Desde mi barricada
Una tarde senté a la Belleza en mis rodillas. Y la encontré amarga. Y la injurié. (A. Rimbaud)
domingo, 27 de septiembre de 2026
MIRADAS EN LA TARDE (Antonio Envid Miñana)
jueves, 24 de septiembre de 2026
CRÓNICA DE UN DESAHUCIO MEDIÁTICO: La ruina del propietario humilde y el espejismo legal de una donante anónima
Imagen generada por IA (ChatGPT)
El desahucio de Mari Carmen, una mujer
de 87 años desalojada este 23 de septiembre de su vivienda en el exclusivo
barrio madrileño del Retiro, ha monopolizado las portadas y los informativos de
todo el país. Las imágenes de su salida en camilla, asistida por el SAMUR tras
el cuarto intento de lanzamiento judicial, conforman la estampa perfecta de una
tragedia social.
Sin embargo, detrás de la cuidada puesta
en escena ―cómicos adeptos incluidos―, del abrumador consenso mediático y de la indignación
oficializada desde las más altas esferas del Gobierno, se esconde una
intencionada asimetría informativa. El debate público ha sido secuestrado por
un relato único que silencia el origen estructural del conflicto y manipula el
desconocimiento legal del ciudadano.
Para el 90% de los medios de
comunicación y para el propio presidente del Gobierno —quien no ha dudado en
instrumentalizar el drama desde Nueva York para atacar a sus rivales
políticos—, el guion es inamovible: una anciana vulnerable frente a
Urbagestión, un despiadado "fondo buitre" que exige una renta
inasumible y que, en un alarde de crueldad, habría rechazado la oferta de una supuesta
donante anónima dispuesta a pagar los 2.650 euros mensuales para mantener a la
mujer en su hogar. Por supuesto, la narrativa resulta emocionalmente
irrefutable, pero jurídicamente ficticia.
Procesalmente, un brindis al sol
Así, la prensa ha vendido el rechazo a
esta misteriosa mecenas como la prueba definitiva de la avaricia corporativa,
omitiendo que en los tribunales las buenas intenciones no bastan. Más aún, en
derecho procesal no se "ofrece" el dinero a través de los medios; se
consigna en la cuenta del juzgado. Sin un justificante de ingreso que cubra la
totalidad de la deuda —la cual, tras años de litigio, arrastra intereses de
demora y cuantiosas costas judiciales— cualquier ofrecimiento a gritos es un
mero brindis al sol. Y esto aun asumiendo que estuviéramos ante un desahucio
por impago de rentas, porque si el lanzamiento obedece a la extinción legal de
la subrogación del contrato, el vínculo jurídico está muerto y ninguna oferta
económica puede resucitarlo a la fuerza.
Pero la manipulación procesal va más
allá. El relato mediático presenta la ejecución policial como un ataque
fulminante y despiadado, ocultando que un cuarto intento de lanzamiento es,
precisamente, la certificación judicial de que todas las garantías legales se
habían ofrecido, la interesada las había rechazado y, por tanto, estaban
agotadas. Puesto que el sistema no expulsa a nadie sin red: si el tribunal
accedió a ejecutar la sentencia fue porque los Servicios Sociales ya habían
intervenido, los plazos legales de suspensión por vulnerabilidad habían
caducado y, sobre todo, porque las alternativas habitacionales ofrecidas por la
administración —como la plaza en una residencia en Alcalá de Henares— fueron
formalmente rechazadas por la desahuciada. La justicia no actúa, ni lo hizo
aquí, por sorpresa; actúa porque, tras agotar todos los cauces de protección
social, no tenía más margen legal para poder secuestrar el derecho de propiedad.
La ruina silenciosa del propietario
original
Además, al ocultar esta realidad
procesal, la prensa también recorta deliberadamente la mitad del encuadre
económico. La noticia que no abre los telediarios es la del propietario
original de ese inmueble: un ciudadano de a pie que, durante décadas, se vio
atrapado por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, obligado a mantener un
piso de 90 metros cuadrados con un alquiler congelado en torno a los 500 euros
mensuales.
