El dilema de Badajoz: ¿quién responde si nadie reclama el dinero a David Sánchez?

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La sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que ha condenado a once personas por un delito de prevaricación administrativa en el denominado caso David Sánchez ha desplazado el centro del debate jurídico y político. El foco ya no se dirige únicamente hacia los condenados, sino hacia la actuación que, a partir de ahora, deberán adoptar las instituciones llamadas a proteger el patrimonio público.

La pregunta que empieza a plantearse en los círculos jurídicos es sencilla de formular y compleja de responder: si, una vez agotados los recursos, la sentencia adquiere firmeza, ¿podría llegar a plantearse alguna responsabilidad para los actuales responsables de la Diputación de Badajoz si deciden no reclamar la devolución de los salarios percibidos por David Sánchez? Conviene precisarlo desde el principio: esa eventual responsabilidad nunca podría recaer sobre la Diputación como institución —el artículo 31 quinquies del Código Penal excluye expresamente a las Administraciones públicas territoriales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas—, sino, en su caso, sobre las personas físicas que ocupen sus órganos de gobierno y decidan, con conocimiento y capacidad de actuar, no promover la recuperación del dinero.

 

Una condena sin restitución del dinero

Conviene partir de un dato procesal esencial. La sentencia, de casi 380 páginas, condena a David Sánchez Pérez-Castejón a nueve años de inhabilitación especial como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa, y al expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, a dieciocho años por dos delitos de la misma naturaleza. Los once acusados —entre ellos varios cargos y funcionarios de la propia institución— recibieron la misma pena de inhabilitación. El tribunal, sin embargo, los absolvió a todos del delito de tráfico de influencias, por lo que ninguno se enfrenta a pena de prisión.

Pese a la condena, la Audiencia no ha ordenado a David Sánchez reintegrar los 340.572 euros que percibió entre julio de 2017 y mayo de 2025. No es que el tribunal haya declarado improcedente esa devolución: es que ninguna de las partes con legitimación para reclamarla ejerció esa acción durante el procedimiento. El Ministerio Fiscal, que solicitó el sobreseimiento de la causa desde el inicio de la instrucción y mantuvo la petición de absolución hasta el final del juicio, nunca pidió el reintegro. La Diputación, titular de los fondos, tampoco se personó como perjudicada.

Sí lo pidieron las acusaciones populares, que en este procedimiento fueron siete: el Partido Popular, Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa, Liberum, Hazte Oír y la Fundación de Abogados Cristianos. Pero la Ley de Enjuiciamiento Criminal reserva el ejercicio de la acción civil a quien ostenta la condición de perjudicado, y la propia sentencia lo señala expresamente: no cabe entrar en la responsabilidad civil derivada del delito porque quienes la plantearon carecen de legitimación para hacerlo.

El resultado es llamativo: existe una condena en la instancia por prevaricación, pero ningún pronunciamiento sobre la devolución del dinero público. Y el propio fallo, consciente de ello, deja expresamente en manos de la Diputación —como entidad pagadora— o del Tribunal de Cuentas la decisión de reclamar esas cantidades por vía administrativa o contable.

 

La cuestión no es la tentativa, sino la omisión futura

Ante esta situación, algunos análisis han sugerido que la pasividad mantenida hasta ahora por la Fiscalía y por la propia Diputación podría haber sido ya una conducta reprochable. Técnicamente, sin embargo, el debate debe formularse de otro modo: lo relevante no es si hubo alguna irregularidad durante la tramitación del procedimiento, sino si la persistencia en la inactividad, una vez desaparezcan las razones que hoy pueden justificarla, podría llegar a tener consecuencias jurídicas para quienes decidan no actuar.

Mientras el proceso siga abierto, existen argumentos que explican una actitud de prudencia institucional. La decisión del Ministerio Fiscal de no formular acusación forma parte del ejercicio ordinario de sus funciones, desarrolladas con autonomía funcional; la discrepancia con ese criterio no basta, por sí sola, para reprochárselo. Y la Diputación, mientras la condena no sea firme, también puede sostener razonablemente una posición expectante: reclamar ahora anticiparía consecuencias patrimoniales apoyadas en una resolución todavía revocable.

 

Lo que dice la doctrina sobre la prevaricación por omisión

La posibilidad de que la inacción de una Administración adquiera relevancia penal no es una hipótesis exótica. La jurisprudencia del Tribunal Supremo admite, en supuestos excepcionales, que la prevaricación se cometa por omisión: cuando la autoridad tiene un deber jurídico concreto de resolver o de actuar, y su inacción equivale materialmente a una resolución arbitraria, esa pasividad puede llegar a ser tan antijurídica como la firma de un acto ilegal.

La experiencia de otros grandes casos de corrupción muestra, además, que el mecanismo de recuperación, aunque lento, puede llegar a funcionar en la práctica: en el caso Blasco, sobre el fraude en subvenciones de cooperación de la Generalitat Valenciana, la Administración ha seguido ingresando —más de una década después de los hechos— cantidades recuperadas a través del procedimiento de reintegro y del Tribunal de Cuentas. Es un precedente distinto en sus hechos —allí hubo un desvío activo de fondos, no una simple pasividad posterior a una condena—, por lo que conviene no forzar la comparación; pero sirve para mostrar que la vía del reintegro administrativo y contable no es meramente teórica.

