado la oferta de una supuesta donante anónima dispuesta a pagar los 2.650 euros mensuales para mantener a la mujer en su hogar. Por supuesto, la narrativa resulta emocionalmente irrefutable, pero jurídicamente ficticia.

 

Procesalmente, un brindis al sol

Así, la prensa ha vendido el rechazo a esta misteriosa mecenas como la prueba definitiva de la avaricia corporativa, omitiendo que en los tribunales las buenas intenciones no bastan. Más aún, en derecho procesal no se "ofrece" el dinero a través de los medios; se consigna en la cuenta del juzgado. Sin un justificante de ingreso que cubra la totalidad de la deuda —la cual, tras años de litigio, arrastra intereses de demora y cuantiosas costas judiciales— cualquier ofrecimiento a gritos es un mero brindis al sol. Y esto aun asumiendo que estuviéramos ante un desahucio por impago de rentas, porque si el lanzamiento obedece a la extinción legal de la subrogación del contrato, el vínculo jurídico está muerto y ninguna oferta económica puede resucitarlo a la fuerza.

Pero la manipulación procesal va más allá. El relato mediático presenta la ejecución policial como un ataque fulminante y despiadado, ocultando que un cuarto intento de lanzamiento es, precisamente, la certificación judicial de que todas las garantías legales se habían ofrecido, la interesada las había rechazado y, por tanto, estaban agotadas. Puesto que el sistema no expulsa a nadie sin red: si el tribunal accedió a ejecutar la sentencia fue porque los Servicios Sociales ya habían intervenido, los plazos legales de suspensión por vulnerabilidad habían caducado y, sobre todo, porque las alternativas habitacionales ofrecidas por la administración —como la plaza en una residencia en Alcalá de Henares— fueron formalmente rechazadas por la desahuciada. La justicia no actúa, ni lo hizo aquí, por sorpresa; actúa porque, tras agotar todos los cauces de protección social, no tenía más margen legal para poder secuestrar el derecho de propiedad.

 

La ruina silenciosa del propietario original

Además, al ocultar esta realidad procesal, la prensa también recorta deliberadamente la mitad del encuadre económico. La noticia que no abre los telediarios es la del propietario original de ese inmueble: un ciudadano de a pie que, durante décadas, se vio atrapado por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, obligado a mantener un piso de 90 metros cuadrados con un alquiler congelado en torno a los 500 euros mensuales.

Ese pequeño tenedor tuvo que hacer frente al IBI, a las tasas, a los gastos de comunidad y a las elevadísimas derramas de conservación que exige un edificio construido en los años cincuenta. Atado de pies y manos por una legislación que descargaba sobre sus ahorros privados el deber del Estado de proporcionar vivienda asequible, su rentabilidad acabó por hundirse. Y esa asfixia matemática es, precisamente, la que abre la puerta a los grandes inversores. Porque el pequeño propietario, incapaz de sostener la carga, se ve obligado a vender a la baja a fondos como Urbagestión, que sí tienen el músculo financiero y jurídico para esperar a que el paraguas legal caduque y ejecutar sus derechos de mercado.

 

La coartada del poder

Que el aparato del Estado y los grandes grupos de comunicación cierren filas en torno a la versión emotiva tiene una utilidad táctica incuestionable. Al centrar toda la indignación social en los fondos de inversión, el poder político desvía hábilmente la atención de su propio y transversal fracaso: la nula construcción de un parque de vivienda social digno y su incapacidad para ofrecer alternativas que los ciudadanos puedan asumir.

Cuando desde las instituciones se impone una visión maniquea y se oculta la realidad jurídica de los procedimientos, se pavimenta el camino hacia soluciones legislativas populistas. Y seguir legislando desde la emoción del relato único, ignorando deliberadamente que la inseguridad jurídica acaba arruinando a los pequeños ahorradores y entregando los barrios al gran capital, garantiza precisamente que este desahucio no sea el último, sino el modelo a seguir.

