ALARMA (Servando Gotor)

 

SGS

Los emolumentos de los controladores me parecen obscenos. Pero más obscenos son los devengados por cargos arbitrariamente designados con magro oficio y grueso beneficio

Ganar mucho o poco no es, “per se”, un argumento. Hasta el líder comunista chino Den Xiaoping, afirmó a la muerte de Mao que “enriquecerse es glorioso” (divina majadería). Ganar mucho o poco es, simplemente, un hecho. Y para que un hecho se eleve a la categoría de argumento es necesario valorarlo, ejercicio mental que sólo puede acometerse a base de contextualizarlo y someterlo a criterios de medida o referencia. En un conflicto de índole laboral, cual es el de los controladores aéreos, esgrimir que ganan mucho no es que sea un argumento pobre es que no es ni argumento si lo que se pretende de verdad (cosa que dudo) es un debate serio para la solución del conflicto. Y si no es un argumento sino sólo un hecho, procede asentar, como queda dicho, contexto y criterios referenciales.

El contexto es el sistema (cosa distinta es que el sistema sea perverso, crítica a la que sería el primero en adherirme, dicho sea de paso, pero no es el sistema lo que aquí se cuestiona). El contexto, insisto, es el sistema. Y el sistema en el que nos movemos es el propio de un estado democrático de derecho en una economía de mercado con límites sociales legalmente regulados.

Primera contextualización y primer criterio, pues, el marco legal con todos los principios que encierra. Si los emolumentos de los controladores y los demás derechos laborales adquiridos se ajustan a la legalidad y esa legalidad se ajusta a su vez a un estado de derecho y ese estado de derecho es democrático, puede afirmarse que los emolumentos y demás derechos de los controladores son legales y hasta legítimos. Si, a mayor abundamiento, esos emolumentos y demás derechos tienen naturaleza jurídica “salarial” gozan y deben gozar de todas las protecciones y garantías legales inherentes a los mismos. Nótese que hablo de derechos adquiridos, especialmente protegidos y que, además, tienen la consideración de “irrenunciables”. Consecuencia práctica: no hay poder ni autoridad legítimos que deban cercenarlos, otra cosa es que aunque no deban, de facto, lo hagan (“puedan”, en definitiva, pues el poder arbitrario -la fuerza, en suma- todo lo puede). Lo expresado resulta extrapolable al recorte sufrido por los funcionarios, recorte económico que en la actualidad pende de un recurso en el Tribunal Constitucional.

Ahora bien, si tales derechos y/o condiciones no nos gustan, por los motivos que sean (incluso porque nos parecen excesivos) modifíquese su regulación futura (“ex nunc”), pero los contratos vigentes y los derechos adquiridos deben respetarse.

Dicho lo dicho, si se me preguntara mi parecer sobre el asunto desde el punto de vista ético o moral, al margen de la lógica, el sistema o el derecho, respondería:

Primero, que si las reglas o normas que decimos darnos y aceptar no las aceptamos en la práctica y las pervertimos, hacemos trampa. Y la trampa es inmoral, con lo que hasta el argumento jurídico y formal deviene moral (lo que le confiere mayor fuerza por la sacralización que ello implica). No digamos nada si el tramposo es, además, quien manda, es decir: el que hace la norma.

Segundo, que los emolumentos de los controladores me parecen simple y llanamente obscenos. Pero más obscenos son los devengados por cargos arbitrariamente designados con magro oficio y grueso beneficio, que los hay y a montón y a veces varios por persona.

Tercero, que, con todo, y siendo mucha mi indignación, aún encuentro todavía más obsceno que quienes nos mandan incumplan la ley. Me parece simple y llanamente lo más alarmante, lo verdaderamente alarmante de la excepcional situación que padecemos en todos los órdenes.

En fin, demasiado circo para tan poco pan. Y ya veremos si la chapuza político/jurídica de la declaración del estado de alarma, trae cola. Que esa es otra.

Servando Gotor

El Comarcal del Jiloca

10/12/2010