sábado, 21 de noviembre de 2026

REFORMAR LA LEY ELECTORAL: lo fácil no basta y lo útil es difícil

(Versión más simplificada y divulgativa sobre esta misma materia en 

 Imagen generada por IA (Gemini)



Corregir la capacidad de condicionamiento de las minorías territoriales exige algo más que retocar los escaños provinciales.

 

Cada vez que ningún gran partido logra la mayoría, se reaviva el debate: ¿es razonable que formaciones con apoyo en solo una parte del territorio decidan, de forma recurrente, la orientación del Gobierno de España? Es una pregunta legítima, que no cuestiona ni el derecho de esos partidos a estar representados ni la pluralidad territorial del país. Pero la respuesta habitual, reformar la ley electoral, suele pasar por alto un detalle esencial: las reformas más viables no resuelven el fenómeno que se quiere corregir.

 

El problema no es la representación, sino la eficiencia del voto

El sistema electoral español es proporcional con correcciones. La provincia es la circunscripción, y cada una recibe inicialmente dos diputados, el resto se reparte por población y los escaños se asignan por la fórmula D'Hondt. Conviene además distinguir dos efectos que a menudo se confunden.

El primero es la prima a las provincias pequeñas. El mínimo inicial reserva 102 de los 350 escaños (dos por provincia, más uno para Ceuta y otro para Melilla) antes de tener en cuenta la población. Este efecto beneficia sobre todo a los grandes partidos con implantación en la España interior.

El segundo es la eficiencia del voto concentrado. Un partido que reúne su electorado en pocas circunscripciones convierte sus votos en escaños con mucha más facilidad que otro con un número similar de votos repartidos por todo el país. En 2023, Junts obtuvo siete escaños con 392.634 votos, unos 56.000 por diputado; Vox logró 33 con 3.033.744, unos 92.000 por diputado. Y el PACMA (Partido Animalista), con 165.768 votos repartidos por todo el país, se quedó sin representación, pese a superar al BNG y a Coalición Canaria, que consiguieron un escaño cada uno. Es una consecuencia lógica de la circunscripción provincial, no una anomalía constitucional.

La barrera legal del 3 % apenas influye: solo cuenta en las provincias más grandes. En las pequeñas, el verdadero obstáculo es que se reparten muy pocos escaños. En una provincia de tres diputados, un partido necesita en la práctica casi uno de cada cinco votos para conseguir un escaño; en una de cinco, alrededor de uno de cada ocho. Así, los partidos pequeños quedan fuera casi siempre, salvo que concentren su apoyo en pocas provincias.

En un Parlamento fragmentado, esa ventaja del voto concentrado puede convertir a un partido territorial en decisivo para formar Gobierno. No es algo nuevo ni de un solo color: el PSOE de González en 1993 y el PP de Aznar en 1996 gobernaron gracias, sobre todo, al apoyo de CiU y del PNV. El fenómeno reaparece siempre que ningún gran partido alcanza la mayoría, y por eso merece un debate sereno.

 

El límite de la ley orgánica

La Constitución no impone el sistema actual. El artículo 68 admite entre 300 y 400 diputados y encomienda a la ley fijar la representación mínima inicial de cada circunscripción. Es la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) la que fija 350 diputados y un mínimo de dos por provincia.

Por tanto, una ley orgánica aprobada por mayoría absoluta del Congreso (176 diputados) podría ampliar la Cámara a 400, reducir el mínimo provincial a uno o sustituir D'Hondt por otra fórmula proporcional. El Senado puede enmendar la ley o vetarla (el veto exige su mayoría absoluta), pero el Congreso conserva la última palabra: en una ley orgánica, de nuevo con mayoría absoluta (arts. 81.2 y 90).

Conviene, sin embargo, ser honestos con el alcance. Estas medidas reducirían sobre todo la prima a las provincias pequeñas, y cambiar la fórmula tendría un efecto limitado en circunscripciones de pocos escaños. Apenas alterarían la ventaja del voto territorialmente concentrado.

 

El candado constitucional

Para atacar de verdad esa ventaja haría falta ampliar la circunscripción: sustituir la provincia por demarcaciones mayores o por una circunscripción nacional. Eso obliga a reformar el artículo 68.2, y una reforma de ese tipo exige el procedimiento del artículo 167: tres quintos de cada Cámara (210 diputados en el Congreso) y la posibilidad de referéndum si lo solicita una décima parte de los miembros de cualquiera de ellas. Si las Cámaras no se ponen de acuerdo, una comisión paritaria intenta conciliar los textos; y si aun así fracasa, el Congreso puede aprobar la reforma por dos tercios (234 diputados) siempre que el texto haya obtenido la mayoría absoluta del Senado. Por eso la composición del Senado pesa tanto como la del Congreso.

Lo mismo ocurriría con un modelo mayoritario a dos vueltas, que difícilmente encajaría con el mandato de proporcionalidad del artículo 68.3. Y no sería razonable cambiar un desequilibrio por otro: sacrificar la pluralidad para frenar a unos pocos partidos tendría un coste democrático mayor que el problema que se pretende resolver.

 

Una oportunidad y un conflicto de intereses

Las elecciones generales del domingo 29 de noviembre de 2026 pueden abrir la puerta a esta discusión. Las proyecciones privadas publicadas en noviembre sitúan a PP y Vox por encima de los 176 escaños, algunas entre 205 y 208, aunque ninguna supera con claridad los 210 necesarios para una reforma constitucional. El CIS, en cambio, da la victoria al PSOE y estima entre 155 y 171 escaños para PP y Vox en conjunto.

Si esa mayoría se confirmara, tendría que afrontar una dificultad que rara vez se menciona. Reducir el mínimo provincial costaría probablemente escaños al PP en provincias pequeñas, mientras que una proporcionalidad más pura favorecería a Vox. Disponer de los votos no equivale a tener un proyecto, y diseñar una reforma con criterios objetivos, aplicables a todas las fuerzas, implica asumir costes propios y no solo ajenos. De lo contrario se incurriría en el mismo vicio que se critica: usar las reglas de la representación en beneficio de quien las controla.

Hay también contraargumentos serios. Quienes defienden el sistema actual sostienen que garantiza la representación de la diversidad territorial y favorece la estabilidad, y temen que una mayoría reescriba las reglas en su propio provecho. Cualquier reforma debería despejar esos temores con un amplio consenso.

 

Conclusión

La discusión sobre cómo se transforman los votos en escaños es legítima, pero hay que plantearla con precisión. Si el objetivo es reducir la prima de las provincias pequeñas, basta una ley orgánica. Si es limitar la ventaja del voto concentrado, hace falta una reforma constitucional y un acuerdo muy amplio. Las reglas del juego democrático no son inmutables, pero cambiarlas bien exige saber qué efecto produce cada pieza.

Mientras tanto, el coste de estas reglas lo asumen los votantes. Quien apoya a un partido de ámbito estatal sin opciones en una provincia pequeña sabe que su papeleta probablemente no se traducirá en escaño, y muchos recurren al voto útil. Es un cálculo legítimo, pero no todos los electorados lo soportan por igual, y no corrige la ventaja del voto concentrado: solo redistribuye escaños entre partidos de ámbito estatal. El debate de fondo sigue siendo el mismo: qué reglas queremos y qué mayoría estamos dispuestos a construir para cambiarlas.

 

 

 

De Mis conversaciones contra la IA

 Servando Gotor




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