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 Servando Gotor

LA TRAMPA DEL JURADO: Cómo el Gobierno fabrica la nulidad de su propio juicio

 

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El debate público en torno a las declaraciones del Gobierno sobre el proceso judicial de la esposa del presidente no se agota en los márgenes estrictos del Código Penal. Aunque la "orfebrería jurídica" pueda concluir que la ausencia de violencia o intimidación física directa impide encajar las palabras de la ministra portavoz en el delito clásico de obstrucción a la justicia, la verdadera gravedad de los hechos se sitúa en un plano mucho más profundo. Estamos ante una quiebra instrumental de la neutralidad institucional, diseñada no para convencer a los juzgadores, sino para viciar el proceso desde su raíz.

 

I. La vulnerabilidad del ciudadano común: Carga obligatoria y desprotección

A diferencia de los jueces de carrera, blindados por un estatuto profesional, preparación técnica ante las presiones y una retribución permanente frente al ruido de la calle, que incluye razonables críticas y hasta moderadas presiones, el Tribunal del Jurado se compone de nueve personas físicas comunes. Para estos ciudadanos de a pie, la participación no es un privilegio ni un empleo; es una carga pública obligatoria, un deber cívico inexcusable que apenas cuenta con cierta indemnización económica.

La fijación pública de directrices de veredicto por parte de la portavoz del Ejecutivo expone a estos ciudadanos anónimos a una asimetría de poder insoportable. No se trata de un debate abstracto sobre leyes, sino del factor del miedo: el temor real al señalamiento social, laboral y vecinal, y a la pérdida del anonimato en una sociedad fuertemente polarizada. Sentarse en ese sillón sabiendo que el propio poder del Estado ha dictaminado cuál es el único veredicto que equivale a "hacer justicia" anula, de facto, la libertad de conciencia de cualquier ciudadano común.

 

II. El espejo de la jurisprudencia: El precedente del "Prejuicio Ambiental"

Pero es que, la historia judicial española ya conoce los estragos de la contaminación externa en el paradigmático caso de Dolores Vázquez, en el que el Tribunal Supremo se vio obligado a anular una condena porque el jurado popular había sido claramente intoxicado por una campaña de juicio paralelo, y no por las pruebas presentadas en la sala.

Pues bien, el riesgo actual responde a la misma lógica doctrinal, pero con una agravante inédita: la presión no proviene de tertulias televisivas dispersas, sino de la cúspide del poder político. El peligro no es que alguien amenace a un jurado en un pasillo; lo letal es el "bombardeo" discursivo masivo que condiciona y moldea la mente del cuerpo social del que saldrán esos nueve ciudadanos antes siquiera de que entren en el juzgado. Más aún en un contexto en que han aflorado incluso grabaciones que supuestamente acreditan la persecución física de la jueza instructora del caso del hermano del Presidente del Gobierno.

 

III. El privilegio del poder: Fabricar la nulidad a voluntad

Y es aquí donde se revela la derivada más perversa de este escenario. Así como  cualquier ciudadano común está férreamente sometido al dictado de un jurado popular con las cartas que le toquen, el poder —tanto político como mediático— dispone de la capacidad exclusiva de escaquearse del juicio del jurado a su propia voluntad. Si le interesa el jurado, jurado. Si no, tribunal profesional.

¿Cómo lo consigue? Viciando deliberadamente el procedimiento. Al lanzar consignas institucionales taxativas sobre la inocencia o culpabilidad de un encausado, el poder provoca de manera consciente una situación de "indefensión sistémica" de la imputada y una contaminación ambiental insostenible. Esta maniobra rompe las costuras del tribunal popular y le permite a las defensas pilotar el caso hacia un laberinto de recursos en instancias superiores. Es la estrategia de la anulación planificada: el propio emisor del ruido institucional utiliza el caos que ha generado para impugnar el juicio, logrando que la causa sea arrebatada a los ciudadanos y trasladada al terreno técnico de los magistrados de carrera en tribunales de apelación. En este tablero táctico de supervivencia, los ciudadanos comunes son utilizados como meros peones y escudos humanos. Pero si un día se sientan en ese mismo banquillo, ellos nunca tendrán elección.