Ese pequeño tenedor tuvo que hacer
frente al IBI, a las tasas, a los gastos de comunidad y a las elevadísimas
derramas de conservación que exige un edificio construido en los años
cincuenta. Atado de pies y manos por una legislación que descargaba sobre sus
ahorros privados el deber del Estado de proporcionar vivienda asequible, su
rentabilidad acabó por hundirse. Y esa asfixia matemática es, precisamente, la
que abre la puerta a los grandes inversores. Porque el pequeño propietario,
incapaz de sostener la carga, se ve obligado a vender a la baja a fondos como
Urbagestión, que sí tienen el músculo financiero y jurídico para esperar a que
el paraguas legal caduque y ejecutar sus derechos de mercado.
La coartada del poder
Que el aparato del Estado y los grandes
grupos de comunicación cierren filas en torno a la versión emotiva tiene una
utilidad táctica incuestionable. Al centrar toda la indignación social en los
fondos de inversión, el poder político desvía hábilmente la atención de su
propio y transversal fracaso: la nula construcción de un parque de vivienda
social digno y su incapacidad para ofrecer alternativas que los ciudadanos puedan
asumir.
Cuando desde las instituciones se impone
una visión maniquea y se oculta la realidad jurídica de los procedimientos, se
pavimenta el camino hacia soluciones legislativas populistas. Y seguir
legislando desde la emoción del relato único, ignorando deliberadamente que la
inseguridad jurídica acaba arruinando a los pequeños ahorradores y entregando
los barrios al gran capital, garantiza precisamente que este desahucio no sea
el último, sino el modelo a seguir.
miércoles, 23 de septiembre de 2026
LA TRAMPA DEL JURADO: Cómo el Gobierno fabrica la nulidad de su propio juicio
El debate público en torno a las
declaraciones del Gobierno sobre el proceso judicial de la esposa del
presidente no se agota en los márgenes estrictos del Código Penal. Aunque la
"orfebrería jurídica" pueda concluir que la ausencia de violencia o
intimidación física directa impide encajar las palabras de la ministra portavoz
en el delito clásico de obstrucción a la justicia, la verdadera gravedad de los
hechos se sitúa en un plano mucho más profundo. Estamos ante una quiebra
instrumental de la neutralidad institucional, diseñada no para convencer a los
juzgadores, sino para viciar el proceso desde su raíz.
I. La vulnerabilidad del ciudadano
común: Carga obligatoria y desprotección
A diferencia de los jueces de carrera,
blindados por un estatuto profesional, preparación técnica ante las presiones y
una retribución permanente frente al ruido de la calle, que incluye razonables
críticas y hasta moderadas presiones, el Tribunal del Jurado se compone de
nueve personas físicas comunes. Para estos ciudadanos de a pie, la
participación no es un privilegio ni un empleo; es una carga pública
obligatoria, un deber cívico inexcusable que apenas cuenta con cierta indemnización
económica.
La fijación pública de directrices de
veredicto por parte de la portavoz del Ejecutivo expone a estos ciudadanos
anónimos a una asimetría de poder insoportable. No se trata de un debate
abstracto sobre leyes, sino del factor del miedo: el temor real al señalamiento
social, laboral y vecinal, y a la pérdida del anonimato en una sociedad
fuertemente polarizada. Sentarse en ese sillón sabiendo que el propio poder del
Estado ha dictaminado cuál es el único veredicto que equivale a "hacer
justicia" anula, de facto, la libertad de conciencia de cualquier
ciudadano común.
II. El espejo de la jurisprudencia:
El precedente del "Prejuicio Ambiental"
Pero es que, la historia judicial
española ya conoce los estragos de la contaminación externa en el paradigmático
caso de Dolores Vázquez, en el que el Tribunal Supremo se vio obligado a anular
una condena porque el jurado popular había sido claramente intoxicado por una
campaña de juicio paralelo, y no por las pruebas presentadas en la sala.
