LA GEOMETRÍA DEL ATAJO: CÓMO LA BOLSA DE ÁMSTERDAM INVENTÓ LOS SESGOS COGNITIVOS

 

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Pensar  «al bies», o pensar «al sesgo». O por qué el cerebro prefiere la diagonal del sesgo cognitivo antes que la implacable y parsimoniosa seguridad de un razonable cálculo laberíntico.

 

 

En geometría elemental, la diagonal es siempre el camino más corto entre dos esquinas opuestas; y en el comportamiento humano, es la definición perfecta de un atajo. En el diseño de moda, cortar «al bies» o «al sesgo» consiste en trazar una línea a 45 grados respecto al hilo de la tela para otorgarle una elasticidad imposible en el corte recto. Pues bien, en la estructura de nuestra mente ocurre algo similar: cuando el seguir la lógica implacable nos agota, el cerebro prefiere «cortar por lo sano», o lo que es lo mismo: ir por el camino de en medio y recortar la realidad por la diagonal. Con lo que esta física del atajo une los talleres de sastrería, la física geográfica, la psicología cognitiva, y hasta los mercados financieros, en un divertido combate entre la intuición (pensar y decidir «rápido») y la cuadriculación (pensar y decidir «lento»).

El término sesgo ofrece hoy un juego semántico extraordinario. Transita desde su origen físico y geométrico (del latín sessus, posición inclinada) hasta colonizar la conducta a través de tres dimensiones entrelazadas: (i) la costura técnica del atajo - el heurístico camino de en medio- , (ii) el enfoque subjetivo del prejuicio moral —que arrastra la interpretación lejos de la neutralidad recta— y (iii) el uso metodológico en la estadística y la psicología moderna -error sistemático ajeno al azar-. Curiosamente, esta polifacética inclinación del comportamiento humano ya fue anticipada con una alta dosis de ironía en el Siglo de Oro por José de la Vega, un judío sefardí que en 1688 publicó en Ámsterdam Confusión de confusiones, el primer tratado mundial sobre el mercado de valores. Un verdadero tratado universal y, por ende, rabiosamente actual sobre el comportamiento humano, y específicamente, sobre la toma de decisiones.

 

El «Eureka» frente a la parálisis del algoritmo

Mucho antes de que los psicólogos Daniel Kahneman y Amos Tversky teorizaran en el siglo XX sobre el «pensamiento rápido» y los sesgos cognitivos, De la Vega ya se burlaba con saña de la fauna bursátil holandesa utilizando esta misma premisa. El cerebro humano detesta el laberinto cuadriculado del pensamiento algorítmico. El algoritmo, obsesionado con evitar cualquier tipo de atajo, avanza con la lentitud de un sastre que mide el hilo milímetro a milímetro; es un proceso exasperantemente seguro pero, en la volatilidad de la vida (y de la Bolsa), a menudo resulta interminable e inoperante. La parálisis por análisis no paga dividendos.

Frente a esa rigidez cuadriculada, De la Vega retrató el triunfo del pensamiento heurístico, esa lectura «al bies» de la realidad. De naturaleza emparentada con el Eureka por su carácter aleatorio, el hallazgo heurístico es el atajo mental definitivo. El autor barroco comprendió con humor que el inversor prefiere la chispa intuitiva y el volantazo diagonal del rumor antes que sentarse a procesar datos de forma pausada, matemática y razonable. Los operadores de Ámsterdam, impulsados por este pensamiento rápido, saltaban de cabeza a la euforia (efecto manada) o al pánico (sesgo de disponibilidad). No procesaban la información «al hilo» de los hechos objetivos, sino mediante ágiles —y a veces catastróficos— saltos oblicuos.

Un reciente trabajo sobre el texto del sefardí —una edición crítica que cuenta con más de 1.700 notas a pie de página y 50 páginas de bibliografía— subraya que las palabras polisémicas son las verdaderas soberanas de esta comedia del intelecto. En el tablero del mercado, los conceptos deben ser elásticos porque las mentes que compran y venden son incorregiblemente heurísticas. Parecerá mal decirlo, pero el autor de semejante edición es quien firma estas líneas, y vamos a dejarnos de falsas modestias (*).

 

El poliedro de la «Acción»

El ejemplo paradigmático de esta flexibilidad es el término «Acción», que De la Vega estira simultáneamente en cinco vectores que funcionan como soberbios y divertidos atajos conceptuales:

• El vector financiero (La propiedad simbólica): El atajo jurídico para poseer una porción de la Compañía de las Indias Orientales sin cargar físicamente con sus barcos.
• El vector físico y psicológico (El movimiento continuo): El desasosiego del inversor, de quien se mofa en el Diálogo Tercero diciendo que se les llama «accionistas, por estar siempre en acción». Es la agitación constante que prohíbe la quietud algorítmica; el vaivén del «delfín» bursátil que se mueve inquieto hasta cuando duerme en el mar del rumor.
• El vector teatral y literario (El drama del engaño): El acto dramático de una comedia de enredos donde los personajes se saltan la vía recta de la verdad mediante el equívoco y el chiste, convirtiendo la plaza de Ámsterdam en un gran teatro de espejismos.
• El vector moral y delictivo (La estratagema): La maniobra astuta, la artimaña especulativa de los rescontres y las trampas oblicuas calculadas para hacer «dar de ojos» al oponente mientras el delfín sigue soñando con ganancias imaginarias.
• El vector judicial o procesal (El rudo despertar): La «acción» que se activa cuando el enredo bursátil estalla, el humo se disipa y el delfín despierta bruscamente en la fría orilla de los tribunales. Es el derecho procesal como último resguardo legal; el amargo tránsito que va desde la vibrante agitación de la plaza hasta la solemne inmovilidad de un estrado judicial.

La obra demuestra que el idioma español opera por asociación espacial y que el humor es la mejor herramienta para explicar la economía. El ser humano recurre a las líneas oblicuas del sesgo cuando la cuadrícula de la literalidad es incapaz de cartografiar el caos. Al final, tanto en la sastrería como en la Bolsa —como en el mundo—, avanzar al bies sigue siendo la técnica más sofisticada para adaptarse a las curvas de la incertidumbre: tomar el atajo creativo antes de que la inoperancia del corte recto rompa el tejido.

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 Servando Gotor

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(*) Confusión de confusiones: Edición en español actualizado, con introducción, notas, vocabulario esencial y bibliografía.

LOS SEÑORES DE LOS BONSÁIS (Antonio Envid)

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Me entero por los medios de comunicación de que Pedro Sánchez regaló un bonsái al Papa León XIV. Antes había hecho análogo regalo al poderoso, en su día, José Luís Ábalos por su sesenta cumpleaños. Desconozco si es habitual que el presidente haga estos singulares regalos o son hechos aislados y excepcionales, también, si son regalos que encierran algún símbolo o una manera de ir desalojando La Moncloa de esos objetos difíciles de reubicar, como los enseres de otro inquilino o los recuerdos de la abuela.

Estos sucesos me han hecho recordar un excelente artículo que publicó el inefable Sánchez Ferlosio – sí, el hijo de Sánchez Mazas, una de las mentes más sibilinas de mi contemporaneidad – con el título El monasterio Hidaka y el arte del bonsai. En él el destacado escritor hacía una sutil crítica a Felipe González, muy aficionado, como se sabe, a esos arbolillos enanos y deformes a fuerza de artificio.

Se describía la presencia en el complejo gubernamental de un nonagenario monje taoísta que cuidaba la notable colección de bonsáis del presidente y señalaba la paciencia y delicadeza que esa función exigía, así como, que los momentos libres que al gobernante dejaban las tareas de gobierno los invertía en escuchar las enseñanzas de Lao-Tse de boca del venerable anciano y en conocer este arte japonés. No deja de notar el articulista los dos millones y medio de pesetas – estábamos todavía en el reino de la peseta – del sueldo anual del maestro que salían de nuestra tesorería. 

Para tratar de comprender el artículo hay que mencionar el contexto en el que está escrito. Era el segundo mandato de Felipe González y, aunque gozaba de una holgada mayoría de 184 diputados, el entusiasmo que había despertado en el primer mandato, 202 diputados, los había rebajado sensiblemente. El descontento social se palpaba en el ambiente, hasta desembocar ese mismo año 1988 en una huelga general convocada por UGT y CC OO que paralizó España; a principios de ese mismo año se había producido el secuestro de Revilla por los terroristas de ETA. Mientras, Felipe González se embebía en las enseñanzas taoístas y en el cultivo de bonsáis.

Pero el recuerdo de aquel artículo no es casual sino causal, alguna correlación encuentro entre aquella pasada época con la presente. La cultura del bonsái exige que el crecimiento del árbol se limite, se le encorsete y se le dirija hacia la dirección que quiere el cultivador, en lugar de dejar que obre libremente la naturaleza. Ignoro si Pedro Sánchez ha adquirido la afición por estos artificiales arbolitos, pero sus largos silencios de meditación pudieran indicar que trate de ensayar en los cerebros de los españoles las técnicas de dirigismo y falta de libertad del bonsái, minimizándolos para que acepten su relato.

Vizcaíno Casas tituló a Felipe González como El Señor de los bonsáis, y la historia se repite, como nos enseñó Marx, la segunda vez como farsa, pudiéramos estar viviendo bajo el reinado del Señor II de los bonsáis.

                                                                                                                                            Antonio Envid

BOMBEROS DE MADRID: UNA CONTROVERSIA CONTABLE CONVERTIDA EN TITULAR POLÍTICO

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El “timing” de la firmeza judicial: los datos frente al ruido político en los bomberos de Madrid

 

La actualidad informativa se ha visto sacudida estos días por la difusión del decreto que declara firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) respecto a determinados fondos de la Comunidad destinados al cuerpo de bomberos. Sin embargo, un análisis riguroso de los tiempos, la naturaleza del procedimiento y su verdadero objeto, revelan una realidad muy alejada de las lecturas superficiales y los titulares incendiarios.

 

Un fallo antiguo y de naturaleza administrativa

En primer lugar, es necesario precisar que la sentencia data de enero de 2026 y fue plenamente conocida por la opinión pública en su momento. No estamos ante una condena penal ni ante un caso de corrupción o desvío de dinero con fines ilícitos; se trata de un procedimiento estrictamente contencioso-administrativo centrado en una discrepancia de contabilidad presupuestaria entre el Capítulo 2 (gastos corrientes) y el Capítulo 6 (inversiones reales).

La firmeza de esta resolución judicial se adquirió de forma automática hace meses, al vencer los plazos ordinarios de recurso. Lo llamativo —y lo que despierta fundadas suspicacias sobre el timing político— es que el Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) haya decidido formalizar y notificar el Decreto de Firmeza precisamente en estos últimos días de julio. El funcionario judicial disponía de un amplísimo margen: pudo haber firmado el trámite hace meses o haber esperado perfectamente a septiembre, dado que el mes de agosto es legalmente inhábil. Emitir el documento justo en plena ola de incendios estivales ha servido en bandeja el gancho de actualidad idóneo para que los sindicatos y determinados espacios mediáticos amplifiquen el conflicto.

 

Una sólida controversia jurídica, lejos de la arbitrariedad y sin merma para la efectividad del servicio

Bajo ningún concepto puede afirmarse que el Gobierno de la Comunidad de Madrid actuara de un modo arbitrario, negligente o injusto. La administración regional defendió una postura técnica respaldada por argumentos jurídicos consistentes: sostenía que recurrir al renting para dotar de camiones modernos a los bomberos era una vía eficiente para la prestación del servicio.

Y aquí reside una idea esencial que con frecuencia se está perdiendo en el debate público. La controversia no giraba principalmente sobre si los bomberos debían disponer o no de nuevos camiones, sino sobre cuál era la fórmula presupuestaria y financiera adecuada para proporcionárselos. La Comunidad de Madrid optó por un modelo de renting —alquiler a largo plazo con mantenimiento incluido— frente a la adquisición directa de los vehículos como inversión patrimonial.

