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Corregir la capacidad de condicionamiento de las minorías territoriales
exige algo más que retocar los escaños provinciales.
Cada vez que ningún gran partido logra
la mayoría, se reaviva el debate: ¿es razonable que formaciones con apoyo en
solo una parte del territorio decidan, de forma recurrente, la orientación del
Gobierno de España? Es una pregunta legítima, que no cuestiona ni el derecho de
esos partidos a estar representados ni la pluralidad territorial del país. Pero
la respuesta habitual, reformar la ley electoral, suele pasar por alto un
detalle esencial: las reformas más viables no resuelven el fenómeno que se quiere
corregir.
El problema no es la representación,
sino la eficiencia del voto
El sistema electoral español es
proporcional con correcciones. La provincia es la circunscripción, y cada una
recibe inicialmente dos diputados, el resto se reparte por población y los
escaños se asignan por la fórmula D'Hondt. Conviene además distinguir dos
efectos que a menudo se confunden.
El primero es la prima a las provincias
pequeñas. El mínimo inicial reserva 102 de los 350 escaños (dos por provincia,
más uno para Ceuta y otro para Melilla) antes de tener en cuenta la población.
Este efecto beneficia sobre todo a los grandes partidos con implantación en la
España interior.
El segundo es la eficiencia del voto
concentrado. Un partido que reúne su electorado en pocas circunscripciones
convierte sus votos en escaños con mucha más facilidad que otro con un número
similar de votos repartidos por todo el país. En 2023, Junts obtuvo siete
escaños con 392.634 votos, unos 56.000 por diputado; Vox logró 33 con
3.033.744, unos 92.000 por diputado. Y el PACMA (Partido Animalista), con
165.768 votos repartidos por todo el país, se quedó sin representación, pese a
superar al BNG y a Coalición Canaria, que consiguieron un escaño cada uno. Es
una consecuencia lógica de la circunscripción provincial, no una anomalía
constitucional.
La barrera legal del 3 % apenas influye:
solo cuenta en las provincias más grandes. En las pequeñas, el verdadero
obstáculo es que se reparten muy pocos escaños. En una provincia de tres
diputados, un partido necesita en la práctica casi uno de cada cinco votos para
conseguir un escaño; en una de cinco, alrededor de uno de cada ocho. Así, los
partidos pequeños quedan fuera casi siempre, salvo que concentren su apoyo en
pocas provincias.
En un Parlamento fragmentado, esa
ventaja del voto concentrado puede convertir a un partido territorial en
decisivo para formar Gobierno. No es algo nuevo ni de un solo color: el PSOE de
González en 1993 y el PP de Aznar en 1996 gobernaron gracias, sobre todo, al
apoyo de CiU y del PNV. El fenómeno reaparece siempre que ningún gran partido
alcanza la mayoría, y por eso merece un debate sereno.
El límite de la ley orgánica
La Constitución no impone el sistema
actual. El artículo 68 admite entre 300 y 400 diputados y encomienda a la ley
fijar la representación mínima inicial de cada circunscripción. Es la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) la que fija 350 diputados y un
mínimo de dos por provincia.
Por tanto, una ley orgánica aprobada por
mayoría absoluta del Congreso (176 diputados) podría ampliar la Cámara a 400,
reducir el mínimo provincial a uno o sustituir D'Hondt por otra fórmula
proporcional. El Senado puede enmendar la ley o vetarla (el veto exige su
mayoría absoluta), pero el Congreso conserva la última palabra: en una ley
orgánica, de nuevo con mayoría absoluta (arts. 81.2 y 90).
Conviene, sin embargo, ser honestos con
el alcance. Estas medidas reducirían sobre todo la prima a las provincias
pequeñas, y cambiar la fórmula tendría un efecto limitado en circunscripciones
de pocos escaños. Apenas alterarían la ventaja del voto territorialmente
concentrado.
El candado constitucional
Para atacar de verdad esa ventaja haría
falta ampliar la circunscripción: sustituir la provincia por demarcaciones
mayores o por una circunscripción nacional. Eso obliga a reformar el artículo
68.2, y una reforma de ese tipo exige el procedimiento del artículo 167: tres
quintos de cada Cámara (210 diputados en el Congreso) y la posibilidad de
referéndum si lo solicita una décima parte de los miembros de cualquiera de
ellas. Si las Cámaras no se ponen de acuerdo, una comisión paritaria intenta
conciliar los textos; y si aun así fracasa, el Congreso puede aprobar la
reforma por dos tercios (234 diputados) siempre que el texto haya obtenido la
mayoría absoluta del Senado. Por eso la composición del Senado pesa tanto como
la del Congreso.
Lo mismo ocurriría con un modelo
mayoritario a dos vueltas, que difícilmente encajaría con el mandato de
proporcionalidad del artículo 68.3. Y no sería razonable cambiar un
desequilibrio por otro: sacrificar la pluralidad para frenar a unos pocos
partidos tendría un coste democrático mayor que el problema que se pretende
resolver.
Una oportunidad y un conflicto de
intereses
Las elecciones generales del domingo 29
de noviembre de 2026 pueden abrir la puerta a esta discusión. Las proyecciones
privadas publicadas en noviembre sitúan a PP y Vox por encima de los 176
escaños, algunas entre 205 y 208, aunque ninguna supera con claridad los 210
necesarios para una reforma constitucional. El CIS, en cambio, da la victoria
al PSOE y estima entre 155 y 171 escaños para PP y Vox en conjunto.
Si esa mayoría se confirmara, tendría
que afrontar una dificultad que rara vez se menciona. Reducir el mínimo
provincial costaría probablemente escaños al PP en provincias pequeñas,
mientras que una proporcionalidad más pura favorecería a Vox. Disponer de los
votos no equivale a tener un proyecto, y diseñar una reforma con criterios
objetivos, aplicables a todas las fuerzas, implica asumir costes propios y no
solo ajenos. De lo contrario se incurriría en el mismo vicio que se critica:
usar las reglas de la representación en beneficio de quien las controla.
Hay también contraargumentos serios.
Quienes defienden el sistema actual sostienen que garantiza la representación
de la diversidad territorial y favorece la estabilidad, y temen que una mayoría
reescriba las reglas en su propio provecho. Cualquier reforma debería despejar
esos temores con un amplio consenso.
Conclusión
La discusión sobre cómo se transforman
los votos en escaños es legítima, pero hay que plantearla con precisión. Si el
objetivo es reducir la prima de las provincias pequeñas, basta una ley
orgánica. Si es limitar la ventaja del voto concentrado, hace falta una reforma
constitucional y un acuerdo muy amplio. Las reglas del juego democrático no son
inmutables, pero cambiarlas bien exige saber qué efecto produce cada pieza.
Mientras tanto, el coste de estas reglas
lo asumen los votantes. Quien apoya a un partido de ámbito estatal sin opciones
en una provincia pequeña sabe que su papeleta probablemente no se traducirá en
escaño, y muchos recurren al voto útil. Es un cálculo legítimo, pero no todos
los electorados lo soportan por igual, y no corrige la ventaja del voto
concentrado: solo redistribuye escaños entre partidos de ámbito estatal. El
debate de fondo sigue siendo el mismo: qué reglas queremos y qué mayoría
estamos dispuestos a construir para cambiarlas.
De Mis conversaciones contra
la IA

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