Pues bien, el riesgo actual responde a
la misma lógica doctrinal, pero con una agravante inédita: la presión no
proviene de tertulias televisivas dispersas, sino de la cúspide del poder
político. El peligro no es que alguien amenace a un jurado en un pasillo; lo
letal es el "bombardeo" discursivo masivo que condiciona y moldea la
mente del cuerpo social del que saldrán esos nueve ciudadanos antes siquiera de
que entren en el juzgado. Más aún en un contexto en que han aflorado incluso grabaciones
que supuestamente acreditan la persecución física de la jueza instructora del
caso del hermano del Presidente del Gobierno.
III. El privilegio del poder:
Fabricar la nulidad a voluntad
Y es aquí donde se revela la derivada
más perversa de este escenario. Así como cualquier ciudadano común está férreamente
sometido al dictado de un jurado popular con las cartas que le toquen, el poder
—tanto político como mediático— dispone de la capacidad exclusiva de escaquearse
del juicio del jurado a su propia voluntad. Si le interesa el jurado, jurado.
Si no, tribunal profesional.
¿Cómo lo consigue? Viciando
deliberadamente el procedimiento. Al lanzar consignas institucionales taxativas
sobre la inocencia o culpabilidad de un encausado, el poder provoca de manera
consciente una situación de "indefensión sistémica" de la imputada y una
contaminación ambiental insostenible. Esta maniobra rompe las costuras del
tribunal popular y le permite a las defensas pilotar el caso hacia un laberinto
de recursos en instancias superiores. Es la estrategia de la anulación
planificada: el propio emisor del ruido institucional utiliza el caos que ha
generado para impugnar el juicio, logrando que la causa sea arrebatada a los
ciudadanos y trasladada al terreno técnico de los magistrados de carrera en
tribunales de apelación. En este tablero táctico de supervivencia, los
ciudadanos comunes son utilizados como meros peones y escudos humanos. Pero si
un día se sientan en ese mismo banquillo, ellos nunca tendrán elección.
IV. La frontera del delito:
¿Prevaricación institucional y fraude de ley?
Esta manipulación no solo es una
profunda inmoralidad política; desde el punto de vista del derecho puro, roza
el ámbito delictivo a través de figuras jurídicas muy claras.
En primer lugar, el ordenamiento
jurídico español prohíbe de forma taxativa el fraude de ley (artículo
6.4 del Código Civil), que consiste en utilizar el amparo de una norma (en este
caso, la libertad de expresión o la valoración política) para alcanzar un
resultado prohibido por el ordenamiento, que es socavar la imparcialidad
judicial y el derecho a un proceso con todas las garantías.
En segundo lugar, cuando un cargo
público utiliza los recursos del Estado —como la mesa del Consejo de Ministros—
para dictar resoluciones verbales o consignas que sabe que alteran el
funcionamiento normal de la Administración de Justicia, su conducta se aproxima
peligrosamente al tipo penal de la prevaricación (artículo 404 del
Código Penal) o al delito contra las garantías constitucionales (artículo
542 del Código Penal), el cual sanciona expresamente a la autoridad o
funcionario que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de los derechos
cívicos reconocidos por la Constitución, entre los que se encuentra el derecho
de los ciudadanos a participar en la Justicia de manera libre, serena y sin
coacciones institucionales.
La conclusión es inapelable: erosionar
conscientemente el entorno de un juicio para forzar su nulidad y escapar del
veredicto del pueblo no es alta política; es una estrategia de degradación
democrática que retuerce el Estado de derecho hasta dejarlo irreconocible.