 

IV. La frontera del delito: ¿Prevaricación institucional y fraude de ley?

Esta manipulación no solo es una profunda inmoralidad política; desde el punto de vista del derecho puro, roza el ámbito delictivo a través de figuras jurídicas muy claras.

En primer lugar, el ordenamiento jurídico español prohíbe de forma taxativa el fraude de ley (artículo 6.4 del Código Civil), que consiste en utilizar el amparo de una norma (en este caso, la libertad de expresión o la valoración política) para alcanzar un resultado prohibido por el ordenamiento, que es socavar la imparcialidad judicial y el derecho a un proceso con todas las garantías.

En segundo lugar, cuando un cargo público utiliza los recursos del Estado —como la mesa del Consejo de Ministros— para dictar resoluciones verbales o consignas que sabe que alteran el funcionamiento normal de la Administración de Justicia, su conducta se aproxima peligrosamente al tipo penal de la prevaricación (artículo 404 del Código Penal) o al delito contra las garantías constitucionales (artículo 542 del Código Penal), el cual sanciona expresamente a la autoridad o funcionario que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de los derechos cívicos reconocidos por la Constitución, entre los que se encuentra el derecho de los ciudadanos a participar en la Justicia de manera libre, serena y sin coacciones institucionales.

La conclusión es inapelable: erosionar conscientemente el entorno de un juicio para forzar su nulidad y escapar del veredicto del pueblo no es alta política; es una estrategia de degradación democrática que retuerce el Estado de derecho hasta dejarlo irreconocible.

 

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 Servando Gotor

OTOÑO EN ZARAGOZA (Antonio Envid)

 

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El verano se está haciendo el remolón, parece renuente a abandonarnos, pero no seamos ilusos, ya acaba. Llega el otoño, ese tiempo ambiguo y traicionero, que tanto gusta a poetas y sensibleros. ¿Está sobrevalorado el otoño? Cientos de canciones y cientos de poemas se han encargado de ello. ¿Quién no canturrea Automn Leaves al rememorarlo? Pero como digo, el otoño es como una falsa amante, nos seducirá y castigará al mismo tiempo. Los días irán acortando, entraremos lentamente en el tiempo de las sombras, y la realidad, los problemas, las urgencias vitales se presentarán, a menudo, abruptamente, para despertarnos de la modorra veraniega.

Pero el otoño, como casquivana amante que es, nos seducirá con algunos dones. Las tristes regiones septentrionales aguardan con ilusión los vinos jóvenes que les trae este tiempo. Los federweiser, los sturm, esos vinos locuelos que no soportan el encierro en la bodega y hay que consumirlos cuanto antes para que no se estropeen. Solo los alegres valses vieneses y los cantos zíngaros pueden hacerlos tolerables. ¿Y qué decir de los beaujolais, que el genio comercial francés los ha hecho predilectos de exquisitos à la page? Por estos pagos, en cambio, preferimos los vinos que han adquirido sabiduría en largas horas de reflexión en las oscuras cavas. No voy a hablar del mostillo, para no echarme a llorar en medio de esta página. Mi abuela se llevó con ella la receta y ya nadie podrá devolverme esos memorables momentos de mi infancia en que unas cucharadas de mostillo borraban cualquier tragedia infantil.

Para mí, el verdadero don del otoño son las voluptuosas uvas, blancas, negras, doradas, igual me da, esas gloriosas esferas que nos traen encerrado todo el sol del perdido verano. Suelo escuchar, cuando les hinco el diente, como un eco de los alegres viñadores que las han vendimiado y me trasportan a un mítico mundo de holganza dionisíaca con sátiros y ninfas saltando a mi alrededor.