 

El punto de inflexión: la firmeza, y lo que ya se mueve antes de ella

El escenario cambiará sustancialmente cuando la sentencia adquiera firmeza. Y ese momento puede llegar antes de lo que el debate público asume: las acusaciones populares ya han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, dentro del plazo legal, para pedir que se reconozcan también los delitos de tráfico de influencias y malversación —de los que los once acusados fueron absueltos en primera instancia— y que se obligue a David Sánchez a devolver el dinero cobrado.

Es decir: la pregunta que aquí se plantea —qué ocurre si nadie reclama el dinero cuando la sentencia sea firme— ya está siendo, en parte, respondida por la propia dinámica procesal, antes incluso de que exista firmeza. Si el TSJ de Extremadura estimara ese recurso y reconociera la malversación, la cuestión de la restitución podría resolverse por esa vía, sin necesidad de que la Diputación mueva un dedo. Si lo desestima y la condena por prevaricación queda firme tal cual está redactada hoy —sin pronunciamiento civil—, entonces sí se abre plenamente el escenario planteado: la decisión volverá a quedar en manos de la Diputación y del Tribunal de Cuentas.

Llegado ese momento, si los responsables públicos decidieran conscientemente no promover ninguna actuación de reintegro, podría abrirse un debate jurídico relevante sobre si esa omisión es compatible con el deber legal de defensa del patrimonio público. Pero no bastaría una mera discrepancia sobre la estrategia procesal: haría falta un deber jurídico concreto de actuar, la posibilidad real de hacerlo y la voluntad consciente de permitir que el perjuicio se consolidara. Y habría que precisar, además, qué tipo penal podría llegar a aplicarse a esa inacción futura: previsiblemente, de nuevo, una prevaricación omisiva, ya que la malversación exige actos de disposición activa sobre el patrimonio público que en ese escenario no concurrirían.

 

Más allá del delito: el enriquecimiento injusto

Existe, sin embargo, otra cuestión que apenas ha recibido atención y que probablemente sea el núcleo real del problema, al margen de cómo evolucione lo penal.

El absentismo laboral, por sí solo, no constituye normalmente un delito: puede generar consecuencias laborales o disciplinarias, pero no toda falta de prestación efectiva de servicios tiene relevancia penal. Distinta es la eventual consolidación de un enriquecimiento sin causa financiado con dinero público. Si una resolución judicial firme concluye que la plaza de la que derivaban esas retribuciones nació de una actuación prevaricadora —y eso, con la condena en primera instancia, ya está dicho— y, pese a ello, ninguna institución impulsa la recuperación de las cantidades abonadas, el debate se traslada del terreno penal al de la tutela del patrimonio público.

El Derecho español rechaza desde antiguo el enriquecimiento injusto como principio general. Sería difícil de explicar que unos fondos públicos cuya recuperación resulta jurídicamente posible permanezcan definitivamente en el patrimonio de quien los percibió solo porque la Administración perjudicada decidió no reclamarlos.

 

El papel del Tribunal de Cuentas

La firmeza de la sentencia no agotará las vías de reacción del ordenamiento. Corresponderá en primer término a la Diputación valorar el ejercicio de las acciones de reintegro y promover, en su caso, los expedientes oportunos. Paralelamente, el Tribunal de Cuentas puede depurar responsabilidades contables a través del procedimiento de reintegro por alcance de fondos públicos previsto en su ley orgánica, siempre que concurran los presupuestos legalmente exigidos, una vía que además abre la puerta a que las propias acusaciones populares ejerzan la acción pública contable.

Incluso si, desaparecidos todos los obstáculos procesales, persistiera una inactividad injustificada por parte de quienes tienen el deber de proteger esos recursos, podría llegar a plantearse una investigación penal por comisión por omisión o por otras figuras delictivas que, en función de las circunstancias concretas, pudieran resultar aplicables. No se trataría de juzgar de nuevo a David Sánchez, sino la eventual responsabilidad de quienes, teniendo la obligación de defender el patrimonio de la institución, hubieran optado por no hacerlo.

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 Servando Gotor

EL POLVORÍN POLÍTICO-ADMINISTRATIVO: POR QUÉ ESPAÑA SE QUEMA MÁS ALLÁ DEL CAMBIO CLIMÁTICO

 

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Por debajo del relato oficial de los informativos de televisión y las condiciones meteorológicas extremas, una maraña de parálisis presupuestaria, hiperregulación verde y fragmentación autonómica desarma al país ante las emergencias. Las tragedias acumuladas demuestran que el tacticismo y la inoperancia institucional ya están costando vidas humanas.

 

Mientras las pantallas de televisión retransmiten las dramáticas imágenes de las llamas avanzando sobre los pueblos y recogen las declaraciones institucionales de tranquilidad de los políticos de turno, la realidad de la gestión de crisis en España discurre por un camino subterráneo mucho más crudo. El devastador incendio de Los Gallardos en Almería ha vuelto a poner de manifiesto una verdad incómoda: las catástrofes no solo se alimentan de la meteorología, sino de las disfunciones políticas y administrativas de la estructura del Estado.

El análisis de la trastienda de esta crisis revela los cuatro grandes ejes donde el sistema institucional español está fallando a la hora de proteger a sus ciudadanos, abriendo un profundo debate sobre la inoperancia práctica de nuestro modelo actual.

 

1. El colapso operativo: flotas viejas y sin repuestos

El primer síntoma del abandono estructural se encuentra en el aire. La campaña contra incendios arrancó con la grave denuncia de que la mitad de la flota estratégica de hidroaviones de élite (los Canadair operados por el Grupo 43 del Ejército del Aire) se encuentra inmovilizada. Un cuello de botella en el fabricante canadiense De Havilland y la falta de inversiones sostenidas impiden la llegada de recambios, dejando al país a merced del fuego. Los parches de emergencia a través de la contratación de aeronaves complementarias ofrecen hasta un 40% menos de capacidad de carga de agua, limitando drásticamente el poder de extinción en los momentos más críticos del verano.