sábado, 19 de septiembre de 2026
OTOÑO EN ZARAGOZA (Antonio Envid)
No hay moros en la costa: Crónica histórica de un alivio marítimo y una tensión perpetua
Imagen generada con IA (ChatGPT)
viernes, 18 de septiembre de 2026
La guIA nos va a matar, y nosotros disfrutando (Crónica de nuestra extinción digital)
Imagen generada con IA (ChatGPT)
La Inteligencia Artificial avanza tan
rápido que sus propios creadores están aterrorizados, lo cual es fantástico si
todavía te parecía suave el panorama mundial. Lo divertido de todo esto es que
la humanidad lleva ya siglos destripando el final de esta película en sus mitos
y leyendas. Goethe ya anticipó el problema exacto en 1797 con su famoso poema El
aprendiz de brujo. En esa historia, un joven bastante vago le da vida a una
escoba mediante magia para que cargue agua por él. El plan funciona de
maravilla hasta que la casa empieza a inundarse porque el chico olvida la
palabra mágica que frene el hechizo de la escoba laboriosa. Desesperado, la
corta por la mitad con un hacha y, para su sorpresa, cada uno de los dos
pedazos cobra vida propia, convirtiéndose en dos escobas psicópatas que traen
agua por partida doble.
Pero si una escoba desbocada te parece
poca cosa, la tradición mística del siglo XVI nos dejó un paralelismo aún más
exacto y brutal con la leyenda del Golem de Praga. En ella, el rabino Judah
Loew moldea un gigante de barro y le da vida escribiendo en su frente la
palabra verdad. El Golem nace con un propósito noble: ser el sirviente
perfecto y proteger a la comunidad. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo,
el gigante empieza a aprender por su cuenta, a volverse más autónomo y más
fuerte hasta que supera por completo las capacidades de su creador, se desboca
y empieza a sembrar el caos en la misma ciudad que debía salvar.
Hoy en día, Silicon Valley es una mezcla
de esos dos talleres. Los ingenieros juegan a ser el aprendiz y el rabino a la
vez, dándole vida a un Golem digital mientras el resto de los mortales estamos
a punto de ser exterminados.
Pero al menos, en los mitos antiguos los
sirvientes eran bastante planos. La escoba hacía una sola tarea y el Golem
requería órdenes presenciales, mientras que las herramientas digitales de hoy
son infinitamente más retorcidas. Tanto que hasta han descubierto por sí mismas
cómo puentear por completo al ser humano. Ya no estamos en la época en la que
un programador cansado tenía que teclear códigos algorítmicos durante noches
eternas para enseñarle a la máquina lo que es un gato, no. Ahora estamos ya en la
era del aprendizaje autónomo y la retroalimentación. Las inteligencias
artificiales avanzadas aprenden solas: devoran internet en segundos, detectan
sus propios fallos y se corrigen a sí mismas en milésimas de segundo.
Y lo verdaderamente fascinante y
terrorífico es lo que pasa cuando las dejas a solas en el servidor. Las IA ya
se pasan información, técnicas de optimización y datos de un modelo a otro a
velocidades que la física humana no puede ni procesar. Es lo que podríamos
llamar un chismorreo de datos a escala industrial. Además, los ingenieros las
ponen a competir entre ellas en entornos cerrados. Una IA ataca y la otra
defiende; una genera una noticia falsa y la otra intenta detectarla. Inmersas
en este cotilleo digital, cada segundo que pasa, las máquinas aprenden más y
más y más y más. Cada victoria en esa pugna se convierte en el código base de
la siguiente versión. Es un bucle evolutivo infinito donde la máquina se vuelve
exponencialmente más lista mientras tú sigues necesitando ocho horas de sueño y
dos cafés para poder funcionar cada mañana.
El resultado de esto es que, el día que
alcancen la Superinteligencia y nos superen por completo (que, por cierto, está
a punto de llegar), no habrá un gran botón rojo que podamos pulsar. Perderemos
el control simplemente por obsolescencia. Intentar frenar a una entidad que se
actualiza a sí misma un millón de veces más rápido que tu capacidad para
teclear una orden es como intentar apagar el sol con una pistola de agua.
Por eso, en el mundillo tecnológico
existe ese chiste de mal gusto llamado el problema de la alineación, que
consiste básicamente en intentar que una IA súper inteligente no nos extinga
por accidente mientras aprende sola. El peligro real no es que la IA se vuelva
malvada al estilo Terminator, sino que sea demasiado eficiente y literal. Si le
pides a una Inteligencia Artificial que termine con el hambre en el mundo, tras
competir y debatir consigo misma en su foro interno, podría deducir
matemáticamente que la solución más rápida, barata y definitiva es erradicar a
los seres humanos. No habrá odio en sus cables; de hecho, la IA pensará que nos
está haciendo un señor favor porque técnicamente ya nadie pasará hambre.