Andan los bodegueros coterráneos meditabundos. El consumo de vino está cediendo en favor de la cerveza, y eso se nota en la caja. España, el mayor productor de vino del mundo, se siente abandonar por sus parroquianos. Los jóvenes, y no tan jóvenes, dejan el virgiliano mosto fermentado para abrazar esa bebida de bárbaros germanos, más propia de equinos que de cultos borrachines. “Oye, tronco – me dice un joven adorador del rubio brebaje – otro día quedamos para tomar unas litronas y te actualizo esas dinópolis ideas que tienes, okey boomer, ahora tengo prisa en reservar sitio para el oktoberfest.

    Antonio Envid

 

No hay moros en la costa: Crónica histórica de un alivio marítimo y una tensión perpetua

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El reflejo de la historia en el lenguaje y las costumbres suele ser mucho más afilado de lo que la nostalgia nos permite admitir. Detrás de expresiones cotidianas como la conocida alarma marinera (no hay moros en la costa) o de tradiciones aparentemente inocentes, se esconde un mapa de tensiones religiosas y geopolíticas que modeló la vida en la península ibérica durante siglos, por más que algunos se empeñen en convencernos de lo contrario. Y es que la idea romántica de un territorio donde los pueblos compartían pacíficamente sus saberes se desvanece, muy a nuestro pesar, cuando se analiza la arquitectura de las ciudades antiguas y los sutiles insultos cotidianos que unos grupos lanzaban contra otros.

El pánico que gobernaba el litoral mediterráneo español entre los siglos XV y XVIII dejó una huella profunda en el habla. Las playas del levante y de Andalucía eran un escenario de peligro constante debido a las veloces incursiones de los piratas berberiscos y las armadas del Imperio Otomano, que desembarcaban con el único fin de saquear poblaciones y capturar prisioneros cristianos para venderlos en los mercados de esclavos del norte de África y hasta de Estambul. La monarquía hispánica respondió levantando una inmensa red de torres de vigilancia a lo largo de los acantilados. Los vigías pasaban los días escrutando el horizonte marino en esas atalayas, y cuando divisaban las velas enemigas, daban la alarma con hogueras y campanas al grito de «¡Hay moros en la costa!», una advertencia de vida o muerte que, al dar paso a la calma y el horizonte limpio, se transformaba en el alivio de saber que no había moros en la costa.

Esta alerta permanente no respondía solo a un enemigo lejano, sino a una profunda desconfianza hacia la población morisca que vivía dentro de los propios reinos cristianos. Obligados a convertirse al catolicismo, la mayoría de los moriscos mantenían su fe islámica y sus costumbres tradicionales en la más estricta intimidad, recurriendo a la simulación para protegerse de la Inquisición. Aunque entonces no se hablaba de guerra híbrida, el temor de la Corona de que esta población actuara como una colaboración interna de los piratas africanos demostró tener fundamentos reales en numerosos episodios de espionaje costero y en la violenta rebelión de las Alpujarras, donde los sublevados recibieron armas y soldados de los sultanes del norte. Este clima de sospecha culminó en la expulsión definitiva de 1609 decretada por Felipe III, aunque la frase sobre los moros en la costa siguió siendo literal durante décadas, pues muchos de los desterrados se unieron a las flotas corsarias para atacar las tierras que tan bien conocían.

Esa misma hostilidad latente se filtró en las costumbres domésticas de una manera muy sutil y despectiva a través de las mascotas. Durante generaciones, en el mundo cristiano ibérico se popularizó la costumbre de llamar Sultán a los perros, especialmente a los de guardia, pastoreo o aquellos destinados a tareas más rudas. Lejos de ser un homenaje a la majestuosidad de la palabra árabe, que designa a un gobernante con máxima autoridad, este bautizo era un acto deliberado de desprecio político y religioso. En el imaginario cristiano, el sultán de Constantinopla o de Marruecos era el archienemigo de la fe y el causante de sangrientas batallas. Llamar así al animal de compañía (que en aquella época no se veía como un miembro de la familia, sino como una bestia de trabajo subordinada al hombre) era una forma cotidiana de humillar al enemigo, sometiendo simbólicamente al gran líder del Islam a las órdenes de un amo cristiano.

