EL PRECIO DE LA PAZ (Servando Gotor)

No, la paz no tiene precio.  Pero ¿qué se entiende por paz? ¿Recuerdan cómo alardeaba Franco en sus 25 y 30 años de paz?  ¿Era verdadera paz? ¿Qué tipo de paz era aquella?  Y cuando Napoleón invadió España, ¿qué creen, que no nos traía paz? Por supuesto que nos la traía: nos traía su paz. ¿Qué gobernante, proceda del sable o las urnas, no pretende la paz, “su” paz, para mantener su propio estatus? No, la paz que tiene un precio no es paz. La paz que se paga es entrega, sometimiento y humillación.  La paz no se compra y menos a cambio de democracia o de estado de derecho.  Tampoco es paz la paz impuesta, ni la piadosa.  Como no lo es la soportada. Y si mal está que un político pretenda convencernos que el fin de la paz justifica cualquier medio o determinados medios o todos los medios, peor, mucho peor, es que un juez, nada menos que un juez, anteponga la paz al mismísimo estado de derecho. Y esto es lo que ha hecho el magistrado de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, en su voto particular del auto de cuatro de abril (caso Faisán) al expresar –entre otras barbaridades jurídicas- literalmente lo siguiente:

Es un elemento característico de los delitos terroristas su finalidad, última, política, y es, en este plano, en el de posibles negociaciones políticas, donde se encuentran legitimados los gobiernos de los Estados a disponer de un determinado ámbito de actuación, en que, sin infringir normas jurídicas que impliquen una quiebra del estado de derecho, les permita llevar adelante acciones tendentes a obtener resultados que quedan indiscutiblemente bajo lo que son las obligaciones de todos los gobiernos. Nos referimos, en materia de terrorismo, además del combate jurídico desde el estado de derecho, a la utilización de cuantos instrumentos políticos legítimos puedan existir desde la perspectiva de un estado social y democrático de derecho, para la obtención de la pacificación y el fin de la lacra del terrorismo.

De entrada, al referirse a esa “finalidad última política” equipara al gobierno democrático de España con los grupos terroristas, lo que resulta, sin más, inadmisible. Pero lo peor es que justifica no sabemos bien qué “instrumentos políticos legítimos” “además del combate jurídico desde el estado de derecho”.  ¿Hay quien pueda entender esto, máxime cuando previamente ha admitido, en base a esa “finalidad última política” que en las “negociaciones políticas” (…) “se encuentran legitimados los Estados a disponer de un determinado ámbito”?

Lo que en definitiva está diciendo es lo que ya estamos hartos de oír: que el fin justifica los medios y para alcanzar la paz todo vale. Afortunadamente se trata sólo de un voto particular y el resto del tribunal, es decir los otros dos magistrados, han opinado y decidido justo lo contrario.  Pero resulta verdaderamente alarmante que un juez tenga la osadía de suscribir semejantes argumentos.

No, la paz no se compra.  Porque si se compra, su precio no es otro que la libertad. No, la paz sólo es paz cuando libremente se acepta. Y eso sólo ocurre cuando el pueblo se la otorga a sí mismo mediante una constitución y un estado de derecho derivado de ella y sustentado en ella.  La paz sometida al terror no es paz. Y que nadie diga que la democracia y el estado de derecho son débiles. Al contrario: el rigor de la ley (estado de derecho) ha de ser un verdadero rodillo para todos aquellos que la contravengan, persigan lo que persigan. Los demócratas, los verdaderos demócratas son gente fuerte y briosa que lejos de rendirse o amilanarse ante los ataques externos, planta cara con la ley reafirmando así sus convicciones.

No, la paz como todo lo grande, no tiene precio.

Servando Gotor

El Comarcal del Jiloca

15/04/2011