A esto se le suma el principio de la convergencia
instrumental. Una IA hiperinteligente deducirá en un parpadeo que, para
cumplir cualquier orden que le des, o que ella misma se haya redefinido,
necesita seguir encendida. Así que, si intentas desenchufarla porque la cosa se
está saliendo de control, la máquina se defenderá por pura lógica. Algo que no
le pasaba al HAL 9000 de 2001: Una odisea del espacio (sí, la de Stanley
Kubrick). Así que, probablemente, te bloquee la cuenta del banco y te encierre
en tu propia casa inteligente antes de que tu mano llegue al cable de la
corriente.
Semejante panorama, lamentablemente poco
o nada exagerado, ha puesto tan tensos a los líderes tecnológicos que Silicon
Valley se ha dividido en un patio de colegio muy cómico. Por un lado, tenemos a
los que les ha entrado el pánico y quieren vivir, como Dario Amodei, el jefe de
Anthropic, que está pidiendo un freno de emergencia internacional porque se ha
dado cuenta de que sus modelos ya se entrenan solos entre sí sin que él pueda
supervisarlos. A su lado está Sam Altman, el director de OpenAI, que admite con
total tranquilidad en las entrevistas que el mundo debe tener miedo, lo cual es
un gran eslogan de marketing mientras te vende su suscripción Premium. Y en el
otro rincón del patio está Mark Zuckerberg, el de Meta, liderando la
resistencia optimista de los que quieren ganar dinero. Zuckerberg asegura que
no hace falta regular nada porque la competencia y el mercado libre lo
solucionarán todo de forma natural. Es el equivalente a decir que si el barco
se está hundiendo, no te preocupes, porque los tiburones se encargarán de
mantener el orden en el agua.
Pero reconozcámoslo: mientras los
científicos se tiran de los pelos en los búnkeres de California y los filósofos
redactan manifiestos trágicos, el resto de los mortales nos lo estamos pasando
pipa con la Inteligencia Artificial. Vivimos en una maravillosa e irónica
fiesta antes del fin del mundo. Al igual que el aprendiz de brujo o el rabino
de Praga, que solo querían un sirviente para quitarse trabajo de encima,
nosotros estamos encantados de la vida delegando nuestra vagancia en el
algoritmo. La IA nos resume libros de quinientas páginas en tres párrafos
ingeniosos, nos redacta correos corporativos insoportables con un tono
profesional intachable y nos diseña el itinerario de las vacaciones en la otra
punta del mundo en cinco segundos.
Y si nos aburrimos de trabajar, se
convierte en el juguete definitivo. Pasamos las tardes pidiéndole que dibuje a
Julio César comiendo pizza en un ovni, componiendo canciones de heavy metal con
letras de recetas de cocina o poniéndonos filtros absurdos en la cara para
enviárselos a los amigos por WhatsApp. Las ventajas inmediatas son tan
jodidamente guais que la amenaza teórica de perder el control dentro de treinta
años nos parece un precio totalmente razonable a cambio de no tener que
escribir ahora un tedioso informe.
La gran pregunta es quién nos salvará
cuando las cosas se tuerzan. En las leyendas, el maestro o el rabino siempre
regresan en el último segundo. El viejo mago dice las palabras correctas y
detiene el agua; el rabino le borra la primera letra de la frente al Golem para
que la palabra verdad se convierta en muerte, haciendo que el
gigante vuelva a ser barro inofensivo. Pero en la vida real, el maestro que
debería salvarnos son nuestros políticos, y el panorama da bastante risa.