Desde la óptica de la CAM, la diferencia entre comprar un camión (Capítulo 6) o alquilarlo mediante renting (Capítulo 2) no implicaba una reducción de medios materiales disponibles para el servicio, sino una distinta forma de financiación y contabilización de esos mismos medios. Los vehículos podían estar operativos igualmente, prestar idéntica cobertura territorial y atender las emergencias con la misma eficacia funcional.

Por tanto, incluso aceptando la tesis del tribunal sobre la incorrecta imputación presupuestaria de determinados fondos procedentes de UNESPA, lo discutido era el modo económico de proveer los recursos, no la existencia de una decisión de privar al cuerpo de bomberos de vehículos, equipamiento o capacidad operativa. La sentencia puede tener consecuencias, y de hecho las tiene, en materia de disciplina presupuestaria y afectación de fondos finalistas, pero de ella no se desprende que se hubiera comprometido la seguridad del servicio ni la atención a las emergencias ciudadanas.

La interpretación judicial finalmente acogida considera que esos recursos debían destinarse exclusivamente a inversiones patrimoniales permanentes. Sin embargo, la posición de la Comunidad se insertaba en una lógica de gestión pública moderna, orientada a flexibilizar la renovación de flotas, reducir costes de mantenimiento y acelerar la disponibilidad de vehículos especializados, una opción que dista mucho de poder calificarse como arbitraria o manifiestamente irrazonable.

 

Datos frente a eslóganes

En definitiva, en términos jurídicos, el debate no versaba sobre si el cuerpo de bomberos debía disponer de determinados vehículos de emergencia, sino sobre si esos vehículos debían incorporarse mediante adquisición patrimonial directa o mediante contratos de renting y, en consecuencia, sobre la correcta imputación contable de los fondos utilizados para financiarlos.

Esa diferencia es esencial. Una eventual carencia de medios operativos afectaría directamente a la seguridad y a la respuesta ante emergencias; una discrepancia sobre la modalidad financiera y presupuestaria empleada para proveer esos mismos medios pertenece, en cambio, al ámbito del control de legalidad presupuestaria y de la afectación de fondos finalistas.

Sin embargo, cuando se examinan conjuntamente la fecha real de la sentencia, la adquisición automática de su firmeza, el margen temporal del decreto de formalización, la naturaleza administrativa del litigio y la dimensión predominantemente contable de la controversia, el episodio aparece menos como un descubrimiento súbito de mala gestión y más como un ejemplo de cómo el timing institucional puede transformar una compleja controversia presupuestaria en un titular de alto voltaje político.

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LA JAULA DE CRISTAL: Del "ángel del hogar" a la tutela de Estado.

 

Cómo el arte, la evolución y las leyes han divinizado históricamente a la mujer para arrancarle su terrenalidad y su libre albedrío.

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De la «donna angelicata» medieval al neopaternalismo legal contemporáneo: por qué el poder, el arte y el inconsciente social se resisten a soltar el control del cuerpo y la voluntad de la mujer, cambiando históricamente el látigo del castigo por el escudo de la hiperprotección.

 

A lo largo de la historia de la civilización occidental, el control biopolítico sobre las mujeres ha operado bajo un eufemismo tan sofisticado como persistente: la salvaguarda y la adoración. Cuando el ordenamiento jurídico, la religión o la moral pública han necesitado encauzar la libertad femenina, raramente lo han hecho admitiendo un deseo de opresión. Al contrario: el discurso del poder siempre se ha vestido con las sedas del cuidado patriarcal y la veneración sacra.

Si en las sociedades tradicionales la transgresión masculina se castigaba con el rigor del Código Penal y la cárcel, la rebeldía femenina se abordaba desde una perspectiva tutelar, médica o moral. La mujer que rompía la norma no era tratada como un sujeto plenamente responsable, sino como una criatura extraviada a la que había que «proteger» de sí misma y de los peligros de un mundo hecho por y para hombres. Sin embargo, al examinar las derivas legislativas y culturales del presente, surge una pregunta incómoda pero ineludible: ¿hemos superado realmente esa tutela, o simplemente hemos sustituido la figura del padre guardián por la de un Estado pastoral que, bajo la promesa de una protección integral, sigue considerando a la mujer un sujeto de agencia disminuida?

 

El imperativo evolutivo y el pedestal sagrado

Para comprender esta inercia no basta con apelar a la sociología del poder; es preciso descender a los estratos más profundos de la especie. Desde la antropología evolutiva, la propensión a hiperproteger a la mujer responde a un estricto imperativo de supervivencia dictado por la demografía primigenia. En los albores de la humanidad, el útero constituía el verdadero cuello de botella reproductivo: la pérdida de varones en la caza o la guerra era absorbible por el grupo, pero la pérdida de mujeres abocaba a la tribu a la extinción. Ese instinto visceral de blindaje se ritualizó con los siglos, transformando una necesidad biológica de conservación en una arquitectura social y jurídica de control.

Esta dinámica encaja con precisión en el inconsciente colectivo descrito por la psicología analítica de Carl Gustav Jung y Erich Neumann. La figura femenina se erigió como el arquetipo del misterio de la vida, generando en la mirada masculina una ambivalencia indisoluble: fascinación, adoración y temor abisal. Al sacralizar a la mujer como un ser superior en pureza y espiritualidad, la sociedad la elevó a un pedestal. Pero un pedestal es, por definición, una superficie diminuta de la que no se puede dar un paso sin caerse al vacío. La veneración exige inmutabilidad. Así, el control sobre su libertad se ejerció históricamente no desde el desprecio, sino desde el tabú religioso: la urgencia angustiosa de mantener incólume la fuente sagrada de la vida y de la moral.

 

La estética del cautiverio: la mujer como musa inerte

Donde con mayor nitidez se revela este arquetipo de la veneración que paraliza es en la literatura y el arte, auténticos espejos del subconsciente masculino. Desde el amor cortés medieval y el Dolce Stil Novo, el ideal de perfección fue la donna angelicata. La Beatriz de Dante o la Laura de Petrarca no son mujeres de carne y hueso, con deseo, contradicciones o autonomía de acción; son elevaciones espirituales, puentes hacia la divinidad. Para ser infinitamente adoradas, debían ser despojadas de toda terrenalidad y pulsión individual: musas glorificadas en la pasividad.