 

2. Cuatro años sin presupuestos y la parálisis de los fondos europeos

Los incendios de verano deben sofocarse mediante la prevención invernal, pero la maquinaria financiera de España lleva cuatro años consecutivos con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados. Esta situación anómala impide por ley iniciar nuevas grandes inversiones plurianuales, forzando al Estado a depender de modificaciones de crédito y decretos de urgencia improvisados sobre la marcha.

A esto se suma la alarmante ineficacia en la gestión de las ayudas comunitarias: la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha reportado que casi el 80% de los fondos asignados a la gestión forestal permanecen bloqueados en los despachos por el exceso de trámites y los asfixiantes hitos burocráticos europeos. España padece "obesidad financiera" en las cuentas y "anorexia operativa" en los montes.

 

3. La paradoja de las "políticas verdes" y el abandono rural

Existe un creciente clamor en el sector primario que denuncia cómo las directrices medioambientales de corte conservacionista estricto han acabado siendo contraproducentes. La regulación orientada a la "renaturalización" o el abandono de la intervención humana en los ecosistemas ha asfixiado actividades históricas y esenciales como el pastoreo extensivo y la agricultura tradicional de secano.

Sin rebaños de cabras y ovejas que limpien el sotobosque (los tradicionales "cortafuegos biológicos"), y con infinitas trabas burocráticas para que los habitantes rurales recojan leña muerta o realicen desbroces, el monte mediterráneo se ha convertido en una masa forestal continua e ininterrumpida. Un paisaje homogéneo que actúa como un gigantesco polvorín esperando para arder a velocidades que superan la capacidad humana de extinción.

 

4. La fragmentación autonómica y el vacío del Estado

La estructura del Estado descentralizado ha dejado la gestión del medio ambiente y los servicios de extinción en manos de las 17 comunidades autónomas de forma exclusiva. Sin una autoridad única nacional ni un protocolo técnico y laboral estandarizado, España afronta emergencias que no entienden de fronteras geográficas con 17 operativos diferentes que a menudo sufren problemas de interoperabilidad, descoordinación o ritmos políticos dispares. El Gobierno central queda reducido a un papel de mero coordinador secundario o de proveedor de auxilio a través de la Unidad Militar de Emergencias (UME) cuando la tragedia ya se ha consumado.

 

Análisis de fondo: Llueve sobre mojado en el balance de víctimas

Frente a la gravedad de las emergencias actuales, los datos demuestran que la actual fragmentación y dispersión político-administrativa del Estado resulta francamente inoperante para dar una respuesta ágil a problemas de seguridad nacional. La desconexión entre un marco regulatorio centrado en expectativas ideales (políticas verdes, climáticas o igualitarias) y las necesidades materiales de los operativos (presupuestos consolidados, mantenimiento técnico y gestión activa de las infraestructuras) genera un escenario de indefensión civil.

Sin embargo, el incendio de Almería no es un hecho aislado. En la memoria colectiva de los españoles llueve sobre mojado. Esta misma inoperatividad flagrante, este mismo colapso de la coordinación y esta misma asfixia presupuestaria en inversión real ya se pusieron de relieve de forma dramática con la DANA de Valencia, primero, y con el accidente ferroviario de Adamuz, después. No estamos ante fallos puntuales del sistema, sino ante un patrón crónico de parálisis institucional. Son ya demasiados muertos en el balance de un país que asiste a tragedias evitables porque sus administraciones están más ocupadas en el blindaje político que en la seguridad pública. El clamor ciudadano exige un rotundo "ya vale" ante la condescendencia oficial.

Cuando la urgencia de una catástrofe exige un mando único robusto, una burocracia simplificada y recursos actualizados, la arquitectura institucional actual tiende a responder con lentitud y dispersión competencial. Se constata así que un Estado puede sobrevivir administrativamente mediante prórrogas y decretos porque la letra de la ley ofrece resquicios para ello, pero pierde por completo la capacidad de ser un gestor eficaz, ordenado y previsible.

 

Conclusión: La única salida ética y constitucional

El análisis técnico, ético y político de esta parálisis prolongada obliga a deshacer falsas equivalencias. No es equiparable la táctica de estirar las costuras del marco legal mediante decretos y parches mensuales —orientada al bloqueo permanente del adversario y a la mera supervivencia en el poder— con el mandato constitucional genuino de gobernabilidad. La Constitución exige taxativamente al Gobierno la presentación anual de las cuentas públicas como reflejo de su confianza parlamentaria.

Por tanto, ante una minoría acreditada que incapacita al Estado para aprobar sus Presupuestos Generales y atender las necesidades vitales del territorio, la única respuesta moral, jurídica, ética y constitucionalmente sostenible es devolverle de inmediato la palabra al pueblo soberano. Acudir a las urnas no es un recurso partidista de confrontación, sino el mecanismo de regeneración democrática por excelencia. Es la vía limpia para que los ciudadanos deshagan el bloqueo institucional y otorguen una mayoría suficiente que permita gobernar el país con absoluta y entera eficacia, salga el resultado que salga.

