Cambiar
la ley electoral es posible, pero lo fácil no arregla el problema y lo que sí
lo arregla exige un gran acuerdo.
Cada vez que ningún gran partido logra
la mayoría, vuelve la misma pregunta: ¿es normal que partidos con apoyo tan
solo en una parte del territorio acaben decidiendo quién gobierna España? Nadie
discute su derecho a estar en el Congreso. Lo que se discute es el peso que
llegan a tener y si cambiar la ley electoral serviría para corregirlo.
Dos ventajas que se confunden
En España cada provincia elige a sus
diputados por separado, y todas parten de un mínimo de dos. Eso produce dos
efectos distintos.
El primero favorece a las provincias
pequeñas, que tienen proporcionalmente más diputados que las grandes. Beneficia
sobre todo a los grandes partidos con fuerza en la España interior.
El segundo favorece a quien concentra
sus votos. Un partido fuerte en una sola región consigue muchos escaños con
pocos votos, mientras que otro con apoyos repartidos por todo el país puede
quedarse sin ninguno. En 2023, Junts logró 7 diputados con unos 390.000 votos;
Vox, 33 con unos tres millones.
Ese segundo efecto es el que permite a
un partido territorial decidir cuando el Parlamento está muy dividido. No es
algo nuevo ni de un solo color: el PSOE en 1993 y el PP en 1996 gobernaron
gracias, sobre todo, al apoyo de partidos catalanes y vascos.
Lo fácil no basta
Una ley aprobada por mayoría absoluta
del Congreso puede aumentar el número de diputados, reducir el mínimo de cada
provincia o cambiar la fórmula del reparto. Pero eso recortaría sobre todo la
ventaja de las provincias pequeñas y apenas tocaría la de los votos
concentrados.
Para lograrlo habría que agrandar las
circunscripciones, y hoy la Constitución exige que sean las provincias. Habría
que reformarla, y eso requiere el apoyo de tres quintos del Congreso y del
Senado, además de un posible referéndum.
Un dilema para quien reforme
Quien reúna los votos para cambiar la
ley se encontrará con un problema propio. Reducir el mínimo de las provincias
pequeñas probablemente costaría escaños al PP, y un reparto más proporcional
favorecería a Vox. Una reforma justa tiene que valer para todos, también para
quien la impulsa.
Hay además un temor razonable: que una
mayoría reescriba las reglas en su propio beneficio. Por eso cualquier cambio
debería contar con un acuerdo amplio.
Qué queda
Si el objetivo es reducir la ventaja de
las provincias pequeñas, basta una ley. Si es limitar la del voto concentrado,
hace falta reformar la Constitución y pactarlo con muchos. Mientras tanto, son
cada vez más los votantes que recurren al voto útil para no desperdiciar su
papeleta, pero eso no corrige la ventaja: solo reparte los escaños entre los
partidos de ámbito estatal.
De Mis conversaciones contra
la IA

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