Centurias después, el siglo XIX refinaría esta estética del cautiverio. El poeta británico Coventry Patmore popularizó el término que definiría la moral burguesa occidental con su célebre poema El ángel del hogar (The Angel in the House). En este arquetipo, la mujer es divinizada como el santuario moral de la familia: pura, abnegada, exenta de los vicios y la codicia del espacio público terrenal. Sin embargo, como denunciaría de forma demoledora Virginia Woolf décadas más tarde, para que una mujer libre pudiera pensar, escribir o actuar en el mundo real, el primer paso era indispensable y dramático: «matar al ángel del hogar».

La pintura del Prerrafaelismo en la época victoriana fijó visualmente esta paradoja. Los lienzos de John Everett Millais o Dante Gabriel Rossetti muestran una sucesión de Ofelias flotando ahogadas, Proserpinas atrapadas y Beatrices melancólicas. Mujeres de una belleza embriagadora y mística, sí, pero invariablemente retratadas en reposo, enclaustradas, enfermas o muertas. El mensaje estético del patriarcado se desnudaba así sin pudor: la máxima adoración que se le puede profesar a una mujer es aquella en la que su belleza y pureza quedan fijadas para siempre a costa de su movimiento y su libertad.

 

La trampa del «sexismo benevolente»

Este sustrato artístico y evolutivo cristalizó en el ámbito psicosocial en lo que, en 1996, los psicólogos Peter Glick y Susan Fiske denominaron «sexismo benevolente». A diferencia de otras formas de opresión, las relaciones de género están atravesadas por una profunda interdependencia afectiva y sexual. El varón no percibe mayoritariamente a la mujer como un enemigo, sino como la compañera vital indispensable y el objeto de su amor.

De ahí nace un paternalismo que concibe el deber varonil o institucional como la obligación sagrada de custodiar y defender a las mujeres como seres delicados y moralmente superiores. Esta dinámica es devastadora precisamente porque rara vez es percibida como hostil por quien la ejerce ni, en muchas ocasiones, por quien la recibe. Nace del afecto genuino, de la veneración artística y del deseo de protección, pero opera funcionalmente como una jaula de oro: «Te protejo porque eres demasiado valiosa y pura para contaminarte en el barro de la libertad real». Al elevar su estatus moral, se le extirpa la soberanía individual para asumir riesgos, errar o defenderse por sí misma en el espacio público.

 

De la moral autoritaria al neopaternalismo legal

En el pasado siglo XX de nuestro propio país, este mecanismo se manifestó con dureza en las instituciones públicas y religiosas que, durante décadas, fiscalizaron la moralidad de la juventud. Bajo la coartada lingüística de la «protección», millares de jóvenes que desafiaban el orden tradicional, que escuchaban músicas transgresoras o que reivindicaban su autonomía en los espacios de ocio fueron sometidas a tutelas administrativas y reclusión sin que mediara delito alguno. Bastaba una denuncia por rebeldía o por apartarse del canon del «ángel del hogar» para que el Estado interviniera para salvaguardar la virtud de la transgresora y el honor familiar.

Hoy, habiendo secularizado las leyes y derribado los viejos muros de moral autoritaria, filósofas de la política como Wendy Brown o teóricas del derecho como Janet Halley alertan de un preocupante «eterno retorno» en las democracias liberales contemporáneas. Al construir ordenamientos jurídicos y discursos públicos que pivotan de manera casi exclusiva sobre la vulnerabilidad estructural y la perpetua condición de víctima del sexo femenino, se corre el riesgo de recaer en una sofisticada forma de neopaternalismo.

Cuando un movimiento social o un legislador exige del Estado una hiperprotección penal y administrativa permanente basándose en una indefensión sistémica y en una supuesta inferioridad de recursos defensivos ante el varón, se produce una inversión perversa: el poder estatal concede esa protección a cambio de codificar y congelar la debilidad en la ley. Sustituimos la antigua donna angelicata o al viejo ángel del hogar por un nuevo arquetipo hipervulnerable, donde la autonomía de la mujer vuelve a quedar tutelada por un árbitro superior —ahora estatal y punitivo— que asume por defecto que ella carece de las herramientas o la robustez necesarias para negociar, consentir o confrontar en el tráfico social en condiciones de igualdad real.

Romper este círculo histórico exige una honestidad intelectual que incomoda por igual al conservadurismo tradicional y al reformismo contemporáneo. La verdadera emancipación no consiste en cambiar al tutor patriarcal por un tutor burocrático, ni en trasladar a la mujer del pedestal de la pureza estética al pedestal de la vulnerabilidad perpetua. La igualdad real y la mayoría de edad cívica solo se alcanzan cuando se reconoce el derecho pleno a la agencia, al rozamiento con el mundo, a la asunción de riesgos y a una libertad genuina que no requiera de salvavidas institucionales no solicitados.

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 Servando Gotor

El dilema de Badajoz: ¿quién responde si nadie reclama el dinero a David Sánchez?

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La sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que ha condenado a once personas por un delito de prevaricación administrativa en el denominado caso David Sánchez ha desplazado el centro del debate jurídico y político. El foco ya no se dirige únicamente hacia los condenados, sino hacia la actuación que, a partir de ahora, deberán adoptar las instituciones llamadas a proteger el patrimonio público.

La pregunta que empieza a plantearse en los círculos jurídicos es sencilla de formular y compleja de responder: si, una vez agotados los recursos, la sentencia adquiere firmeza, ¿podría llegar a plantearse alguna responsabilidad para los actuales responsables de la Diputación de Badajoz si deciden no reclamar la devolución de los salarios percibidos por David Sánchez? Conviene precisarlo desde el principio: esa eventual responsabilidad nunca podría recaer sobre la Diputación como institución —el artículo 31 quinquies del Código Penal excluye expresamente a las Administraciones públicas territoriales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas—, sino, en su caso, sobre las personas físicas que ocupen sus órganos de gobierno y decidan, con conocimiento y capacidad de actuar, no promover la recuperación del dinero.