Mientras no se restablezca esa legitimidad de gestión, en los platós de televisión predominará la narrativa oficial de la inevitabilidad climática, pero en la realidad material los españoles seguirán pagando con sus vidas el peaje de un sistema que protege a los ciudadanos sobre el papel de los despachos, pero los abandona a su suerte cuando llegan las crisis.

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 Servando Gotor

La Zaragoza de laboratorio frente a la Zaragoza de la memoria: Cuando el mapa borra a los abuelos

SGS 

Zaragoza, como cualquier urbe con dos milenios de historia a sus espaldas, cambia de piel de forma inevitable. El urbanismo avanza, las industrias se mudan y las generaciones se suceden. Sin embargo, en las últimas décadas, la capital del Ebro ha sido testigo de un fenómeno silencioso pero profundo: la sustitución de su memoria oral y familiar por una identidad de diseño institucional, impuesta de arriba abajo desde los despachos políticos.

El debate no es meramente ortográfico o administrativo; toca la fibra misma de cómo se construye el recuerdo y la identidad de los vecinos. ¿Quién tiene derecho a decidir cómo se llama el rincón donde nos criamos? ¿El decreto de un político basado en un pergamino medieval por motivos de oportunidad, o el habla cotidiana de cuatro generaciones de zaragozanos?

 

De la Magdalena a la Madalena: El salto temporal artificial

El caso del histórico barrio de la Magdalena es paradigmático. Para cualquier zaragozano que ronde los sesenta años, y para sus padres, abuelos y tatarabuelos, el barrio siempre fue, de forma natural y cotidiana, Magdalena, con "g". Era el nombre normativo, el escolar, el administrativo y el familiar asentado durante los siglos XIX y XX.

Sin embargo, a partir de la Transición, el activismo político y los movimientos aragonesistas rescataron la grafía medieval La Madalena (sin "g"). Es cierto que los documentos notariales de los siglos XIV y XV ya registraban esa evolución fonética del aragonés antiguo. Pero se trataba de un eslabón perdido en la transmisión oral de la gran mayoría de las familias del siglo XX. Al institucionalizarse el término sin "g" desde el Ayuntamiento y los colectivos culturales, se ejecutó una suerte de ingeniería lingüística: se dio un salto hacia atrás de quinientos años, ignorando deliberadamente la memoria viva de los vecinos que habitaban y daban vida al barrio en ese momento.

 

Del Arrabal al Rabal y la rotulación bilingüe: La mimetización de la periferia 

El patrón se repite cruzando el río. La margen izquierda, de tradición humilde, agrícola y obrera, siempre se reconoció a sí misma como el barrio del Arrabal. El término, derivado del árabe arrabáḍ ("fuera de muros"), tiene un arraigo histórico incuestionable; bajo ese nombre los vecinos combatieron en los Sitios o levantaron las industrias del siglo XX.

A finales del siglo pasado, la reestructuración municipal de los distritos decidió bautizar la zona oficialmente como El Rabal (con "b"). Al rescatar una variante medieval en desuso y eliminar la "A" inicial, la burocracia no solo rompió con la tradición oral reciente, sino que abrió la puerta a una confusión añadida. Por mimetismo con modas políticas y otras realidades geográficas ajenas —como el célebre Raval de Barcelona—, no es raro ver hoy el nombre escrito incluso con "v", desdibujando por completo la verdadera raíz histórica de la margen izquierda zaragozana.

Un ejemplo perfecto y muy reciente de cómo estos cambios vienen siempre de arriba a abajo y no a la inversa, lo encontramos de nuevo en este mismo distrito. El Ayuntamiento de Zaragoza, a finales del verano de 2018, bajo el gobierno de ZeC, implementó topónimos en aragonés junto a las tradicionales placas de las calles en barrios como El Arrabal, colocando una doble denominación que funciona, a todos los efectos, como una imposición de ingeniería lingüística. Por ejemplo en las calles Valle de Oza (Carrera d'a Val d'Oza), Valle de Broto (Carrera d'a Val de Broto) o San Juan de la Peña (Sant Chuan d'a Penya). Medida que altera el paisaje urbano sin ningún tipo de consulta vecinal, priorizando una visión histórica determinada sobre la memoria oral y cotidiana de los habitantes.

 

El borrado de la identidad obrera: El Barrio de la Química

Este intervencionismo de arriba abajo no solo viaja a la Edad Media; a veces simplemente busca maquillar la realidad. Durante gran parte del siglo XX, la zona noroeste de la ciudad fue conocida por miles de familias como el Barrio de la Química, debido a la presencia de la gran factoría Industrial Química de Zaragoza. Era un nombre duro, fabril, pero auténtico: definía la vida obrera y el sacrificio de quienes allí vivían.

En los años 80, el poder municipal consideró que el nombre tenía connotaciones negativas y contaminantes. En lugar de asumir la historia industrial reciente, los despachos bucearon mil años atrás para exhumar el término de La Almozara (la antigua finca de recreo musulmana al-musara). El cambio urbanístico trajo consigo un borrado de identidad: para los vecinos que se criaron entre las décadas de los 40 y los 70, la imposición del nuevo nombre significó la desaparición oficial del paisaje de su juventud.

