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| (Fotografía: sgs) |
La lectura del cacareado decreto anticrisis aprobado por el gobierno el pasado sábado me hizo rememorar la imagen del emperador romano repartiendo trigo al pueblo para ver de acallar su descontento. Según ha dicho el presidente, el decreto representa un gasto de nueve mil millones, cantidad nada despreciable con la que se podrían levantar muchos proyectos creadores de riqueza y empleo. No ignoro que hay muchas personas en España a quienes no les llegan los dineros a fin de mes y es obligación ayudarles, pero como dice el conocido dicho: dale un pez a un hambriento y le resuelves una comida; dale una caña y enséñale a pescar, comerá todos los días.
Escucho a la ministra Calviño y lamento no participar de su optimismo cuando asegura que nuestra economía es sólida y su crecimiento firme. Veamos, la economía española apenas creció un anémico 0,2% entre enero y marzo, según el dato revisado INE, publicado cuando escribo esta nota, y la inflación en mayo se situó en 8,7 % interanual, aunque llegó al 9,8% en marzo; si esto no es una estanflación se le parece mucho. El consumo de los hogares, uno de los factores que estaba tirando de nuestra economía, descendió un 2% entre enero y marzo, y las exportaciones, que en la anterior crisis fueron las que nos sacaron del atolladero, sólo crecieron 1,1% en el primer trimestre del año. Como cosa positiva se destaca la creación de casi un millón de puestos de trabajo en el último año, pero, paradójicamente, aunque se trabajaron más horas, su productividad cayó 1,1%, o sea, que se produce menos con más trabajadores, clara muestra del deterioro de nuestra competitividad. Quizá, la explicación la encontremos en el destacado protagonismo que el aumento del empleo público ha tenido en esa creación de puestos de trabajo.
Aunque todo el mundo espera que en el segundo trimestre mejoren esas cifras, no lo harán de modo suficiente para que se cumplan las previsiones del gobierno. La situación económica es muy preocupante, pero todavía lo es más ver como se carece de una política económica, de una hoja de ruta clara. Se gobierna improvisando, a golpe de decreto según digan las tendencias electorales, buscando remedios de corto plazo a problemas que requieren proyectos serios y de largo alcance.
En estos momentos, con una inflación fuera de control, aumentar el gasto público en donativos es pan para hoy y hambre para mañana. Las doctrinas clásicas keynesianas aconsejan combatir la recesión con presupuestos expansivos, pero no incrementar cualquier gasto público, sino inversiones que multipliquen su efecto, creando empleos y riqueza futura. Por otra parte, si se aumenta el gasto público se aumenta la demanda y se anima la economía, pero al aumentar la demanda suben los precios de los artículos, o sea, se crea inflación. Por eso es tan temido por los economistas el estado de estanflación, estancamiento económico con inflación, porque los remedios para un mal perjudican al otro.
Es urgente trazar una política económica para el presente y los próximos años para nuestro país y para ello no hay otro medio que crear una concertación entre todas las fuerzas sociales y políticas. Un pacto de rentas que reparta los sacrificios entre la Administración, las empresas y los trabajadores. Meto a la Administración porque es quien administra, en estos momentos, el cincuenta por ciento del gasto nacional y son varios los estudios que afirman que el presupuesto contiene gastos totalmente improductivos y perfectamente prescindibles, que pueden ir desde los 14.000 millones que dice la AIREF hasta los 60.000 millones que sostiene el Instituto de Estudios Económicos.
El gobierno gasta sus esfuerzos en leyes que reclaman tan poca urgencia como la de dar más facilidades para abortar o la que regula los cambios de género (¿o de sexo?, que ya no sabemos distinguir uno de otro) mientras hay asuntos que piden urgente atención. Como ejemplos, el 30 de junio vencen dos de las medidas que se pusieron en marcha para salvaguardar las empresas: finaliza la moratoria concursal, que obligará a muchas empresas a solicitar el concurso, sin que esté a punto la nueva ley concursal; y acaba el periodo de carencia negociado con las entidades para aquellos que han solicitado créditos avalados por el ICO. También desaparece el fondo de COFIDES destinado a recapitalizar empresas con problemas financieros.
20 de junio de 2022
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