La actualidad mediática a menudo
funciona como un espejo deformante, diseñado no para reflejar la realidad, sino
para moldearla a conveniencia de un relato oficial (recordar que el término relato
es un eufemismo de lo que siempre hemos denominado cuento, fruto del
terrorismo semántico que nos invade). Así, durante casi todo el mes de agosto,
la insostenible presión vivida por la población ceutí, niños y ancianos
incluidos, ha sido despreciada no ya por el Gobierno de España, sino por la
mayor parte de los medios informativos nacionales, centrados exclusivamente en
el drama de los inmigrantes, que, por supuesto también merece atención. Y solo
a final de mes, cuando esos ciudadanos ceutíes invisibles e ignorados han
explotado, solo entonces han conseguido un importante eco mediático, pero no
tanto por su personal drama, sino para enarbolar los fantasmas del racismo y la
xenofobia, alentando estos ya viejos demonios populares y atizando una
importante dosis de pánico moral totalmente innecesaria porque nuestro
ordenamiento jurídico tiene herramientas más que sobradas si no para
eliminarlos sí para neutralizarlos.
Lo cierto es que esas imágenes de
descontrol y saturación que logran imponerse no son la raíz del problema, sino
el síntoma visible de un mal mucho más profundo: el choque entre unas
democracias asediadas y su propia parálisis voluntaria.
Lo que estamos presenciando no es un
fenómeno migratorio espontáneo movido únicamente por la necesidad, sino una
táctica calculada que los expertos definen como guerra híbrida. Y es que, en
definitiva, nos vemos abocados a defendernos de estrategias de velada
hostilidad en las que terceros países utilizan a seres humanos —a menudo
menores y personas en situación de extrema vulnerabilidad— como auténticos
arietes humanos. El objetivo es claro: chantajear, desestabilizar el Estado del
bienestar y fracturar la cohesión social del país receptor. Y lo hacen con la
absoluta certeza de que nuestras propias leyes y nuestros principios morales nos
impedirán responder con idéntica crudeza. Explotan nuestra civilización contra
nosotros mismos.
Frente a este chantaje geopolítico, se
ha instalado la falsa creencia de que las democracias son sistemas
inherentemente débiles, condenados a sufrir pasivamente estas injerencias. Pero
la democracia tiene una forma de defenderse, y reside en uno de sus principios
más sagrados: el Estado de Derecho. La ley no es una sugerencia ni un
instrumento moldeable al calor de las emociones coyunturales; es el muro de
contención contra la arbitrariedad y el caos. Para que una democracia
sobreviva, la aplicación de la ley debe ser implacable, manteniéndose muy por
encima de las moralidades pasajeras y de esa interpretación
"buenista" que ha terminado por confundir la debilidad ejecutiva con
la virtud humanitaria.
No obstante, el verdadero drama no se
libra únicamente en las fronteras físicas, sino en nuestra propia psique
colectiva. Occidente padece una profunda crisis de identidad, agarrotado por un
complejo histórico paralizante. El justificado horror ante los totalitarismos
del siglo XX —el nazismo y el estalinismo— nos ha dejado atrapados en un estado
de shock permanente, un sentimiento de culpa que nos incapacita para
reivindicar lo nuestro. Hemos llegado a un punto en el que dudar de nuestra
propia legitimidad se considera un signo maravilloso de sofisticación
intelectual, mientras que defender nuestras fronteras y nuestra cultura es
estigmatizado de inmediato bajo acusaciones de racismo y xenofobia.
Pero para defender algo, primero hay que
estar convencido de que merece la pena ser defendido. Urge, y de un modo imperativo,
sacudirnos ese complejo y volver la mirada hacia los cimientos que han hecho de
nuestras sociedades el refugio de libertad y prosperidad más extraordinario de
la historia de la humanidad. Y urge porque nuestro legado no nace del vacío ni
se ha construido en dos días y sin esfuerzo, sino que es la suma de tres
pilares irrenunciables. Venimos de Atenas, que nos legó la razón, el
pensamiento crítico y la capacidad de autogobierno. Venimos de Roma, que aportó
la arquitectura institucional y la soberanía de la ley objetiva. Y venimos del cristianismo,
que introdujo una revolución moral sin precedentes al postular la dignidad
intrínseca e inviolable de cada individuo. Y todo ello rematado por un
Renacimiento, una Ilustración, una Industrialización y unos debates sociales
por los que ninguna otra civilización ha pasado, y de los que ha derivado un
modelo de convivencia y progreso únicos. Esa es nuestra identidad, y tenemos el
derecho y la obligación ineludible de preservarla.
Como advertía el historiador Arnold
Toynbee, las civilizaciones no mueren por asesinato, sino por suicidio. El
mayor riesgo para las sociedades libres no proviene de la fuerza de quienes
empujan nuestras vallas, sino de nuestra propia claudicación interna. Si
renunciamos a afirmar nuestra identidad y vaciamos de contenido nuestros
valores, ese espacio será rápidamente ocupado por ideas y grupos que,
amparándose en nuestra tolerancia, buscan activamente destruir nuestro modelo
de convivencia.
No tenemos la obligación de salvar al
mundo ni de imponer por la fuerza nuestra forma de vida a culturas que no
desean asumirla. Pero sí tenemos el deber histórico de mantenernos firmes.
Occidente debe volver a ser un faro seguro de sí mismo: implacable en la
aplicación de su Estado de Derecho, celoso protector de sus fronteras y
profundamente orgulloso de su herencia. Si hemos decidido dejar de defendernos,
todavía estamos a tiempo de revertir la decisión. Porque si perdemos aquello
que nos hace quienes somos, el problema no será de quienes nos reemplacen, sino
exclusivamente nuestro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario