Maricarmen Abascal murió a los 87 años, catorce días después de ser desahuciada de la casa donde vivió siete décadas. Su lanzamiento se produjo, simple y llanamente, por la extinción legal de su contrato de renta antigua y tras completarse un procedimiento judicial que cumplió con todos los requisitos y garantías procesales para su efectividad. El hecho de que la propiedad le ofreciera un contrato nuevo —fueran cuales fuesen sus condiciones— no altera en absoluto la base legal y procesal que motivó el desahucio. Sin embargo, durante semanas, la imagen de su salida del edificio en camilla la transformó en el rostro indiscutible de la crisis de la vivienda en España. Pero los símbolos, al construirse sobre personas de carne y hueso, corren el riesgo de chocar frontalmente con la biografía.
La cautela documental
Antes de reescribir la historia, el rigor periodístico exige comprobar de forma irrefutable (y así se supone que se habrá hecho) que la "María del Carmen Abascal Martín" que figura como administradora de FIEBA y vicesecretaria del consejo de JINUR S.A. (una sociedad de inversión y explotación inmobiliaria con un capital de 950 millones de pesetas en 1994) es la misma persona. Asumir la identidad sin cruzar el DNI del Registro Mercantil con el del expediente judicial supondría cometer la misma ligereza que hoy se critica a quienes la encumbraron, máxime ante un nombre y unos apellidos bastante comunes.
Una contradicción política insostenible
Si la verificación documental confirma el dato, conviene ser precisos. El pasado de Maricarmen, ni el de nadie, sirve para justificar una injusticia actual, en el supuesto de que la hubiera. Ocupar un alto cargo societario hace treinta años no equivale a poseer personalmente esos 950 millones, ni atenúa la dureza humana de abandonar un hogar en la vejez.
Sin embargo, desde el punto de vista político y narrativo, el hallazgo plantea una contradicción insostenible. Resulta un despropósito argumental elevar a la categoría de símbolo supremo contra la especulación inmobiliaria a alguien cuya actividad mercantil pasada encarnaba diametralmente lo opuesto a la causa que hoy se defiende. Si un movimiento político o social necesita personificar la vulnerabilidad frente al mercado, existen sin duda biografías mucho más coherentes para sostener esa bandera sin que el relato colapse. Que, además, este relato se haya plasmado literalmente en la exposición de motivos de una norma legal publicada en el BOE, eleva el despropósito a categoría de disparate institucional.
El fracaso de la inercia mediática
La responsabilidad de este cortocircuito no recae en una mujer que simplemente afrontaba el final de su etapa en esa vivienda, sino en el ecosistema mediático y político que fabrica santos laicos por pura inercia. Arrastrados por el impacto emocional de una imagen, dirigentes y medios convirtieron un caso particular en paradigma nacional sin hacer el trabajo básico de consultar un registro público. Las trincheras ideológicas exigen víctimas inmaculadas, pero este caso demuestra que, al sacrificar la comprobación en favor de la propaganda emocional, se corre el riesgo evidente de elegir al símbolo equivocado.
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POSTDATA: Una comprobación que cambia el alcance de la información
Después de redactar este artículo he podido realizar una comprobación adicional que considero necesario incorporar, por elemental rigor periodístico.
La información publicada por OKDIARIO sobre la trayectoria societaria de María del Carmen Abascal no se basa simplemente en la existencia de una persona con ese nombre en la documentación mercantil. El propio medio ha contrastado la identidad de la persona que aparece en los documentos del Registro Mercantil con la de la Maricarmen protagonista del procedimiento de desahucio, recurriendo a su documentación identificativa y haciendo constar, además, su fecha de nacimiento.
Esta comprobación resulta particularmente relevante porque elimina la objeción más inmediata que podía hacerse a la información: la posibilidad de que se tratara de una simple homonimia.
Por tanto, después de examinar las fuentes y las comprobaciones efectuadas por el propio periódico, considero que la información de OKDIARIO debe darse, mientras no aparezca una prueba que la contradiga, por suficientemente contrastada. Naturalmente, cualquier medio tiene plena libertad para verificarla por su cuenta y llegar a una conclusión diferente. Pero si pretende afirmar categóricamente que es falsa, que se trata de un bulo o que la persona identificada en el Registro Mercantil no es la misma que protagonizó el caso del desahucio, ya no basta con expresar dudas sobre la procedencia de la información: debe aportar una comprobación fehaciente que desmienta la identificación realizada por OKDIARIO.
Y esta precisión refuerza, en lugar de debilitar, la tesis central de este artículo, redactado, he de confesarlo como tantos otros, no como fruto de una conversación con la IA sino como una conversación contra la IA. Y cuando hablo de IA, hablo de varias herramientas condicionadas por la información mayoritaria y por determinados sesgos ideológicos dominantes contra los que siempre hay que luchar si se persigue un mínimo rigor y una mínima objetividad.
En definitiva, no estamos ante una información que deba aceptarse porque la publique un determinado periódico. Estamos ante una información susceptible de ser comprobada documentalmente por cualquier otro medio. La cuestión, por tanto, no es quién la publica ni cuál sea su orientación editorial, sino si los hechos que afirma son verdaderos.
Y en este caso concreto hemos podido comprobar algo que resulta esencial: OKDIARIO hizo precisamente la comprobación que despeja la duda fundamental sobre la identidad de la persona de la que hablaba.
De modo que, a partir de ahora, el debate ya no debería ser si «hay que creerse a OKDIARIO». La pregunta correcta es mucho más sencilla:
¿Hay algún documento o comprobación que demuestre que la María del Carmen Abascal que aparece en aquellas sociedades no es la misma María del Carmen Abascal protagonista del desahucio?
Hasta que aparezca esa prueba, lo objetivamente razonable es considerar acreditada esa identidad y discutir, a partir de ahí, las consecuencias —políticas, mediáticas o sociales— que cada cual quiera extraer de los hechos.