 

Una condena sin restitución del dinero

Conviene partir de un dato procesal esencial. La sentencia, de casi 380 páginas, condena a David Sánchez Pérez-Castejón a nueve años de inhabilitación especial como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa, y al expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, a dieciocho años por dos delitos de la misma naturaleza. Los once acusados —entre ellos varios cargos y funcionarios de la propia institución— recibieron la misma pena de inhabilitación. El tribunal, sin embargo, los absolvió a todos del delito de tráfico de influencias, por lo que ninguno se enfrenta a pena de prisión.

Pese a la condena, la Audiencia no ha ordenado a David Sánchez reintegrar los 340.572 euros que percibió entre julio de 2017 y mayo de 2025. No es que el tribunal haya declarado improcedente esa devolución: es que ninguna de las partes con legitimación para reclamarla ejerció esa acción durante el procedimiento. El Ministerio Fiscal, que solicitó el sobreseimiento de la causa desde el inicio de la instrucción y mantuvo la petición de absolución hasta el final del juicio, nunca pidió el reintegro. La Diputación, titular de los fondos, tampoco se personó como perjudicada.

Sí lo pidieron las acusaciones populares, que en este procedimiento fueron siete: el Partido Popular, Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa, Liberum, Hazte Oír y la Fundación de Abogados Cristianos. Pero la Ley de Enjuiciamiento Criminal reserva el ejercicio de la acción civil a quien ostenta la condición de perjudicado, y la propia sentencia lo señala expresamente: no cabe entrar en la responsabilidad civil derivada del delito porque quienes la plantearon carecen de legitimación para hacerlo.

El resultado es llamativo: existe una condena en la instancia por prevaricación, pero ningún pronunciamiento sobre la devolución del dinero público. Y el propio fallo, consciente de ello, deja expresamente en manos de la Diputación —como entidad pagadora— o del Tribunal de Cuentas la decisión de reclamar esas cantidades por vía administrativa o contable.

 

La cuestión no es la tentativa, sino la omisión futura

Ante esta situación, algunos análisis han sugerido que la pasividad mantenida hasta ahora por la Fiscalía y por la propia Diputación podría haber sido ya una conducta reprochable. Técnicamente, sin embargo, el debate debe formularse de otro modo: lo relevante no es si hubo alguna irregularidad durante la tramitación del procedimiento, sino si la persistencia en la inactividad, una vez desaparezcan las razones que hoy pueden justificarla, podría llegar a tener consecuencias jurídicas para quienes decidan no actuar.

Mientras el proceso siga abierto, existen argumentos que explican una actitud de prudencia institucional. La decisión del Ministerio Fiscal de no formular acusación forma parte del ejercicio ordinario de sus funciones, desarrolladas con autonomía funcional; la discrepancia con ese criterio no basta, por sí sola, para reprochárselo. Y la Diputación, mientras la condena no sea firme, también puede sostener razonablemente una posición expectante: reclamar ahora anticiparía consecuencias patrimoniales apoyadas en una resolución todavía revocable.

 

Lo que dice la doctrina sobre la prevaricación por omisión

La posibilidad de que la inacción de una Administración adquiera relevancia penal no es una hipótesis exótica. La jurisprudencia del Tribunal Supremo admite, en supuestos excepcionales, que la prevaricación se cometa por omisión: cuando la autoridad tiene un deber jurídico concreto de resolver o de actuar, y su inacción equivale materialmente a una resolución arbitraria, esa pasividad puede llegar a ser tan antijurídica como la firma de un acto ilegal.

La experiencia de otros grandes casos de corrupción muestra, además, que el mecanismo de recuperación, aunque lento, puede llegar a funcionar en la práctica: en el caso Blasco, sobre el fraude en subvenciones de cooperación de la Generalitat Valenciana, la Administración ha seguido ingresando —más de una década después de los hechos— cantidades recuperadas a través del procedimiento de reintegro y del Tribunal de Cuentas. Es un precedente distinto en sus hechos —allí hubo un desvío activo de fondos, no una simple pasividad posterior a una condena—, por lo que conviene no forzar la comparación; pero sirve para mostrar que la vía del reintegro administrativo y contable no es meramente teórica.

 

El punto de inflexión: la firmeza, y lo que ya se mueve antes de ella

El escenario cambiará sustancialmente cuando la sentencia adquiera firmeza. Y ese momento puede llegar antes de lo que el debate público asume: las acusaciones populares ya han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, dentro del plazo legal, para pedir que se reconozcan también los delitos de tráfico de influencias y malversación —de los que los once acusados fueron absueltos en primera instancia— y que se obligue a David Sánchez a devolver el dinero cobrado.

Es decir: la pregunta que aquí se plantea —qué ocurre si nadie reclama el dinero cuando la sentencia sea firme— ya está siendo, en parte, respondida por la propia dinámica procesal, antes incluso de que exista firmeza. Si el TSJ de Extremadura estimara ese recurso y reconociera la malversación, la cuestión de la restitución podría resolverse por esa vía, sin necesidad de que la Diputación mueva un dedo. Si lo desestima y la condena por prevaricación queda firme tal cual está redactada hoy —sin pronunciamiento civil—, entonces sí se abre plenamente el escenario planteado: la decisión volverá a quedar en manos de la Diputación y del Tribunal de Cuentas.

Llegado ese momento, si los responsables públicos decidieran conscientemente no promover ninguna actuación de reintegro, podría abrirse un debate jurídico relevante sobre si esa omisión es compatible con el deber legal de defensa del patrimonio público. Pero no bastaría una mera discrepancia sobre la estrategia procesal: haría falta un deber jurídico concreto de actuar, la posibilidad real de hacerlo y la voluntad consciente de permitir que el perjuicio se consolidara. Y habría que precisar, además, qué tipo penal podría llegar a aplicarse a esa inacción futura: previsiblemente, de nuevo, una prevaricación omisiva, ya que la malversación exige actos de disposición activa sobre el patrimonio público que en ese escenario no concurrirían.

