(Imagen generada con IA -Gemini-)
Una tarde senté a la Belleza en mis rodillas. Y la encontré amarga. Y la injurié. (A. Rimbaud)
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Maricarmen Abascal murió a los 87 años, catorce días después de ser desahuciada de la casa donde vivió siete décadas. Su lanzamiento se produjo, simple y llanamente, por la extinción legal de su contrato de renta antigua y tras completarse un procedimiento judicial que cumplió con todos los requisitos y garantías procesales para su efectividad. El hecho de que la propiedad le ofreciera un contrato nuevo —fueran cuales fuesen sus condiciones— no altera en absoluto la base legal y procesal que motivó el desahucio. Sin embargo, durante semanas, la imagen de su salida del edificio en camilla la transformó en el rostro indiscutible de la crisis de la vivienda en España. Pero los símbolos, al construirse sobre personas de carne y hueso, corren el riesgo de chocar frontalmente con la biografía.
La cautela documental
Antes de reescribir la historia, el rigor periodístico exige comprobar de forma irrefutable (y así se supone que se habrá hecho) que la "María del Carmen Abascal Martín" que figura como administradora de FIEBA y vicesecretaria del consejo de JINUR S.A. (una sociedad de inversión y explotación inmobiliaria con un capital de 950 millones de pesetas en 1994) es la misma persona. Asumir la identidad sin cruzar el DNI del Registro Mercantil con el del expediente judicial supondría cometer la misma ligereza que hoy se critica a quienes la encumbraron, máxime ante un nombre y unos apellidos bastante comunes.
Una contradicción política insostenible
Si la verificación documental confirma el dato, conviene ser precisos. El pasado de Maricarmen, ni el de nadie, sirve para justificar una injusticia actual, en el supuesto de que la hubiera. Ocupar un alto cargo societario hace treinta años no equivale a poseer personalmente esos 950 millones, ni atenúa la dureza humana de abandonar un hogar en la vejez.
Sin embargo, desde el punto de vista político y narrativo, el hallazgo plantea una contradicción insostenible. Resulta un despropósito argumental elevar a la categoría de símbolo supremo contra la especulación inmobiliaria a alguien cuya actividad mercantil pasada encarnaba diametralmente lo opuesto a la causa que hoy se defiende. Si un movimiento político o social necesita personificar la vulnerabilidad frente al mercado, existen sin duda biografías mucho más coherentes para sostener esa bandera sin que el relato colapse. Que, además, este relato se haya plasmado literalmente en la exposición de motivos de una norma legal publicada en el BOE, eleva el despropósito a categoría de disparate institucional.
El fracaso de la inercia mediática
La responsabilidad de este cortocircuito no recae en una mujer que simplemente afrontaba el final de su etapa en esa vivienda, sino en el ecosistema mediático y político que fabrica santos laicos por pura inercia. Arrastrados por el impacto emocional de una imagen, dirigentes y medios convirtieron un caso particular en paradigma nacional sin hacer el trabajo básico de consultar un registro público. Las trincheras ideológicas exigen víctimas inmaculadas, pero este caso demuestra que, al sacrificar la comprobación en favor de la propaganda emocional, se corre el riesgo evidente de elegir al símbolo equivocado.
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Después de redactar este artículo he podido realizar una comprobación adicional que considero necesario incorporar, por elemental rigor periodístico.
La información publicada por OKDIARIO sobre la trayectoria societaria de María del Carmen Abascal no se basa simplemente en la existencia de una persona con ese nombre en la documentación mercantil. El propio medio ha contrastado la identidad de la persona que aparece en los documentos del Registro Mercantil con la de la Maricarmen protagonista del procedimiento de desahucio, recurriendo a su documentación identificativa y haciendo constar, además, su fecha de nacimiento.
Esta comprobación resulta particularmente relevante porque elimina la objeción más inmediata que podía hacerse a la información: la posibilidad de que se tratara de una simple homonimia.
Por tanto, después de examinar las fuentes y las comprobaciones efectuadas por el propio periódico, considero que la información de OKDIARIO debe darse, mientras no aparezca una prueba que la contradiga, por suficientemente contrastada. Naturalmente, cualquier medio tiene plena libertad para verificarla por su cuenta y llegar a una conclusión diferente. Pero si pretende afirmar categóricamente que es falsa, que se trata de un bulo o que la persona identificada en el Registro Mercantil no es la misma que protagonizó el caso del desahucio, ya no basta con expresar dudas sobre la procedencia de la información: debe aportar una comprobación fehaciente que desmienta la identificación realizada por OKDIARIO.
Y esta precisión refuerza, en lugar de debilitar, la tesis central de este artículo, redactado, he de confesarlo como tantos otros, no como fruto de una conversación con la IA sino como una conversación contra la IA. Y cuando hablo de IA, hablo de varias herramientas condicionadas por la información mayoritaria y por determinados sesgos ideológicos dominantes contra los que siempre hay que luchar si se persigue un mínimo rigor y una mínima objetividad.
