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Se diga lo que se diga, con todas sus virtudes y defectos, la democracia, pura y sin adjetivos, sigue siendo el sistema político menos malo. Uno puede concebir una dictadura perfecta gobernada por gente honrada pero la historia demuestra que esto rara vez -o más bien nunca- acontece. En todo caso esa dictadura ideal, esa autoridad imperial idílica, como tal excepción, jamás podría elevarse a la categoría de "sistema", por lo que habremos de concluir de nuevo que la democracia es el sistema político menos malo.
La pregunta que muchos enemigos de la democracia se formulan (conscientes o ignorantes) tiene que ver con la división de poderes. Se dice que los jueces no pueden equipararse al ejecutivo ni al legislativo porque carecen de la legitimidad que a estos otros otorgan las urnas. A título de ejemplo, recuerdo haberle oído esto hace muchos años a Javier Arzallus, que cuando una decisión judicial no le gustó cuestionaba la legitimidad conferida por una mera oposición. ¿Quién elige a un juez?, se preguntaba.
Pues bien, la democracia como sistema tiene respuestas para todas estas débiles dudas: la legitimidad del tercer poder viene dada, ya sólo a primera vista, por el propio sistema democrático. Y no se incurre con esta afirmación en una petición de principio, porque al sistema democrático le es inherente la existencia, separación y equilibrio de sus tres poderes. Sólo esto garantiza la independencia de cada uno y posibilita un control recíproco para que ninguno de los tres se desnaturalice.
Con todo, se puede seguir cuestionando esa legitimidad que -dicen erróneamente- emana de unas meras oposiciones. Pero la realidad es muy otra porque al emanar del propio sistema y estar construido tal sistema, a su vez, por el principio de legalidad, se concluye fácilmente con que la legitimación de los jueces emana de la ley. Y más concretamente de la Constitución. Un juez no tiene poder por haber ganado unas oposiciones sino porque ha llegado a la judicatura mediante el camino legalmente diseñado para ello. Por tanto, su legitimidad, en cuanto proviene de la ley, proviene también de las urnas, puesto que la ley se la da el pueblo a sí mismo. En consecuencia los tres poderes asientan su legitimidad en el sistema democrático y -mediata o inmediatamente- en la ley y, por tanto, en las urnas.
De modo que los argumentos (antidemocráticos) que pretenden deslegitimar al poder judicial, dejando así libres y sin control a los otros dos poderes, quedan así perfectamente neutralizados: un juez tiene poder y, por tanto legitimidad, porque se lo confiere una ley democrática y, a mayor abundamiento, la primera de las leyes: la constitución.
Pero ahora vamos a la otra cara de la cuestión: la de los jueces que hacen política. Porque, precisamente, esa misma legitimidad legal, formal y democrática que su cargo ostenta allí empieza y allí acaba. De tal forma que el juez debe aplicar la ley y fuera de esa función propia de su autoritas no está legitimado para ninguna otra cuestión. Es más: incluso como ciudadano de a pie, sus opiniones políticas deben mantenerse siempre en el ámbito de la más absoluta intimidad porque la naturaleza de su cargo es completamente incompatible con cualquier opinión política. Además, su privilegiada situación incide directamente -distorsionándola- en la opinión pública, por lo que su opinión al respecto, per se debe considerarse simple y llanamente como un claro e intolerable abuso de una posición claramente dominante.
De modo que, igual que pienso que un juez tiene toda la legitimidad del mundo para la función que le ha sido legalmente encomendada, mantengo por igual razón que -en cuanto tal juez- carece de ella para todo aquello ajeno a sus estrictas competencias. Y menos aún para criticar una ley por motivos políticos. Eso sería tanto como atentar a la independencia del legislativo de la misma forma que los políticos no deben cuestionar ni inmiscuirse en la actividad jurisdiccional.
Los jueces, pues, deben limitarse a eso: a aplicar la ley. Y si, desde el punto de vista puramente técnico-jurídico o incluso desde el punto de vista de la justicia material, esa ley se le antoja injusta al juez, no se preocupen: el propio ordenamiento jurídico facilita los tramites procesales oportunos para mostrar su desacuerdo. Eso sí: siempre después de haber cumplido primero con su deber: observar y hacer observar la ley.
De ahí que me permita mostrar mi total desacuerdo con los jueces mediáticos o con los jueces que "opinan" fuera de los estrechos márgenes de sus ya legales, ajustadas, enormes y sagradas competencias.
Servando Gotor
Desde mi barricada
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