 

Más allá del delito: el enriquecimiento injusto

Existe, sin embargo, otra cuestión que apenas ha recibido atención y que probablemente sea el núcleo real del problema, al margen de cómo evolucione lo penal.

El absentismo laboral, por sí solo, no constituye normalmente un delito: puede generar consecuencias laborales o disciplinarias, pero no toda falta de prestación efectiva de servicios tiene relevancia penal. Distinta es la eventual consolidación de un enriquecimiento sin causa financiado con dinero público. Si una resolución judicial firme concluye que la plaza de la que derivaban esas retribuciones nació de una actuación prevaricadora —y eso, con la condena en primera instancia, ya está dicho— y, pese a ello, ninguna institución impulsa la recuperación de las cantidades abonadas, el debate se traslada del terreno penal al de la tutela del patrimonio público.

El Derecho español rechaza desde antiguo el enriquecimiento injusto como principio general. Sería difícil de explicar que unos fondos públicos cuya recuperación resulta jurídicamente posible permanezcan definitivamente en el patrimonio de quien los percibió solo porque la Administración perjudicada decidió no reclamarlos.

 

El papel del Tribunal de Cuentas

La firmeza de la sentencia no agotará las vías de reacción del ordenamiento. Corresponderá en primer término a la Diputación valorar el ejercicio de las acciones de reintegro y promover, en su caso, los expedientes oportunos. Paralelamente, el Tribunal de Cuentas puede depurar responsabilidades contables a través del procedimiento de reintegro por alcance de fondos públicos previsto en su ley orgánica, siempre que concurran los presupuestos legalmente exigidos, una vía que además abre la puerta a que las propias acusaciones populares ejerzan la acción pública contable.

Incluso si, desaparecidos todos los obstáculos procesales, persistiera una inactividad injustificada por parte de quienes tienen el deber de proteger esos recursos, podría llegar a plantearse una investigación penal por comisión por omisión o por otras figuras delictivas que, en función de las circunstancias concretas, pudieran resultar aplicables. No se trataría de juzgar de nuevo a David Sánchez, sino la eventual responsabilidad de quienes, teniendo la obligación de defender el patrimonio de la institución, hubieran optado por no hacerlo.

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EL POLVORÍN POLÍTICO-ADMINISTRATIVO: POR QUÉ ESPAÑA SE QUEMA MÁS ALLÁ DEL CAMBIO CLIMÁTICO

 

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Por debajo del relato oficial de los informativos de televisión y las condiciones meteorológicas extremas, una maraña de parálisis presupuestaria, hiperregulación verde y fragmentación autonómica desarma al país ante las emergencias. Las tragedias acumuladas demuestran que el tacticismo y la inoperancia institucional ya están costando vidas humanas.

 

Mientras las pantallas de televisión retransmiten las dramáticas imágenes de las llamas avanzando sobre los pueblos y recogen las declaraciones institucionales de tranquilidad de los políticos de turno, la realidad de la gestión de crisis en España discurre por un camino subterráneo mucho más crudo. El devastador incendio de Los Gallardos en Almería ha vuelto a poner de manifiesto una verdad incómoda: las catástrofes no solo se alimentan de la meteorología, sino de las disfunciones políticas y administrativas de la estructura del Estado.

El análisis de la trastienda de esta crisis revela los cuatro grandes ejes donde el sistema institucional español está fallando a la hora de proteger a sus ciudadanos, abriendo un profundo debate sobre la inoperancia práctica de nuestro modelo actual.

 

1. El colapso operativo: flotas viejas y sin repuestos

El primer síntoma del abandono estructural se encuentra en el aire. La campaña contra incendios arrancó con la grave denuncia de que la mitad de la flota estratégica de hidroaviones de élite (los Canadair operados por el Grupo 43 del Ejército del Aire) se encuentra inmovilizada. Un cuello de botella en el fabricante canadiense De Havilland y la falta de inversiones sostenidas impiden la llegada de recambios, dejando al país a merced del fuego. Los parches de emergencia a través de la contratación de aeronaves complementarias ofrecen hasta un 40% menos de capacidad de carga de agua, limitando drásticamente el poder de extinción en los momentos más críticos del verano.

 

2. Cuatro años sin presupuestos y la parálisis de los fondos europeos

Los incendios de verano deben sofocarse mediante la prevención invernal, pero la maquinaria financiera de España lleva cuatro años consecutivos con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados. Esta situación anómala impide por ley iniciar nuevas grandes inversiones plurianuales, forzando al Estado a depender de modificaciones de crédito y decretos de urgencia improvisados sobre la marcha.

A esto se suma la alarmante ineficacia en la gestión de las ayudas comunitarias: la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha reportado que casi el 80% de los fondos asignados a la gestión forestal permanecen bloqueados en los despachos por el exceso de trámites y los asfixiantes hitos burocráticos europeos. España padece "obesidad financiera" en las cuentas y "anorexia operativa" en los montes.

 

3. La paradoja de las "políticas verdes" y el abandono rural

Existe un creciente clamor en el sector primario que denuncia cómo las directrices medioambientales de corte conservacionista estricto han acabado siendo contraproducentes. La regulación orientada a la "renaturalización" o el abandono de la intervención humana en los ecosistemas ha asfixiado actividades históricas y esenciales como el pastoreo extensivo y la agricultura tradicional de secano.

Sin rebaños de cabras y ovejas que limpien el sotobosque (los tradicionales "cortafuegos biológicos"), y con infinitas trabas burocráticas para que los habitantes rurales recojan leña muerta o realicen desbroces, el monte mediterráneo se ha convertido en una masa forestal continua e ininterrumpida. Un paisaje homogéneo que actúa como un gigantesco polvorín esperando para arder a velocidades que superan la capacidad humana de extinción.