En definitiva, no estamos ante una información que deba aceptarse porque la publique un determinado periódico. Estamos ante una información susceptible de ser comprobada documentalmente por cualquier otro medio. La cuestión, por tanto, no es quién la publica ni cuál sea su orientación editorial, sino si los hechos que afirma son verdaderos.
Y en este caso concreto hemos podido comprobar algo que resulta esencial: OKDIARIO hizo precisamente la comprobación que despeja la duda fundamental sobre la identidad de la persona de la que hablaba.
De modo que, a partir de ahora, el debate ya no debería ser si «hay que creerse a OKDIARIO». La pregunta correcta es mucho más sencilla:
¿Hay algún documento o comprobación que demuestre que la María del Carmen Abascal que aparece en aquellas sociedades no es la misma María del Carmen Abascal protagonista del desahucio?
Hasta que aparezca esa prueba, lo objetivamente razonable es considerar acreditada esa identidad y discutir, a partir de ahí, las consecuencias —políticas, mediáticas o sociales— que cada cual quiera extraer de los hechos.
(Imagen generada con IA)
¡Venid, chicos, mirad Limoges, su ayuntamiento, años y años de convivencia hechos cenizas! ¡El fuego abajo en la planta baja, sí, las llamas lamiendo las viejas vigas de madera, subiendo y devorando las plantas superiores hasta que la cubierta del siglo XIX y la torre se desploman con un rugido de piedra que araña las conciencias! ¡Arte, arte abstracto con pinceladas de humo y nada! Pero no busques la respuesta en los libros! ¡Tomad nota en vuestras tablets: ciento cinco ayuntamientos asaltados a lo largo y ancho de la Galia, doscientos setenta y tres cuarteles policiales bajo el asedio de la multitud, y doscientos cuarenta y tres centros educativos, escuelas e institutos donde ya no resuenan las lecciones sino el estruendo de cristales rotos! ¡Dos mil quinientos ocho edificios dañados en la gran contabilidad del caos! ¡Mirad, mirad la plaza Bellecour de Lyon, la Oficina de Turismo que resistió ciento setenta y cuatro inviernos hoy es solo un esqueleto chamuscado! ¡Los alcaldes de Lille, Marsella y Grenoble contemplan sus puertas forzadas; la Marianne de París profanada y su busto en Marsella rodando por el suelo, derribados sin piedad, mientras la prefectura de la Gironda en Burdeos se ve invadida por la furia, y las sedes de CNews y Europe 1 en París reciben una lluvia de pedradas en sus cristaleras! El gobierno sale al paso, se rasca los bolsillos, y resuelve: doscientos cincuenta millones de euros para la reconstrucción de los símbolos de la Patria... Pero los arquitectos y artesanos advierten que el arte no se resuelve sólo con dinero, y que harán falta hasta dos años para que esos viejos palacios abran de nuevo sus puertas.
Imagen generada con IA (Gemini)
Por un Occidente que apenas
representa el 15 % de la población global, un extraño fervor normativo se
ha apoderado de sus élites. Bajo el paraguas de un mesianismo verde y
tecnocrático —del cual la Agenda 2030 es su compendio más ilustrativo—, la
civilización occidental pretende dictar un código de conducta riguroso, casi
monacal, destinado a frenar el deterioro ecológico del planeta. Lo paradójico
no es solo que una minoría demográfica aspire a imponer este manual de
restricciones al restante 85 % de la humanidad; lo verdaderamente
desconcertante es que, al mismo tiempo, Occidente desarma sus fronteras y sus
estructuras morales mediante una filosofía de tolerancia e integración
absolutas. Una apertura asimétrica frente a un "resto del mundo" que,
en gran medida, no comparte sus valores y, en sus vertientes más radicales,
aspira a fagocitarlos. ¿Cómo se explica semejante inmolación civilizacional?
Para rastrear el disparo intelectual de
salida de este repliegue, es imprescindible regresar a 1945, año en que el
filósofo Karl Popper publicó La
sociedad abierta y sus enemigos. Popper legó una de las mayores
advertencias del siglo XX: la "paradoja de la tolerancia". El
filósofo austriaco argumentaba que si una sociedad es tolerante de manera
ilimitada, su capacidad de tolerar será finalmente destruida por los
intolerantes. Lo que Popper concibió como una vigorosa defensa de la democracia
liberal frente a los totalitarismos nazi y soviético, la posmodernidad
occidental lo terminó desvirtuando. Occidente transformó la "sociedad
abierta" en una intemperie espiritual: un espacio híper-regulado en lo
material y económico, pero completamente relativista y vaciado de certezas en
lo identitario. Al renunciar a sus dogmas fundacionales en nombre de una
inclusión sin contrapartidas, la civilización se ha quedado sin anticuerpos
morales para defenderse.
