Sin Presupuestos no hay Estado: la anomalía que exigía elecciones
Hay crisis que hacen ruido y crisis que lo pudren todo en silencio. La prolongada ausencia de Presupuestos Generales del Estado pertenece a esta segunda categoría: no genera titulares diarios, pero corroe los cimientos mismos del Estado social, administrativo y democrático. Y explica, quizá mejor que ningún otro factor, por qué el presidente del Gobierno debió convocar elecciones hace ya tiempo.
Porque gobernar sin Presupuestos no es una opción política más. Es una anomalía constitucional, una forma de interinidad crónica incompatible con la normalidad democrática. Los Presupuestos no son un trámite contable ni un mero instrumento técnico: son la ley política por excelencia, el acto en el que un Gobierno expone ante el Parlamento —y ante el país— su proyecto, sus prioridades, su modelo de Estado y su jerarquía de valores. Sin Presupuestos, no hay programa sometido a control; hay pura supervivencia.
La prórroga presupuestaria, concebida por la Constitución como un mecanismo excepcional y transitorio, se ha convertido en una coartada para gobernar sin rendir cuentas. Año tras año, se administran inercias, se congelan decisiones estratégicas y se sustituyen las políticas públicas por parches, créditos extraordinarios y soluciones de urgencia. El resultado es un Estado que funciona por inercia, no por decisión democrática.
Las consecuencias prácticas son devastadoras. Sectores estratégicos como el mantenimiento de infraestructuras ferroviarias —basta observar la situación de ADIF— revelan los efectos de esta descomposición silenciosa. Sin nuevos Presupuestos no hay planificación plurianual real, no hay renovación ordenada, no hay inversión preventiva. El mantenimiento se degrada, las reformas se aplazan y las actualizaciones tecnológicas se eternizan. No porque falten técnicos o capacidad, sino porque falta mandato político y cobertura presupuestaria clara.
Pero el problema va mucho más allá del estado de las vías o de los trenes. Afecta al corazón mismo de la contratación pública. Sin Presupuestos debatidos y aprobados en Cortes, se debilita el control parlamentario sobre las licitaciones, los concursos y las adjudicaciones. Se reduce la transparencia, se estrecha la concurrencia y se empobrece la calidad de los contratos. Un Estado sin Presupuestos es un Estado abocado a la corrupción, porque contrata peor, controla menos y explica menos.
Y aquí emerge la dimensión política del problema. Un Gobierno incapaz de aprobar Presupuestos es, por definición, un Gobierno sin mayoría suficiente para gobernar con normalidad. Persistir en el poder en esas condiciones no es estabilidad: es bloqueo institucional administrado. Es prolongar artificialmente una legislatura agotada, trasladando el coste a los servicios públicos, a las infraestructuras y, en última instancia, a los ciudadanos.
La convocatoria de elecciones no es un fracaso. Es exactamente lo contrario: es el mecanismo democrático para desbloquear una situación insostenible. Cuando no hay Presupuestos, lo que falta no es tiempo, sino legitimidad reforzada. Falta una mayoría clara o un mandato renovado que permita volver a hacer política en serio, no mera gestión de la prórroga.
Gobernar sin Presupuestos es como pilotar un país con el depósito vacío, confiando en la inercia y rezando para que nada grave ocurra. Pero lo grave ya está ocurriendo: deterioro de servicios, opacidad creciente, corrupción y un Parlamento reducido a espectador. Ante eso, la pregunta no es si era oportuno convocar elecciones, sino por qué se tardó tanto en hacerlo.
Porque sin Presupuestos no hay rumbo. Y sin rumbo, no hay Gobierno que pueda decir, con honestidad, que está gobernando.