 

4. La fragmentación autonómica y el vacío del Estado

La estructura del Estado descentralizado ha dejado la gestión del medio ambiente y los servicios de extinción en manos de las 17 comunidades autónomas de forma exclusiva. Sin una autoridad única nacional ni un protocolo técnico y laboral estandarizado, España afronta emergencias que no entienden de fronteras geográficas con 17 operativos diferentes que a menudo sufren problemas de interoperabilidad, descoordinación o ritmos políticos dispares. El Gobierno central queda reducido a un papel de mero coordinador secundario o de proveedor de auxilio a través de la Unidad Militar de Emergencias (UME) cuando la tragedia ya se ha consumado.

 

Análisis de fondo: Llueve sobre mojado en el balance de víctimas

Frente a la gravedad de las emergencias actuales, los datos demuestran que la actual fragmentación y dispersión político-administrativa del Estado resulta francamente inoperante para dar una respuesta ágil a problemas de seguridad nacional. La desconexión entre un marco regulatorio centrado en expectativas ideales (políticas verdes, climáticas o igualitarias) y las necesidades materiales de los operativos (presupuestos consolidados, mantenimiento técnico y gestión activa de las infraestructuras) genera un escenario de indefensión civil.

Sin embargo, el incendio de Almería no es un hecho aislado. En la memoria colectiva de los españoles llueve sobre mojado. Esta misma inoperatividad flagrante, este mismo colapso de la coordinación y esta misma asfixia presupuestaria en inversión real ya se pusieron de relieve de forma dramática con la DANA de Valencia, primero, y con el accidente ferroviario de Adamuz, después. No estamos ante fallos puntuales del sistema, sino ante un patrón crónico de parálisis institucional. Son ya demasiados muertos en el balance de un país que asiste a tragedias evitables porque sus administraciones están más ocupadas en el blindaje político que en la seguridad pública. El clamor ciudadano exige un rotundo "ya vale" ante la condescendencia oficial.

Cuando la urgencia de una catástrofe exige un mando único robusto, una burocracia simplificada y recursos actualizados, la arquitectura institucional actual tiende a responder con lentitud y dispersión competencial. Se constata así que un Estado puede sobrevivir administrativamente mediante prórrogas y decretos porque la letra de la ley ofrece resquicios para ello, pero pierde por completo la capacidad de ser un gestor eficaz, ordenado y previsible.

 

Conclusión: La única salida ética y constitucional

El análisis técnico, ético y político de esta parálisis prolongada obliga a deshacer falsas equivalencias. No es equiparable la táctica de estirar las costuras del marco legal mediante decretos y parches mensuales —orientada al bloqueo permanente del adversario y a la mera supervivencia en el poder— con el mandato constitucional genuino de gobernabilidad. La Constitución exige taxativamente al Gobierno la presentación anual de las cuentas públicas como reflejo de su confianza parlamentaria.

Por tanto, ante una minoría acreditada que incapacita al Estado para aprobar sus Presupuestos Generales y atender las necesidades vitales del territorio, la única respuesta moral, jurídica, ética y constitucionalmente sostenible es devolverle de inmediato la palabra al pueblo soberano. Acudir a las urnas no es un recurso partidista de confrontación, sino el mecanismo de regeneración democrática por excelencia. Es la vía limpia para que los ciudadanos deshagan el bloqueo institucional y otorguen una mayoría suficiente que permita gobernar el país con absoluta y entera eficacia, salga el resultado que salga.

Mientras no se restablezca esa legitimidad de gestión, en los platós de televisión predominará la narrativa oficial de la inevitabilidad climática, pero en la realidad material los españoles seguirán pagando con sus vidas el peaje de un sistema que protege a los ciudadanos sobre el papel de los despachos, pero los abandona a su suerte cuando llegan las crisis.

De Mis conversaciones con la IA

 Servando Gotor

La Zaragoza de laboratorio frente a la Zaragoza de la memoria: Cuando el mapa borra a los abuelos

SGS 

Zaragoza, como cualquier urbe con dos milenios de historia a sus espaldas, cambia de piel de forma inevitable. El urbanismo avanza, las industrias se mudan y las generaciones se suceden. Sin embargo, en las últimas décadas, la capital del Ebro ha sido testigo de un fenómeno silencioso pero profundo: la sustitución de su memoria oral y familiar por una identidad de diseño institucional, impuesta de arriba abajo desde los despachos políticos.

El debate no es meramente ortográfico o administrativo; toca la fibra misma de cómo se construye el recuerdo y la identidad de los vecinos. ¿Quién tiene derecho a decidir cómo se llama el rincón donde nos criamos? ¿El decreto de un político basado en un pergamino medieval por motivos de oportunidad, o el habla cotidiana de cuatro generaciones de zaragozanos?

 

De la Magdalena a la Madalena: El salto temporal artificial

El caso del histórico barrio de la Magdalena es paradigmático. Para cualquier zaragozano que ronde los sesenta años, y para sus padres, abuelos y tatarabuelos, el barrio siempre fue, de forma natural y cotidiana, Magdalena, con "g". Era el nombre normativo, el escolar, el administrativo y el familiar asentado durante los siglos XIX y XX.

Sin embargo, a partir de la Transición, el activismo político y los movimientos aragonesistas rescataron la grafía medieval La Madalena (sin "g"). Es cierto que los documentos notariales de los siglos XIV y XV ya registraban esa evolución fonética del aragonés antiguo. Pero se trataba de un eslabón perdido en la transmisión oral de la gran mayoría de las familias del siglo XX. Al institucionalizarse el término sin "g" desde el Ayuntamiento y los colectivos culturales, se ejecutó una suerte de ingeniería lingüística: se dio un salto hacia atrás de quinientos años, ignorando deliberadamente la memoria viva de los vecinos que habitaban y daban vida al barrio en ese momento.

 

Del Arrabal al Rabal y la rotulación bilingüe: La mimetización de la periferia 

El patrón se repite cruzando el río. La margen izquierda, de tradición humilde, agrícola y obrera, siempre se reconoció a sí misma como el barrio del Arrabal. El término, derivado del árabe arrabáḍ ("fuera de muros"), tiene un arraigo histórico incuestionable; bajo ese nombre los vecinos combatieron en los Sitios o levantaron las industrias del siglo XX.

A finales del siglo pasado, la reestructuración municipal de los distritos decidió bautizar la zona oficialmente como El Rabal (con "b"). Al rescatar una variante medieval en desuso y eliminar la "A" inicial, la burocracia no solo rompió con la tradición oral reciente, sino que abrió la puerta a una confusión añadida. Por mimetismo con modas políticas y otras realidades geográficas ajenas —como el célebre Raval de Barcelona—, no es raro ver hoy el nombre escrito incluso con "v", desdibujando por completo la verdadera raíz histórica de la margen izquierda zaragozana.

Un ejemplo perfecto y muy reciente de cómo estos cambios vienen siempre de arriba a abajo y no a la inversa, lo encontramos de nuevo en este mismo distrito. El Ayuntamiento de Zaragoza, a finales del verano de 2018, bajo el gobierno de ZeC, implementó topónimos en aragonés junto a las tradicionales placas de las calles en barrios como El Arrabal, colocando una doble denominación que funciona, a todos los efectos, como una imposición de ingeniería lingüística. Por ejemplo en las calles Valle de Oza (Carrera d'a Val d'Oza), Valle de Broto (Carrera d'a Val de Broto) o San Juan de la Peña (Sant Chuan d'a Penya). Medida que altera el paisaje urbano sin ningún tipo de consulta vecinal, priorizando una visión histórica determinada sobre la memoria oral y cotidiana de los habitantes.

 

El borrado de la identidad obrera: El Barrio de la Química

Este intervencionismo de arriba abajo no solo viaja a la Edad Media; a veces simplemente busca maquillar la realidad. Durante gran parte del siglo XX, la zona noroeste de la ciudad fue conocida por miles de familias como el Barrio de la Química, debido a la presencia de la gran factoría Industrial Química de Zaragoza. Era un nombre duro, fabril, pero auténtico: definía la vida obrera y el sacrificio de quienes allí vivían.

En los años 80, el poder municipal consideró que el nombre tenía connotaciones negativas y contaminantes. En lugar de asumir la historia industrial reciente, los despachos bucearon mil años atrás para exhumar el término de La Almozara (la antigua finca de recreo musulmana al-musara). El cambio urbanístico trajo consigo un borrado de identidad: para los vecinos que se criaron entre las décadas de los 40 y los 70, la imposición del nuevo nombre significó la desaparición oficial del paisaje de su juventud.

 

Del Parque Grande al Parque Labordeta: El homenaje político frente a la costumbre

Un caso distinto en sus motivos, pero idéntico en su ejecución de arriba abajo, es el del principal pulmón verde de la ciudad. Para los zaragozanos, independientemente de que la cartelería oficial rezara históricamente "Cabezo de Buena Vista" o "Parque de Primo de Rivera", este espacio fue, ha sido y sigue siendo, de forma unánime y natural, el "Parque Grande". Sin embargo, en 2010, siendo alcalde Juan Alberto Belloch tras el entonces reciente fallecimiento del cantautor y político, el Ayuntamiento decidió rebautizarlo oficialmente como "Parque Grande José Antonio Labordeta". Esta medida ilustra de nuevo esa dinámica impositiva, pero añadiendo en este caso un claro sesgo ideológico: el homenajeado era una figura estrictamente contemporánea que militaba y lideraba la Chunta Aragonesista (CHA), un partido aragonesista, separatista y comunista. El poder institucional dicta así la rotulación para inmortalizar a un referente político de una facción concreta, mientras que la memoria oral de la calle, obstinada e inmune a los decretos, continúa llamándolo simplemente "Parque Grande". Una vez más, el mapa oficial camina por un lado y la voz ciudadana por el otro.

 

El cambio orgánico contra la ingeniería social y la manipulación

Como tantas cosas en la vida pública, el fondo de la cuestión radica en la dirección del cambio. Las transformaciones más sanas y duraderas de una sociedad son aquellas que van de abajo arriba: del pueblo al poder. Nacen de la necesidad cotidiana, del consenso implícito de la calle y de la evolución natural de las costumbres. Es un proceso lento que respeta la herencia de los padres.

El problema surge cuando el proceso se invierte y se ejecuta de arriba abajo. A través de sutiles pero eficaces artes —cambios de rotulación, mapas escolares selectivos, campañas publicitarias institucionales y el arrinconamiento del término tradicional bajo la etiqueta de "incorrecto"— el poder político logra moldear el entorno a su conveniencia ideológica.

Resulta ineludible hacer una reflexión al respecto. A las sociedades antiguas de hace siglos, aunque infinitamente menos democráticas, les resultaba mucho más difícil manipular así a la población. Seguramente por la falta de medios eficaces para el dominio de la opinión pública, el ciudadano mantenía más intacto su acervo. Hoy en día, sin embargo, gracias a los actuales medios de comunicación, se dicta una tendencia y la población enseguida se apunta a estos cambios. En este escenario, cabe preguntarse qué papel juegan hoy las redes sociales. A menudo criticadas, emergen en la actualidad como posiblemente el único medio del que dispone el pueblo para defenderse frente a la manipulación, tanto mediática como no mediática, del poder. Y es que este tipo de cuestiones terminológicas, que a simple vista parecen inofensivas, llevan una carga política muy fuerte en materia de identidades y, en suma, de separatismos. Todo lo cual no hace sino socavar al clásico estado-nación, debilitándolo frente a otras fuerzas disgregadoras, más potentes y subrepticias.

Si la regla obligatoria para nombrar nuestra realidad actual fuera regresar sistemáticamente a los ancestros medievales, tendríamos que rebautizar media Zaragoza, convirtiendo la ciudad en un parque temático historicista. Al final, imponer nombres de laboratorio sobre la memoria viva de nuestros padres y abuelos no es recuperar la historia; es, sencillamente, decidir qué parte de ella merece ser recordada y cuál debe ser olvidada desde un despacho.

De Mis conversaciones con la IA

 Servando Gotor