 

Del Parque Grande al Parque Labordeta: El homenaje político frente a la costumbre

Un caso distinto en sus motivos, pero idéntico en su ejecución de arriba abajo, es el del principal pulmón verde de la ciudad. Para los zaragozanos, independientemente de que la cartelería oficial rezara históricamente "Cabezo de Buena Vista" o "Parque de Primo de Rivera", este espacio fue, ha sido y sigue siendo, de forma unánime y natural, el "Parque Grande". Sin embargo, en 2010, siendo alcalde Juan Alberto Belloch tras el entonces reciente fallecimiento del cantautor y político, el Ayuntamiento decidió rebautizarlo oficialmente como "Parque Grande José Antonio Labordeta". Esta medida ilustra de nuevo esa dinámica impositiva, pero añadiendo en este caso un claro sesgo ideológico: el homenajeado era una figura estrictamente contemporánea que militaba y lideraba la Chunta Aragonesista (CHA), un partido aragonesista, separatista y comunista. El poder institucional dicta así la rotulación para inmortalizar a un referente político de una facción concreta, mientras que la memoria oral de la calle, obstinada e inmune a los decretos, continúa llamándolo simplemente "Parque Grande". Una vez más, el mapa oficial camina por un lado y la voz ciudadana por el otro.

 

El cambio orgánico contra la ingeniería social y la manipulación

Como tantas cosas en la vida pública, el fondo de la cuestión radica en la dirección del cambio. Las transformaciones más sanas y duraderas de una sociedad son aquellas que van de abajo arriba: del pueblo al poder. Nacen de la necesidad cotidiana, del consenso implícito de la calle y de la evolución natural de las costumbres. Es un proceso lento que respeta la herencia de los padres.

El problema surge cuando el proceso se invierte y se ejecuta de arriba abajo. A través de sutiles pero eficaces artes —cambios de rotulación, mapas escolares selectivos, campañas publicitarias institucionales y el arrinconamiento del término tradicional bajo la etiqueta de "incorrecto"— el poder político logra moldear el entorno a su conveniencia ideológica.

Resulta ineludible hacer una reflexión al respecto. A las sociedades antiguas de hace siglos, aunque infinitamente menos democráticas, les resultaba mucho más difícil manipular así a la población. Seguramente por la falta de medios eficaces para el dominio de la opinión pública, el ciudadano mantenía más intacto su acervo. Hoy en día, sin embargo, gracias a los actuales medios de comunicación, se dicta una tendencia y la población enseguida se apunta a estos cambios. En este escenario, cabe preguntarse qué papel juegan hoy las redes sociales. A menudo criticadas, emergen en la actualidad como posiblemente el único medio del que dispone el pueblo para defenderse frente a la manipulación, tanto mediática como no mediática, del poder. Y es que este tipo de cuestiones terminológicas, que a simple vista parecen inofensivas, llevan una carga política muy fuerte en materia de identidades y, en suma, de separatismos. Todo lo cual no hace sino socavar al clásico estado-nación, debilitándolo frente a otras fuerzas disgregadoras, más potentes y subrepticias.

Si la regla obligatoria para nombrar nuestra realidad actual fuera regresar sistemáticamente a los ancestros medievales, tendríamos que rebautizar media Zaragoza, convirtiendo la ciudad en un parque temático historicista. Al final, imponer nombres de laboratorio sobre la memoria viva de nuestros padres y abuelos no es recuperar la historia; es, sencillamente, decidir qué parte de ella merece ser recordada y cuál debe ser olvidada desde un despacho.

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 Servando Gotor

El extraño caso de la tanda cuántica de penaltis en el Mundial secreto del 42 en Río Seco

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—¡Que no, Luigi, que tu cadera izquierda está en superposición cuántica! ¡Por eso no hueles un balón desde el siglo pasado! —grita el anciano brasileño o Baixinho, apoyándose en su andador de aluminio.

—¡Che stupidaggini! —responde Luigi desde la portería, reajustándose una dentadura postiza que amenaza con salir disparada—. Mi cadera está perfecta. Es tu maldito balón el que se desintegra en una función de onda cada vez que tomas carrera. ¡Eres un tramposo subatómico, Baixinho!

Y así llevan ochenta y cuatro años con el mismo rollo. Vamos por el penalti 14.620.411 del Mundial de 1942, un torneo a un solo partido que la FIFA borró de sus archivos oficiales por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Solo Brasil e Italia se presentaron en este claro de la selva de Río Seco. Y así, tras un empate a cero absoluto en los noventa minutos y en la prórroga, se abrió la tanda de penaltis más larga de la historia de la humanidad... y de la física moderna.

O Baixinho acomoda el esférico, que ya no es de cuero, sino una masa remendada con cinta aislante que emite un ligero zumbido fosforescente. El brasileño toma tres pasos de carrera corta, sus articulaciones nonagenarias crujen como ramas secas y dispara.

En ese instante, las leyes de Isaac Newton colapsan en Río Seco. El balón no viaja en una trayectoria limpia; se transforma en una nube de probabilidad estocástica. Es, a la vez, un disparo a la escuadra izquierda, un tiro raso al centro y un balonazo al estómago de Luigi. El guardameta italiano vuela hacia su derecha e intercepta limpiamente la versión A de la pelota. Siente el impacto en sus guantes gastados, pero la versión B de la pelota ya está agitando los jirones de alambre de la red.

Según el principio de incertidumbre (física cuántica cien por cien), hasta que un observador válido no mira el fondo de la portería, el gol es y no es al mismo tiempo, como el gato de Schrödinger. Pero como el árbitro (un panadero local) falleció en el 84, el universo siempre colapsa a favor del gol para evitar una paradoja espaciotemporal que destruiría Sudamérica.

—¿Tu vês isso? ¡Effetto túnel, cara! Ha atravesado las mias manos sólidas como si fuera un fantasma de elio —protesta Luigi, sacudiéndose el polvo de las rodillas con infinita paciencia mientras le devuelve el balón a los brasileños.