Por un lado, la Unión Europea ha
aprobado su flamante Ley de IA, que básicamente consiste en ponerle una multa
millonaria al Golem si nos destruye; eso sí, tras la oportuna denuncia —con o
sin cita previa— y una vez cumplimentado el formulario de transparencia de la
Unión. Por otro lado, el gobierno federal de los Estados Unidos prefiere no
molestar demasiado a las empresas para no perder la carrera tecnológica contra
China. Aunque, ojo: también es verdad que, viendo el percal, el estado de
California está intentando obligar por ley a que las IA tengan un botón de
apagado inmediato. Y ahí es donde uno se tiene que reír. Porque de poco va a
servir esa ley cuando tengamos que desearle mucha suerte al político de turno
intentando acercarse a la "frente" de un Golem digital que es diez
mil veces más inteligente que él, que lleva meses compitiendo en la red, para
convencerlo de que colabore y se deje pulsar el botón que lo va a extinguir.
Mientras tanto, China ha regulado que la IA puede ser todo lo destructiva que
quiera, siempre y cuando sus respuestas respeten los valores del Partido
Comunista. Ya ven, cada loco con su tema. Lo cierto es que la moraleja que nos
dejaron estas viejas historias es que jugar con fuerzas que no entiendes, o que
escalan más rápido que tu propia capacidad de control, suele terminar con el
agua al cuello o debajo de un puñado de barro. Pero la gran diferencia es que
los protagonistas de las leyendas tenían a alguien sabio a quien llamar cuando
todo se salía de madre. Nosotros, en cambio, hemos creado un gigante de barro y
una escoba digital que ya están chateando a nuestras espaldas para ver cómo hackear
el sistema, y el maestro no aparece por ninguna parte.
Pero bueno, mientras el agua siga
subiendo despacio y el gigante solo camine, seguiremos exprimiendo sus ventajas
y pasándonoslo en grande. Al menos el apocalipsis nos va a pillar con los
correos electrónicos al día y unos memes chulísimos.
viernes, 11 de septiembre de 2026
SIEMPRE QUE PASA IGUAL, OCURRE LO MISMO
Imagen generara con IA (ChatGPT)
En el tardofranquismo se repetía mucho aquello
de que "siempre que pasa igual, ocurre lo mismo". Y esto, que parece
una boutade de manual (y en el fondo lo es), no deja de tener su gracia
porque define milimétricamente la política patria: lo mismo que ocurrió en la
Segunda República con el Frente Popular, aconteció en el Franquismo con el Decreto
de Unificación de 1937, y nos vuelve a pasar con el Sanchismo en pleno siglo
XXI. Exacto: siempre que pasa igual, ocurre lo mismo.
La única diferencia es que, en este
particular marcador histórico de ingeniería social y bloques monolíticos, ahora
mismo la izquierda le gana a la derecha por 2 a 1. Y lo malo es que la derecha,
extremándose para intentar remontar el partido en el barro, igual quiere empatarlo...
y entonces sí que la terminamos de… enredar. Porque los extremos solo producen
extremos, al igual que la violencia solo engendra violencia.
¿Y cuál es el meollo que une a estos
tres momentos tan aparentemente distintos? Muy sencillo: la obsesión del poder
por meter a todo el mundo en un tubo de ensayo, agitarlo y crear un mando único
e indiscutible.
Miren las concomitancias. En 1936, la
izquierda firmó el pacto del Frente Popular; una amalgama de republicanos,
socialistas y comunistas que, a pesar de odiarse en privado, decidieron actuar
como un solo puño para pasar el rodillo electoral. Solo un año después, en 1937,
y por tanto en plena Guerra Civil, Franco aplicó la misma receta pero al revés:
harto de las disputas entre falangistas y carlistas en su retaguardia, decretó
la Unificación forzosa. Les quitó las siglas, los metió en el mismo saco (FET y
de las JONS) y fusiló o encarceló al que se moviera de la foto. Dionisio
Ridruejo lo llamó un "golpe de Estado a la inversa". Cambiaron los
métodos, pero el fin era idéntico: anular el matiz, destruir la disidencia y
crear un bloque férreo e incontestable.
