PÓLVORA Y DINAMITA EN LA D.G.A. (Servando Gotor)

SGS



Se abrió la veda con Gil en Marbella, ¿recuerdan? Entonces, la mayor parte de los políticos y altos funcionarios no sólo gozaban de la presunción de inocencia sino también de la de honorabilidad y respeto sociales, fuerte escudo frente a todos.

Precisamente esa presunción de honorabilidad, rota después hasta invertirse en presunción de corrupción ha quebrado la inmunidad de los políticos quedando abierta la veda. ¿Solución? Manejar prensa y poder judicial.

La imputación de un alto cargo y cinco funcionarios de la DGA por prevaricación y cohecho por presuntas irregularidades detectadas entre 2004 y 2007, hace cuestionarse por qué sale a la luz justo en vísperas de la cercana consulta electoral. Parece claro que alguien maneja los tiempos. Se me ocurre pensar que el PAR, esa bisagra que se adapta a cualquier situación jactándose de ello, pudiera tener esta vez una participación decisiva para el cambio de gobierno. Y quizá por ello algunos estén interesados en que desaparezca. ¿Adónde irían sus votos? ¿A la Chunta, que nunca apoyaría al PP sino al PSOE, o al PP? Esa es la cuestión. En los estereotipos (decisivos normalmente) el voto del PAR es un voto regionalista moderado que podría acabar en el PP, sí, pero el componente local y la fibra sensible de un supuesto y especial amor al terruño y al agua, bien pudiera arrastrarlo hacia el PSOE porque el PP, “la derechona”, sólo ama a España y al centralismo (estereotipos, insisto).

Marcelino Iglesias y Eva Almunia, silencio. Y el Consejero de Industria, Arturo Aliaga (PAR), reacciona veloz, la mejor defensa el ataque, personándose como acusación contra su propio alto personal. Sublime. Dice que, en cuanto detectó irregularidades en el 2008, puso en marcha una investigación interna. Pero no es así: el asunto se inicio por la denuncia de un ingeniero.

La cosa no pasaría de esta contradicción si a la gente no se le informa (exclusiva para El Comarcal), que empresas y profesionales de la minería en Aragón –ya en la década de los 90- tenían la sensación de que todo lo relativo a minas y explosivos (estos competencia de la Delegación del Gobierno) funcionaba –al menos- irregularmente. Y a este respecto, entre otras turbulencias judiciales (que las hubo pero no transcendieron por aquella “honorabilidad”) conviene constatar que una zafia investigación del entonces Fiscal Jefe abrió unas diligencias penales en las que declararon como imputados por los mismos delitos de hoy (cohecho y prevaricación) varios políticos del mismo departamento, entre ellos el propio Director del Servicio Provincial de Industria hoy también imputado y único cuya identidad ha transcendido al secreto sumarial.

Pero en las viejas diligencias había más de un director general. ¿Y qué pasó? Que se sobreseyeron por auto de 27 de marzo del 2002. Y, ¿por qué? Por una deficiente investigación de la fiscalía, que actuó “bajo unos postulados más inquisitivos que acusatorios (y que) ha dejado que sea un Juzgado de Instrucción quien investigue unas cuestiones complejas”. Ante tan deficiente investigación, las pruebas brillaron por su ausencia. Y si a eso añadimos que todavía eran tiempos de presunción de honorabilidad política, se acabó el invento. Eso sí, ninguno de los imputados se querelló después contra los denunciantes (“algo huele a podrido”).

Más: en aquellas diligencias Industria no se personó como perjudicada sino que defendió a los imputados con sus propios letrados. Cómo cambian los tiempos.

Más de un empresario y más de un ingeniero dicen haberse arruinado víctimas presuntamente de prevaricación y cohecho. Eran otros tiempos. Pero cuando una buena empresa depende de numerosos y complejos trámites y autorizaciones administrativas todo control de los funcionarios que las gestionan se queda corto ante la grave tentación que supone, máxime cuando estos poderes se enquistan eternamente. Hay más, mucho más que contar, cuestiones muy graves, pero eso será otro día.

Servando Gotor

El Comarcal del Jiloca

18/03/2011