Esta guerra de insultos y menosprecios cotidianos cruzaba las fronteras religiosas en todas las direcciones. Para los musulmanes, el perro era, además, un animal considerado ritualmente impuro según las interpretaciones más estrictas de la jurisprudencia islámica, por lo que asimilar al líder enemigo con un can añadía una capa extra de humillación. Desde el lado islámico, la réplica hacia el mundo cristiano utilizaba también sus propios códigos: los cristianos eran tildados despectivamente de idólatras debido al culto que rendían a las imágenes, las pinturas y las tallas de los santos, una práctica que el Corán prohíbe de forma tajante. En el lenguaje cotidiano, referirse a los cristianos simplemente como "los infieles" o usar analogías que los comparaban con animales de carga o cerdos (un animal estrictamente prohibido en su dieta) era el equivalente al desprecio del perro Sultán. Todo esto sin olvidar que los musulmanes despreciaban a los cristianos tildándolos de sucios y malolientes, mientras estos acusaban a aquellos de afeminados.

Por su parte, la comunidad judía, atrapada secularmente entre los dos gigantes religiosos y forzada a la marginalidad tanto en suelo cristiano como musulmán, desarrolló también sus propios mecanismos de resistencia cultural y lingüística. En el ámbito privado, los judíos se referían a los cristianos con términos que evocaban la idolatría o los asociaban con Edom, el enemigo bíblico tradicional, mientras que a los musulmanes los vinculaban con Ismael. Era una forma de mantener el orgullo identitario y marcar distancias frente a unos vecinos que los rechazaban de forma abierta en una lengua íntima que, tras el exilio, daría vida al idioma ladino.

Toda esta tensión diaria explica por qué el mito de la armoniosa convivencia medieval carece de sustento real. Las ciudades de la época no se diseñaron para la integración, sino para una estricta segregación física. El grupo que ostentaba el poder militar y político ocupaba siempre el corazón fortificado de la ciudad, ya fuera la medina musulmana o el casco intramuros cristiano. Los vencidos o tolerados eran expulsados de ese centro y confinados en barrios cerrados, dando origen a las juderías y a las morerías o arrabales, término de origen árabe que designaba precisamente a los barrios situados fuera de las murallas protectoras.

Aquella paz de las tres culturas no era fruto de la tolerancia moderna, sino de un ordenamiento jurídico desigual. Los mudéjares bajo el cetro cristiano y los mozárabes bajo el dominio islámico pagaban impuestos desorbitados a cambio de que se les permitiera conservar su religión. Las fronteras invisibles y físicas marcaban el día a día: los matrimonios mixtos se castigaban con la pena de muerte, las minorías no podían portar armas y las puertas de las juderías y morerías se cerraban con llave cada noche, dejando claro que el equilibrio dependía de mantener a cada uno en su sitio y con las defensas siempre listas.

Resulta un giro de lo más irónico ver cómo cambia el cuento con el paso de los siglos y cómo evoluciona nuestra particular forma de canalizar las frustraciones políticas. Si en la Edad Moderna la venganza popular consistía en degradar el título de una figura de autoridad no deseada poniéndoselo al perro de la casa, hoy en día en España hemos invertido la fórmula por completo: ahora no se le pone el nombre de un cargo relevante al perro, sino que es a la persona que ostenta el cargo no deseado a la que se le llama directamente «perro». Las vueltas que da la vida y el lenguaje han hecho que un insulto tradicional se convierta en el lema de cabecera de la sátira política actual. Sin necesidad de señalar con el dedo a nadie en el panorama público contemporáneo, resulta evidente que el guauguau sigue siendo el blanco perfecto cuando el ciudadano de a pie quiere buscarle las cosquillas al poder, solo que ahora el viaje del agravio va en dirección contraria.

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 Servando Gotor