Y de repente…:

—¡Silencio en el laboratorio de campo! —brama una voz chillona desde el córner.

Todos se miran extrañados. Es el profesor Hans-Werner Heisenberg (sin parentesco real con el físico, aunque él insiste en lo contrario), un científico chiflado que lleva tres décadas viviendo en una cabaña junto al córner. Viste una bata de laboratorio manchada de mango y sostiene un osciloscopio conectado a una batería de camión.

—¡Por favor, no alteren las variables psicológicas! —exclama el profesor, ajustándose unas gafas de tres cristales—. Mis instrumentos confirman que la repetición hiperbólica de este maldito penalti en un entorno selvático aislado ha roto el tejido de la física clásica. Son todos ustedes prisioneros de una probabilidad matemática irrefutable. ¡El error les está biológica y físicamente vedado!

El científico loco corre hacia el punto de penalti, apartando a los ancianos con ademanes frenéticos.

—¡Miren! Si un delantero intentara fallar a propósito para poder morir en paz y ver a sus tataranietos, el entrelazamiento cuántico haría que la bola rebotara en una molécula de oxígeno flotante y se desviara mágicamente hacia la escuadra. ¡De modo que están condenados a la perfección eterna! Dios no juega a los dados, pero la FIFA claramente sí.

Luigi y o Baixinho miran al científico, luego se miran entre ellos y suspiran al unísono. La tiranía del azar cuántico los mantiene jóvenes por tres segundos cada vez que golpean la pelota, pero el resto del tiempo el reuma sigue ahí.

— Va bene, va bene, professore… —dice Luigi, acomodando el esférico cuántico en la cal por millonésima vez—. Meno scienza e mais concentração, por favor. Tengo que chutar. ¡Baixinho: a ver si las tuas partículas elementales te ayudan a parar esta, malandro!

El loco profesor se lleva las manos a la cabeza, horrorizado por la blasfemia científica, mientras el venerable italiano toma carrera. Un anciano chuta, un portero vuela en tres dimensiones paralelas a la vez, y el viejo silbato del árbitro difunto, colgado de la rama de un mango, vibra silenciosamente en su propia frecuencia de onda.

Y así llevan ochenta y cuatro años. Bajo el sol eterno de la selva de Río Seco. Se rumorea que los tataranietos de Luigi ya se han jubilado y que la FIFA sigue enviando balones de contrabando para que la función de onda no colapse. Y dicen, y dicen y dicen, en fin, que los viejos campeones nunca morirán, condenados por las leyes de la física a buscar, un penalti tras otro, el milagro macroscópico de que alguna vez el azar, gracias a una decisiva mirada, decida sencillamente que un balón dé en el poste y salga rebotado fuera de los tres palos.

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Servando Gotor

EL ESPEJO VACÍO Y EL FIN DEL AUTOR ESTRELLA: Apuntes sobre la honradez artificial

 

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Imaginen la escena: un lector termina un ensayo brillante, perspicaz y conmovedor. Siente el eco de las palabras resonando en su mente. Pero, al llegar al punto final, una sobria nota a pie de página le informa de que el texto ha sido generado mediante una Inteligencia Artificial. De forma casi refleja, el lector experimenta un respingo de indignación; se siente vagamente estafado. Siente que la emoción que acaba de experimentar es de plástico.

Pero si aplicamos el rigor de la honradez intelectual al análisis, cabe preguntarse: ¿por qué la decepción? Si el contenido es objetivamente lúcido, ¿qué es lo que nubla la experiencia?

La respuesta reside en la asimetría de la empatía. Leer no es solo descodificar información; es un pacto tácito de comunión humana. El lector asume que, al otro lado de la página, hay alguien que ha sentido ese duelo, esa belleza o esa ironía. Al descubrir la naturaleza algorítmica del texto, el lector se siente vulnerable porque percibe que ha invertido su propia humanidad ante un espejo vacío. Más aún: asiste al colapso del constructo de nuestra excepcionalidad. Descubre, con cierta humillación narcisista, que acaba de participar en un test de Turing no consentido... y lo ha perdido.

Sin embargo, para entender a quién pertenece realmente esa obra y cómo debemos juzgarla, necesitamos despojarnos de varios mitos literarios que llevan siglos distorsionando nuestra visión.

 

El espejismo del adanismo y el taller de Rembrandt

A los humanos nos reconforta creer en la originalidad absoluta, en el genio solitario que crea desde el vacío sideral. La realidad, sin embargo, es que el adanismo no existe y la cultura siempre ha avanzado por acumulación y ósmosis.

Conviene recordar que el mismísimo Cervantes inició su Quijote apropiándose de un verso de un romance anónimo popular en la época (del cancionero Flores del Parnaso). O cómo Camilo José Cela pareció metabolizar la estructura del Manhattan Transfer de Dos Passos; o cómo el inconfundible estilo de García Márquez terminó habitando, como un inquilino natural, en la prosa de Isabel Allende. El estilo literario no se patenta; pertenece al ecosistema. Cuando una IA redacta un texto al 100%, hace exactamente esto, pero desprovista de las angustias de la influencia: realiza una síntesis estadística del acervo universal. No roba a un autor; toma prestado de todos simultáneamente.

