Imagen generada con IA (ChatGPT)
En las últimas horas, la monarquía
parlamentaria española ha dejado de habitar ese espacio de tranquila
neutralidad institucional que le ha sido y le debe ser propio, para
convertirse en el epicentro de una tormenta política perfecta. Lo que comenzó
como una crisis territorial y migratoria de extrema gravedad en Ceuta ha
terminado por destapar una fractura mucho más profunda en el corazón del
Estado, evidenciada de manera definitiva tras la calculada intervención del
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los micrófonos de la Cadena SER.
Este choque de trenes no es un simple desencuentro protocolario sobre la agenda
real, sino la escenificación pública de una mutación institucional silenciosa
que busca alterar de raíz el equilibrio de poderes diseñado en 1978, forzando
una deriva divisiva hacia una república presidencialista, plurinacional y
confederal.
La negativa del Ejecutivo a autorizar de
inmediato el viaje del rey Felipe VI a la ciudad autónoma desvela una
preocupante dinámica de sometimiento fáctico. Al afirmar el Gobierno, por boca
del ministro Óscar López, que el monarca visitará Ceuta únicamente cuando «sea
oportuno» y «en plena coordinación», se verbaliza una asimetría inaceptable: la
pretensión de que el único que ordena y manda en el tablero estatal es el líder
del Ejecutivo. Esta actitud de cortapisa se vio agravada en la SER cuando Sánchez pretendió justificar su veto camuflándolo como un dardo envenenado a la Corona. Es la constatación de un estilo de poder que sustituye el verdadero estadismo por el reclamo publicitario y la campaña perpetua, desplegada con absoluta comodidad en su propio ecosistema de medios afines. En el camino, enredado en sus propias
cifras, Sánchez llegó a atribuirle al Monarca «veinte años de reinado» —cuando
en realidad fue proclamado en 2014—, confundiendo de forma burda el tiempo en
el trono con los casi veinte años que han pasado desde la última visita de la
Casa Real en 2007. Más allá del patinazo cronológico, la entrevista evidenció
que no estamos ante un desliz involuntario, sino ante una estrategia coordinada
de desgaste. Esta campaña de denigración sistemática se complementa con la
hostilidad de perfiles como el del ministro Óscar Puente, quien no dudó en
calificar de «absoluta ignominia» un protocolario saludo del Rey al periodista
Javier Negre en Colombia, demostrando que cualquier pretexto es válido para
fiscalizar y erosionar el prestigio de la institución.
Este arrinconamiento del monarca cobra
una gravedad extrema si se observa cómo el sanchismo está consumando un vaciado
sistemático de las funciones internacionales que tradicionalmente venía
ejerciendo la Corona, y que históricamente arrojaron resultados notables para
el país. Durante décadas, la Jefatura del Estado funcionó como el primer y más
eficaz activo diplomático de España, un canal de altísima política capaz de
abrir mercados estratégicos, consolidar alianzas transatlánticas y destensar
crisis bilaterales allí donde la diplomacia de partido encallaba por sus
servidumbres ideológicas. Hoy, sin embargo, el Ejecutivo ha confiscado
deliberadamente esa valiosa herramienta exterior. Al vetar e instrumentalizar
la presencia del Monarca en Ceuta bajo el pretexto de no incomodar a Rabat, el
Gobierno no solo hurta a los ciudadanos ceutíes el amparo de su Rey; también
escenifica la degradación geopolítica de una España que, tras renunciar a su
diplomacia de Estado y sustituirla por el personalismo de Moncloa, se ha visto
trágicamente relegada a un papel de paria en el tablero internacional, incapaz
de hacerse respetar ante sus propios vecinos y aliados.
Para comprender el verdadero alcance de
este pulso, conviene rescatar las tesis que el jurista Manuel García-Pelayo
formuló sobre la Corona, sustentadas en una idea axial tomada de Benjamin
Constant: el principio de legitimidad funcional. En los Estados contemporáneos,
al Rey ya no lo sostiene el derecho divino ni la herencia mística. Su
legitimidad es, por supuesto, estrictamente legal y constitucional, pero por
encima de todo es una legitimidad de ejercicio. Siguiendo a García-Pelayo, es
legítima aquella institución cuya existencia y acción constituyen una
aportación necesaria o esencial para el mantenimiento renovado del sistema. El
artículo 56 de la Constitución, cuando mandata que el Rey arbitra y modera el
funcionamiento regular de las instituciones, no dibuja un adorno inerte, sino
un actor del sistema cuya razón de ser se revalida diariamente a través de su
utilidad práctica. Esta función difusa no se funda en la potestas o
capacidad ejecutiva directa, sino en una auctoritas indiscutible que
nace de su estricta neutralidad y de su ejemplaridad personal.
Por ello, cuando el Ejecutivo bloquea la
agenda real, ataca directamente la línea de flotación de esa legitimidad
funcional. Al impedirle ejercer su papel integrador en un momento de crisis,
Moncloa busca vaciar la institución por dentro para luego declararla
prescindible. Y eso no es respetar las reglas del juego, porque lejos de ser un
mero símbolo decorativo, el Monarca es depositario de una «reserva de poder» destinada
a activarse en situaciones verdaderamente excepcionales que supongan un riesgo
existencial para la supervivencia del orden constitucional. En un Estado
tensionado por la polarización y las asimetrías territoriales, la función
moderadora del Rey opera como una salvaguarda técnica indispensable, dotada de
la facultad de negar la sanción de una ley en casos extremos donde pueda estar
en cuestión la vigencia de la Constitución como un todo o la unidad de la
nación.
Pretender patrimonializar la agenda real
supone despojar al Estado de su infraestructura jurídica más fría y previsible.
Mientras que un Ejecutivo mide sus decisiones en estrategias demoscópicas y
entrevistas de conveniencia, la Monarquía Parlamentaria aporta una permanencia
ajena al mercado electoral y a las dependencias de los socios de gobierno. Su
naturaleza estructural la sitúa al margen de las urgencias de los mandatos
temporales y de la necesidad de asegurar un futuro político personal, concentrando
la representación en un único núcleo no faccioso y blindando la Jefatura del
Estado frente a los incentivos perversos del cortoplacismo.
La declaración de Sánchez en la SER
constata que las costuras del régimen del 78 están bajo una presión cesarista
sin precedentes que intenta colonizar de manera absoluta todos los espacios del
Estado. En una arquitectura institucional gravemente amenazada por la
fragmentación legal en función de privilegios, la legitimidad funcional de
Felipe VI, vinculada a su derecho constitucional de arbitraje y a su obligación
de hacer guardar la Constitución, se revela hoy más necesaria y urgente que
nunca. Defender hoy la integridad de la Monarquía Parlamentaria frente al
ninguneo gubernamental no es un ejercicio de mística histórica ni de afecto
nostálgico, sino un acto de estricta higiene constitucional indispensable para
salvaguardar las reglas del juego y garantizar que la igualdad civil de todos
los ciudadanos no termine saltando por los aires.
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