Es precisamente en este vacío
existencial donde emerge la inquietante convergencia entre dos figuras
aparentemente antitéticas: el difunto pontífice Juan Pablo II y el
polémico novelista francés Michel Houellebecq.
El Papa y el provocador: Una
coincidencia en el abismo
A primera vista, la hipótesis resulta
casi herética. Michel Houellebecq es considerado por los sectores tradicionales
como la encarnación misma del vicio, el nihilismo y la depravación de las
letras contemporáneas; un cronista implacable de la decadencia sexual, la
alienación y el consumo. Por su parte, Karol Wojtyła representó la ortodoxia,
la defensa inquebrantable de la ley natural y los valores absolutos de la
Iglesia católica.
Sin embargo, al adentrarse en las
páginas de Las
partículas elementales (1998), se descubre una asombrosa lucidez
sociológica. Houellebecq no escribe desde la inmoralidad celebratoria, sino
desde el diagnóstico clínico de una autopsia. A través de la trágica alienación
de sus protagonistas, Bruno y Michel, el autor francés sitúa el colapso de la
civilización occidental en la resaca del Mayo del 68. Al disolver la familia,
mercantilizar el cuerpo y entronizar el egoísmo hedonista, Occidente atomizó a
sus ciudadanos hasta convertirlos en partículas aisladas, infelices y
estériles.
Es en este punto exacto donde el
novelista del vicio le da la razón al Papa de la ortodoxia. En la novela se
verbaliza con crudeza: solo Juan Pablo II vio venir el suicidio de Occidente.
¿Qué fue lo que vio el Pontífice?
Wojtyła acuñó el concepto de "Cultura de la muerte" para
advertir que una sociedad que reduce la existencia al bienestar material, al
utilitarismo económico y al placer inmediato, está condenada a la extinción
demográfica y espiritual. Ambos, desde trincheras opuestas, coincidieron en que
la Iglesia progresista cometió un error fatal al intentar
"secularizarse" y mimetizarse con la modernidad tolerante para
agradar al mundo. Al liquidar sus propios absolutos, Europa generó un vacío
metafísico colosal. Y la historia demuestra que los vacíos espirituales siempre
acaban siendo llenados por otras culturas con identidades colectivas mucho más
fuertes, asertivas e intolerantes.
La Agenda 2030 como el sucedáneo
moral de las élites
Desprovistas de una mística o de una fe
común que justifique la supervivencia y la reproducción, las élites dominantes
de Occidente han tenido que fabricar un sucedáneo moral para justificar su
gobernanza. Aquí es donde encajan las agendas globales contemporáneas.
Al no poder ofrecer una salvación para
el alma, la burocracia de Bruselas y Washington ofrece una "salvación para
el planeta". Se trata de un puritanismo laico y secularizado: la culpa
judeocristiana ya no se purga en el confesionario, sino cumpliendo rigurosas
normativas de huella de carbono y consumos restringidos. Sin embargo, este
relato ecologista no es más que una máscara ideológica. Incapaz de insuflar
vitalidad demográfica o coraje defensivo a una población envejecida, el
discurso verde funciona, en última instancia, como un mecanismo de ingeniería
financiera y control social que beneficia a las élites corporativas mientras
acelera la pérdida de relevancia geopolítica del viejo continente.
La inmolación de Occidente se explica,
por tanto, como una crisis de fe en sí mismo. Una civilización que comenzó
fascinada por la promesa de la "sociedad abierta" de Popper, terminó
devorada por sus propias paradojas. Al final del camino, resulta poético —y
profundamente perturbador— que la mirada gélida del novelista coincida con la
advertencia del Pontífice. Cuando los dogmas espirituales se extinguen y solo
quedan el vacío material y la culpa regulatoria, la caída es inevitable. Es la
paradoja última de nuestro tiempo: ha tenido que ser el cronista de la
decadencia quien certifique que el vicario de Cristo tenía razón. El texto está
escrito, el cuerpo civilizacional se desangra bajo la máscara de sus agendas
globales, y en esta asombrosa coincidencia entre el Papa de la ortodoxia y el
profeta del vicio, solo nos queda asistir a la autopsia de una inmolación
civilizacional.
Imagen generada por IA (ChatGPT)
El desahucio de Mari Carmen, una mujer
de 87 años desalojada este 23 de septiembre de su vivienda en el exclusivo
barrio madrileño del Retiro, ha monopolizado las portadas y los informativos de
todo el país. Las imágenes de su salida en camilla, asistida por el SAMUR tras
el cuarto intento de lanzamiento judicial, conforman la estampa perfecta de una
tragedia social.
Sin embargo, detrás de la cuidada puesta
en escena ―cómicos adeptos incluidos―, del abrumador consenso mediático y de la indignación
oficializada desde las más altas esferas del Gobierno, se esconde una
intencionada asimetría informativa. El debate público ha sido secuestrado por
un relato único que silencia el origen estructural del conflicto y manipula el
desconocimiento legal del ciudadano.
Para el 90% de los medios de
comunicación y para el propio presidente del Gobierno —quien no ha dudado en
instrumentalizar el drama desde Nueva York para atacar a sus rivales
políticos—, el guion es inamovible: una anciana vulnerable frente a
Urbagestión, un despiadado "fondo buitre" que exige una renta
inasumible y que, en un alarde de crueldad, habría rechazado la oferta de una supuesta
donante anónima dispuesta a pagar los 2.650 euros mensuales para mantener a la
mujer en su hogar. Por supuesto, la narrativa resulta emocionalmente
irrefutable, pero jurídicamente ficticia.
Procesalmente, un brindis al sol
Así, la prensa ha vendido el rechazo a
esta misteriosa mecenas como la prueba definitiva de la avaricia corporativa,
omitiendo que en los tribunales las buenas intenciones no bastan. Más aún, en
derecho procesal no se "ofrece" el dinero a través de los medios; se
consigna en la cuenta del juzgado. Sin un justificante de ingreso que cubra la
totalidad de la deuda —la cual, tras años de litigio, arrastra intereses de
demora y cuantiosas costas judiciales— cualquier ofrecimiento a gritos es un
mero brindis al sol. Y esto aun asumiendo que estuviéramos ante un desahucio
por impago de rentas, porque si el lanzamiento obedece a la extinción legal de
la subrogación del contrato, el vínculo jurídico está muerto y ninguna oferta
económica puede resucitarlo a la fuerza.
Pero la manipulación procesal va más
allá. El relato mediático presenta la ejecución policial como un ataque
fulminante y despiadado, ocultando que un cuarto intento de lanzamiento es,
precisamente, la certificación judicial de que todas las garantías legales se
habían ofrecido, la interesada las había rechazado y, por tanto, estaban
agotadas. Puesto que el sistema no expulsa a nadie sin red: si el tribunal
accedió a ejecutar la sentencia fue porque los Servicios Sociales ya habían
intervenido, los plazos legales de suspensión por vulnerabilidad habían
caducado y, sobre todo, porque las alternativas habitacionales ofrecidas por la
administración —como la plaza en una residencia en Alcalá de Henares— fueron
formalmente rechazadas por la desahuciada. La justicia no actúa, ni lo hizo
aquí, por sorpresa; actúa porque, tras agotar todos los cauces de protección
social, no tenía más margen legal para poder secuestrar el derecho de propiedad.
La ruina silenciosa del propietario
original
Además, al ocultar esta realidad
procesal, la prensa también recorta deliberadamente la mitad del encuadre
económico. La noticia que no abre los telediarios es la del propietario
original de ese inmueble: un ciudadano de a pie que, durante décadas, se vio
atrapado por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, obligado a mantener un
piso de 90 metros cuadrados con un alquiler congelado en torno a los 500 euros
mensuales.
Ese pequeño tenedor tuvo que hacer
frente al IBI, a las tasas, a los gastos de comunidad y a las elevadísimas
derramas de conservación que exige un edificio construido en los años
cincuenta. Atado de pies y manos por una legislación que descargaba sobre sus
ahorros privados el deber del Estado de proporcionar vivienda asequible, su
rentabilidad acabó por hundirse. Y esa asfixia matemática es, precisamente, la
que abre la puerta a los grandes inversores. Porque el pequeño propietario,
incapaz de sostener la carga, se ve obligado a vender a la baja a fondos como
Urbagestión, que sí tienen el músculo financiero y jurídico para esperar a que
el paraguas legal caduque y ejecutar sus derechos de mercado.
La coartada del poder
Que el aparato del Estado y los grandes
grupos de comunicación cierren filas en torno a la versión emotiva tiene una
utilidad táctica incuestionable. Al centrar toda la indignación social en los
fondos de inversión, el poder político desvía hábilmente la atención de su
propio y transversal fracaso: la nula construcción de un parque de vivienda
social digno y su incapacidad para ofrecer alternativas que los ciudadanos puedan
asumir.
Cuando desde las instituciones se impone
una visión maniquea y se oculta la realidad jurídica de los procedimientos, se
pavimenta el camino hacia soluciones legislativas populistas. Y seguir
legislando desde la emoción del relato único, ignorando deliberadamente que la
inseguridad jurídica acaba arruinando a los pequeños ahorradores y entregando
los barrios al gran capital, garantiza precisamente que este desahucio no sea
el último, sino el modelo a seguir.