¿Significa esto que el usuario de la IA carece de mérito? No, pero exige que cambiemos de paradigma. El concepto de autoría siempre ha sido más poroso de lo que admite el mercado. Muchos de los lienzos que hoy admiramos bajo la firma de Rembrandt no fueron ejecutados íntegramente por él, sino por su "Escuela". Él aportaba la visión, el encuadre y, quizás, la pincelada final. Ocurre lo mismo en el cine: atribuimos la autoría de una obra a su director, a pesar de que este no ha cosido el vestuario, no ha iluminado el set ni ha escrito el guion. Es, sólo, y nada más y nada menos, que la fuerza aglutinadora.

Si un humano concibe las ideas y utiliza una IA para tejer la sintaxis —como quien utiliza a un "negro" literario hiperveloz y libre de tendinitis—, su rol muta. Ya no es el artesano que talla la palabra; es el director de la obra.

 

Proust no escribía "prompts"

Llegados a este punto, algunos defensores del determinismo tecnológico intentan elevar la redacción de instrucciones (el prompting) a la categoría de nuevo género literario. Es un error de bulto que confunde la utilidad con la estética.

Redactar un prompt no es arte, es un andamiaje técnico. Exige exactitud, detalle paramétrico y concisión matemática para anular el error. El arte, por el contrario, respira precisamente a través de la ambigüedad. Como reclamaba Paul Verlaine en su Arte Poética: "¡Nada más que el matiz!". Es el tono gris y lo inacabado lo que permite al espectador completar la obra.

Si Marcel Proust hubiera tenido que describir mediante una instrucción a aquel grupo de muchachas en flor en la playa de Cabourg, habría exigido a la máquina una precisión que habría destruido la bruma del recuerdo. Exigir a un algoritmo que sea "vagamente melancólico" no produce literatura; produce, a lo sumo, el manual de instrucciones de una nostalgia.

 

El trauma de la fotografía y el fetiche del esfuerzo

Si la máquina pone la argamasa y el prompt es solo la herramienta, ¿por qué nos cuesta tanto reconocer el valor de la dirección intelectual humana? La respuesta reside en el fetiche del esfuerzo.

Desde el Romanticismo, arrastramos la superstición de que el valor de una obra es directamente proporcional al sufrimiento físico invertido en su creación. Hemos asimilado la falsa equivalencia de que la dificultad técnica equivale a la hondura artística. Cuando el lector descubre que un ensayo complejo ha sido materializado en segundos, experimenta un rechazo visceral porque siente que la obra no ha sido "pagada" con el desgaste vital del autor.

Ya hemos vivido este trauma antes. Cuando se inventó la fotografía, parte del mundo académico se llevó las manos a la cabeza argumentando que apretar un mecanismo no era arte, pues eliminaba el sudor del trazo y la mezcla de pigmentos. Tardamos décadas en comprender que el valor del fotógrafo no residía en la química del revelado, sino en la mirada, en la decisión de congelar un instante específico y no otro. Con la escritura asistida por IA, el público aún juzga el texto por la ausencia de caligrafía sudada, incapaz todavía de valorar el "encuadre intelectual" de quien dirige a la máquina.

 

El regreso a la fogata y el fin de la celebridad

Todo esto nos aboca a una conclusión fascinante: la Inteligencia Artificial no viene a matar al "autor estrella", sino a oficiar el funeral de un modelo que ya colapsaba bajo su propio peso.

En un mundo hiperalfabetizado donde se publican miles de obras al día, la autoría ya sufría una inflación brutal. El escritor célebre era, en gran medida, fruto de una época donde saber escribir y poder publicar era una anomalía estadística. Hasta ahora, el último refugio del ego literario era la inspiración: el don de tener buenas ideas y articularlas bien. Pero la IA democratiza la brillantez formal. Te saca de callejones sin salida y abre puertas que jamás soñaste. Eleva de tal forma el suelo de la calidad que escribir de manera impecable deja de ser patrimonio de los genios para convertirse en el estándar mínimo exigible.

Paradójicamente, este avance tecnológico nos devuelve a nuestros orígenes antropológicos. Antes de la imprenta y del copyright, alrededor de la fogata o en la plaza del pueblo, a nadie le importaba el nombre del juglar que recitaba los versos de Aquiles o del Cid. Lo sagrado era la obra, no la firma.

Reivindicar hoy una obra generada por algoritmos afirmando que uno ha esculpido cada adjetivo es un fraude vanidoso. Pero firmarla con la honestidad de una antefirma —"De mis conversaciones con la IA"— es un acto de integridad que nos prepara para el futuro. Un futuro donde dejaremos de idolatrar la pluma de un individuo para volver a celebrar, simplemente, la inmortalidad de una buena historia, o, sencillamente, de unas buenas reflexiones.

De Mis conversaciones con la IA

Servando Gotor

EL MITO DEL ABOGADO INVERSOR: La verdad silenciada sobre la Mutualidad y la pasarela al RETA

 

Imagen: IA

Introducción: El Mito frente al Documento

La comprensión de la crisis que asola a miles de profesionales del derecho exige evitar un error metodológico tan frecuente como perverso: analizar el sistema mutualista del pasado valiéndose exclusivamente de las categorías jurídicas y las realidades del presente. Para entender la magnitud del agravio, es imprescindible reconstruir la arquitectura normativa bajo la cual toda una generación organizó, de buena fe y por imperativo legal, su vida profesional.

 

El error metodológico y la falacia del "inversor"

Proyectar sobre el pasado nociones financieras actuales conduce inevitablemente a una valoración distorsionada de los derechos que hoy están en juego. En el debate público, y a menudo desde las propias instituciones, se insinúa que el afectado actuó como un mero inversor privado que acudió al mercado a elegir el producto financiero más rentable. Nada más lejos de la realidad.