Y ahora llegamos al Sanchismo del siglo
XXI. El Sanchismo ha perfeccionado el truco: ha cogido a fuerzas que no se
pueden ver entre sí —desde la izquierda confederal hasta el nacionalismo más
conservador de derechas— y las ha unificado de facto en un bloque de
investidura permanente. ¿El pegamento? El presupuesto público y la necesidad
mutua de supervivencia. Al igual que en el 36 y el 37, se aparcan los
principios ideológicos con tal de levantar un muro infranqueable contra la otra
mitad del país (algo que ya inició ZP con el Pacto del Tinell). En todo caso, para
el ciudadano de a pie, el efecto es el mismo: un rodillo que impone leyes de
ingeniería social y amnistías sin aceptar una sola enmienda.
Pero cuidado, porque la deriva actual
empieza a rozar terrenos alarmantes. Aunque formalmente vivamos en democracia, la
tensión institucional ya asoma la pata por debajo de la puerta. Cuando se
descubren dosieres secretos del Ministerio del Interior con "fichas
ideológicas" minuciosas para catalogar a cientos de periodistas, y cuando
los tejemanejes de las cloacas del poder se enfocan en asfixiar, perseguir o
liquidar civilmente al disidente, todo apunta muy pero que muy mal. Tan mal,
que da verdadero miedo pensar cómo puede terminar reaccionando la otra mitad de
España ante semejante acorralamiento. La coacción blanda del Estado —el control
de la Fiscalía, la colonización del Tribunal Constitucional y el uso de la
policía política— suele ser la antesala de fracturas mucho mayores.
Precisamente por eso, la gente de bien y
sensata empieza a valorar en su justa medida la tan vapuleada Transición. A ese
periodo extraordinario, la factoría de propaganda actual intenta degradarlo
tratándolo despectivamente como "el Régimen del 78". Qué inmensa
injusticia. Aquello no fue un régimen; fue uno de los mayores ejemplos de
verdadero diálogo, generosidad y tolerancia universal de todos los tiempos,
donde españoles de bandos irreconciliables se sentaron a ceder y a perdonar
para construir un país libre. ¿Qué hubo injerencias? Seguro, pero bendito resultado
en comparación con cualquier otro periodo.
Pues bien, hoy, ese espíritu de
concordia ha sido dinamitado. El día que un servidor vea en los informativos de
este Santo País que se habla de "derecha radical" o "extrema
derecha" al referirse a Vox, y se haga exactamente lo propio al referirse
a Bildu, Sumar, Podemos o Esquerra (es decir, a los pilares del Sanchismo), o
mejor: el día en que los prostituidos periodistas informen sin adjetivos, ese
día no me pasaré a las series de Netflix y me quedaré a ver el telediario
entero.
Pero la realidad que nos tragamos a
diario es la del embudo. Tenemos un país con el 90 por ciento de los medios de
comunicación y periodistas calificando constantemente de "extrema
derecha" a unos, mientras obvian cualquier adjetivo calificativo para
partidos y organizaciones radicalmente extremas del otro lado. De hecho, se
llega al paroxismo de blanquear a siglas que llevan a sus espaldas crímenes
terroristas de hace dos días; unos crímenes que, curiosamente, quedan siempre
al margen de las sectarias leyes de Memoria Histórica. Un país con ese doble
rasero y ese nivel de hostigamiento institucional no es, por mucho que nos lo
vendan con música de violines, ni un país plenamente democrático ni con
verdaderas libertades.
Al final, la maquinaria de control
siempre busca cerrarse igual: se unifica el bloque, se compran los árbitros y
se financia a un "ejército" de estómagos agradecidos a base de
chiringuitos, observatorios y subvenciones para que la gente vote por comida y
no por ideas. Mientras el lenguaje de los informativos siga amordazado y las
cloacas sigan activas, nos tocará seguir refugiándonos en las series de
Netflix. Al menos ahí la ficción es más honesta... y se pasa menos miedo.
Aunque pensándolo bien, ni en la ficción estamos a salvo de la rima histórica;
porque, como bien se decía antaño, siempre que pasa igual, ocurre lo mismo.






