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El Gobierno ha aprobado, quizá, las únicas medidas que podía tomar en el tema de los desahucios, remediar algunas situaciones límite y prometer un fondo de viviendas para alquileres sociales. En el proceso de recapitalización en que se encuentran bastantes entidades bancarias españolas, poner impedimentos legales para que recuperen sus créditos (porque al fin, una hipoteca no es más que una garantía de cobro de un préstamo) supondría un jarro de agua fría sobre los poco animados inversores.
En esta gran ceremonia de la confusión en que estamos inmersos todo se mezcla para crear oscuridad. En primer lugar, quien contrae una deuda sabe que ha de pagarla, aunque sea a largo plazo y tenga el optimismo de un don Juan: “cuan largo me lo fiáis”. No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, advierten nuestros clásicos. En tiempos más cabales la familia que solicitaba una hipoteca era de inmediato estigmatizada; en el casino se comentaba en voz baja, fulano ha pedido una hipoteca sobre sus fincas…, todo el mundo consideraba aquello como un indicio de próxima bancarrota y mala administración. Quien habiendo obtenido un préstamo voluntariamente con la garantía de su vivienda, no hace frente a sus obligaciones, no tiene porque asombrarse de que su acreedor ejecute esa garantía; otra cosa es ir en contra de la seguridad jurídica que debe presidir todo orden social. Asunto distinto es, y esto es lo que viene a decir el dictamen de la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE, Juliane Kokott, que todo este proceso se rodee de malas prácticas y abusos por parte de la banca. No confundamos pues la magnesia con la gimnasia, y si nos ponemos castizos, el culo con las témporas.
Lo verdaderamente aberrante es que un banco prestamista cobre a su cliente unos intereses de demora del 19 o el 20%, que le imponga unos costos de ejecución hipotecaria estimados arbitrariamente de hasta un tercio del capital prestado, que estas mismas entidades hayan creado una vana ilusión en su clientela presentando unas tasaciones fantásticas y fraudulentas, etc. etc. En otras épocas, ya digo, más cabales, esto habría sido tachado de usura y castigado hasta con la excomunión. Precisamente las Cajas de Ahorro, esas Cajas que imponen esas leoninas condiciones a sus clientes, se fundaron para evitar los abusos de usureros sin entrañas. ¡Ay, si el Padre Piquer levantara la cabeza, volvería avergonzado a su tumba!
No es defendible la actuación de las entidades financieras en este asunto. Yo siempre he sostenido que la ética es el factor más rentable de los negocios, que cuando se habla de empresas sostenibles hay que hacer hincapié en que su comportamiento hacia la sociedad, sus empleados, sus clientes y proveedores, sea ético, solo así podrán ser sostenibles en el tiempo. Cuando falta la ética, cuando el negocio omite las consideraciones morales en un afán de lucro inmediato, llegamos a situaciones de quiebra y debacle como la actual. En los últimos años las entidades financieras españolas han demostrado un desprecio total por los valores morales digno de reproche social, pero eso nada tiene que ver con el proceso jurídico de recuperación forzosa de las cantidades prestadas, salvo que estemos dispuestos a sufrir las consecuencias: ver como los mercados internacionales aumentan su desconfianza en la Banca española, cerrándoles todavía más sus puertas, dando una vuelta de tuerca a nuestra asfixiada economía tan escasa de financiación. Evítense las malas prácticas y los abusos, modérense los intereses moratorios, ajústense las costas del procedimiento, siéntese la mano sobre esas sociedades de valoración que se han dejado influir demasiado por sus clientes los Bancos. Todo eso lo verá favorablemente el mercado de capitales.
Pero en todo esto ¿qué tiene que ver la Ley hipotecaria? La Ley hipotecaria, bien gestionada y aplicada, con sus límites de garantía sobre el valor real del bien, ha facilitado el acceso a la propiedad de la vivienda a millones de familias españolas. Es una Ley fundamental para nuestro derecho civil y debe estar a salvo de vaivenes circunstanciales y oportunistas.
Antonio Envid
26/11/12
Desde luego la ley no tiene la culpa, sino los inconscientes que no se molestan en pensar qué puede pasar el día de mañana. Inconscientes lo digo en términos generales y desprovisto de todo significado peyorativo.
ResponderEliminarPor otra parte, nunca o pocas veces se habla de los bancos como responsables de este desastre que ahora nadie sabe arreglar. ¿No debieron prever esto los bancos? Podemos pensar que era imposible prever la crisis, cosa que dudo, y aun así los bancos son responsables de haber prestado un dinero que era probable que no fuesen a recuperar, porque no hay que ser muy listo para averiguar que un obrero con un contrato temporal por obra o servicio determinado en algún momento ae va a quedar sin empleo. Otra cosa es que los bancos hayan querido ir a pillar y ahora se intente disfrazar.
Mercedes