 

El abogado ejerciente no fue un inversor que eligió un producto; fue un profesional que organizó su vida conforme a un régimen jurídico que el Estado diseñó para él.

Cuando estos profesionales iniciaron el ejercicio libre de la abogacía a comienzos de los años ochenta, no existía un menú de opciones previsionales. El acceso a la Mutualidad no era una alternativa voluntaria frente a la Seguridad Social, sino la consecuencia necesaria y obligatoria del marco legal. No podías darte de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ni en ningún otro sistema público, salvo que simultanearas el ejercicio con un trabajo por cuenta ajena. Por tanto, es un acto de estricta justicia histórica dejar de hablar vagamente de "mutualistas históricos" para acuñar una categoría jurídica mucho más precisa y definitoria: "El abogado de adscripción mutual obligatoria".

 

La regla de oro: a menor libertad, mayor responsabilidad institucional

Esta naturaleza imperativa del sistema nos conduce a una máxima jurídica que constituye el núcleo fundamental de todo este conflicto: cuanto menor es la libertad de elección reconocida al ciudadano, mayor es la responsabilidad institucional de los poderes públicos respecto del sistema cuya utilización le imponen.

Cuando el Estado, mediante su poder legislativo, transforma un sistema de previsión social cuya utilización fue durante décadas la única vía legal para un colectivo, asume unos deberes ineludibles. El legislador no puede contemplar la ruina de este sistema como un espectador o un tercero ajeno. La confianza del abogado de adscripción mutual obligatoria no descansaba en una empresa privada, sino en la propia ley del Estado que le exigía pertenecer a ella para poder vestir la toga.

 

La trampa matemática: "Era más barata... porque protegía menos"

Para sostener la falsa narrativa del "abogado calculador", se esgrime constantemente un argumento incompleto: que las cuotas de la Mutualidad estaban muy por debajo de las exigidas por el RETA o el Régimen General. Este argumento exige una apostilla inmediata e innegociable: La Mutualidad era más barata porque protegía menos.

Cualquier comparación puramente económica entre las cuotas de uno y otro sistema resulta no solo engañosa, sino intelectualmente deshonesta, si se omite la limitación de prestaciones. El abogado mutualista asumía en solitario, y a su cargo, riesgos vitales que el afiliado al sistema público tenía garantizados.

El vacío más clamoroso fue la absoluta falta de asistencia sanitaria y farmacéutica. Los abogados tuvieron que procurarse siempre, mediante costosas pólizas privadas, un sistema médico que los cubriera a ellos y a sus familias, medicinas aparte. A esto se sumaban diferencias abismales en la protección familiar y en la cobertura de determinadas contingencias. La menor aportación económica no era un privilegio ni un ahorro, sino el precio de la intemperie.

 

El secuestro colegial y la negligencia institucional

Frente a esta vulnerabilidad sistémica, la orfandad del colectivo ha sido total. Nadie defendió a este grupo a mitad de su carrera: ni el Estado, ni el Consejo General de la Abogacía, ni los Colegios Profesionales.  ¿Por qué? Porque operaban bajo una endogamia donde colegios, abogacía institucional y mutualidad eran los mismos, priorizando la paz corporativa sobre la supervivencia del profesional libre.

Con el tiempo, la abogacía mutó. De ser la profesión independiente por antonomasia, ha pasado a ser una profesión dependiente, dominada por grandes despachos que hoy controlan las instituciones colegiales. Cabe preguntarse: si los Colegios nacieron para defender y dignificar el ejercicio de la profesión libre, ¿qué sentido tienen en la actualidad?

Incluso cuando la normativa europea comenzaba a cuestionar su obligatoriedad, estas corporaciones buscaron sobrevivir reinventándose. Gran parte de la abogacía institucional parece más preocupada en hacer política woke, erigirse en adalides de agendas sociales y captar subvenciones para retroalimentarse económicamente, que en defender a sus colegiados. Se han convertido, en muchos casos, en "chiringuitos" burocráticos donde sus dirigentes viven de la propia estructura y no de la trinchera de la profesión libre.

 

"Nos enteramos de la reforma por la prensa"

El corolario de esta desconexión institucional es la profunda humillación comunicativa. Resulta intolerable que una reforma de tan extraordinaria trascendencia para miles de familias —la pasarela al RETA— haya sido conocida por los afectados a través de los medios de comunicación generalistas, en lugar de mediante una comunicación directa, leal y personalizada.

¿Dónde quedó el deber de información de los Colegios y del Consejo General durante el proceso de transformación del sistema? ¿Acaso no existía una obligación institucional reforzada de asesoramiento, especialmente para aquellos mutualistas próximos a la jubilación? El silencio institucional no fue solo una falta de cortesía; fue una negligencia en sus obligaciones de tutela y consejo.

 

Conclusión: El derecho transitorio como reparación

La pasarela al RETA no es, por tanto, una concesión graciable, un favor de la administración ni el rescate de un mal inversor. Es una exigencia ineludible del Derecho transitorio.

Cuando las condiciones históricas cambian y el legislador se ve obligado a reformar un sistema que él mismo impuso en el pasado, los principios constitucionales de seguridad jurídica y protección de la confianza legítima exigen una transición justa. El abogado de adscripción mutual obligatoria cumplió su parte del trato normativo. Ahora, le corresponde al Estado y a las instituciones asumir su responsabilidad histórica y garantizar que quienes dedicaron su vida a defender la Justicia no sean víctimas de la más profunda de las injusticias institucionales.

De Mis conversaciones con la IA

Servando Gotor