LA MUTACIÓN DEL BIOPODER: de la hoguera de las brujas al exorcismo "woke"

Imagen generada con IA (ChatGPT) 

 

En su célebre Historia de la sexualidad, Michel Foucault dinamitó la idea de que el poder político o religioso se limita a reprimir el sexo. Al contrario, el filósofo francés demostró que el poder produce discursos sobre el cuerpo para administrar la vida, catalogar a la población y gobernar las mentes. A este fenómeno lo denominó biopoder. Durante siglos, la Iglesia Católica fue la gran cirujana de la intimidad, utilizando el sacramento de la confesión obligatoria para acceder a la psique del creyente y erigirse en el juez último de su verdad. Hoy, en pleno siglo XXI, asistimos a una sorprendente mutación de este mecanismo. Las coordenadas han cambiado, pero el tablero es el mismo: las políticas identitarias contemporáneas, a menudo englobadas bajo el término woke, operan como el nuevo biopoder de nuestro tiempo.

Para comprender el alcance de esta transformación, resulta iluminador rescatar una distinción que el propio Foucault analizó en su curso Los anormales: la diferencia entre la brujería del siglo XVI y las crisis de posesión del siglo XVII.

La bruja era un fenómeno periférico. Habitaba en los márgenes geográficos y culturales —en los bosques, las montañas o las costas—, allí donde el poder de la Iglesia no había logrado cristianizar del todo. El inquisidor perseguía a la bruja desde fuera porque ella encarnaba una soberanía enemiga; una disidencia basada en un pacto explícito y voluntario con el demonio a cambio de un poder terrenal. A la bruja se la combatía para destruirla.

Sin embargo, un siglo después, el paisaje cambió con las epidemias de posesión demoníaca, que ya no ocurrían en la periferia salvaje, sino en el centro mismo de la ciudad, intramuros de los conventos y los hogares burgueses. El poseso no firmaba ningún pacto; era impregnado y sometido por una fuerza que tomaba el control de su cuerpo y de su lengua. La posesión no implicaba un comercio voluntario, sino una agónica lucha interna entre el sujeto y el "espíritu" que lo habitaba. Ante esto, la estrategia de la Iglesia ya no era la persecución exterminadora, sino la salvación obligatoria. Había que aplicar el ritual del exorcismo para reeducar la voluntad, extraer la confesión y devolver el alma descarriada a la comunidad.

Si observamos el debate cultural actual en torno al sexo, el género y la identidad, es evidente que no estamos ante una caza de brujas, sino ante un gigantesco escenario de posesión colectiva: no quieren tanto deshacerse de nosotros como convertirnos.

Hoy ya no existe un "afuera" o un bosque idílico al que huir para escapar del biopoder; las pantallas, las redes sociales y las nuevas burocracias institucionales ocupan todo el espacio público y privado. El ciudadano contemporáneo no pacta conscientemente con la nueva ortodoxia ideológica; es impregnado por ella a través de una ósmosis cultural omnipresente. Los discursos hiperespecíficos sobre las identidades y los géneros cruzados se introducen en la mente del individuo desde la infancia. Creemos que elegimos nuestros deseos e identidades de manera autónoma, cuando en realidad repetimos un guion prediseñado por el propio sistema para fragmentar y gestionar la sociedad en nichos predecibles.

Esta "posesión" moderna genera su propia patología: una angustia existencial y una autovigilancia feroz. El examen de conciencia ya no se realiza de rodillas en el confesonario, sino ante el tribunal digital de las redes sociales. El individuo vive en una convulsión constante, midiéndose a sí mismo bajo el miedo a no ser lo suficientemente "puro", "deconstruido" o "aliado".

La respuesta de las nuevas instituciones —gobiernos, universidades y corporaciones multinacionales— ante el ciudadano común que se resiste a estas lógicas no es el castigo físico inmediato, sino la "pedagogía de la salvación". Se ha invertido el concepto de normalidad: quien mantiene una visión tradicional o puramente biológica de la realidad es catalogado de inmediato como un "anormal moral" (un fóbico o un alienado). Pero el sistema, con una retórica impregnada de compasión e inclusión, le ofrece la redención. Los talleres de sensibilización obligatorios, los cursos de nuevas masculinidades y los códigos de conducta corporativos son los nuevos rituales de exorcismo. No buscan quemar al disidente; buscan colonizar su mente para que abrace la nueva verdad por su propio bien.

El fluido con el que se inocula esta posesión es, indiscutiblemente, el lenguaje. Foucault sabía que quien domina la palabra domina la realidad. La introducción de una neolengua institucional —que sustituye palabras materiales como "madre" por abstracciones administrativas como "persona gestante"— no es un avance lingüístico inocente, sino un rito de sumisión ideológica. Al cambiar las reglas del juego semántico constantemente, el ciudadano común cae en un estado de perpetua inseguridad. Ante el temor de usar el término incorrecto y ser excomulgado civilmente a través de la cancelación, el individuo opta por el silencio.

El biopoder actual ha logrado así su mayor victoria: ya no necesita un policía en la puerta ni una hoguera en la plaza. Le basta con vigilar la sintaxis del ciudadano para recordarle que el poder ya no se ejerce contra su cuerpo, sino desde el interior de su propia cabeza. Aunque, por si acaso… Por si acaso, abundan también los observatorios de todo.

De Mis conversaciones con la IA

 Servando Gotor

EL ECLIPSE DE CEUTA. LA REALIDAD OCULTA TRAS EL DECORADO TELEVISIVO

Imagen generada por IA (Gemini)

 

Detrás de las pantallas y las crónicas biempensantes se esconde una población exhausta, víctima de una estrategia de guerra híbrida, del negocio de la asistencia, de mafias con supuesta cobertura estatal y de una deriva diplomática que aísla a España en medio del verdadero eclipse de nuestra era.

 

 

Los telediarios de las cadenas convencionales nos ofrecen estos días un relato de Ceuta casi idílico: imágenes de cooperantes repartiendo víveres, discursos oficiales sobre la inquebrantable solidaridad del pueblo ceutí y planos de una Guardia Civil desbordada pero serena. Es la narrativa del "todo bajo control", una estampa de resistencia humanitaria diseñada para anestesiar nuestras conciencias. Sin embargo, apagar la pantalla y pisar el asfalto de Ceuta revela una verdad radicalmente distinta. Y la realidad de la calle no es un spot publicitario; es una crónica de desespero, desabastecimiento y una profunda sensación de abandono.

Los residentes de la ciudad autónoma no están viviendo precisamente en una postal solidaria, sino que conviven, día a día, con los efectos de un colapso estructural. Los supermercados locales y las tiendas de barrio, dimensionados para la población habitual, ven cómo sus estanterías de productos frescos quedan vacías en cuestión de horas. La reposición en el puerto no da abasto para cubrir un consumo multiplicado por la desesperación. Las urgencias del Hospital Universitario y los centros de salud priorizan de forma sistemática las emergencias de playa, postergando las citas y la atención médica de los ceutíes. En las barriadas periféricas y en el centro, la ocupación masiva del espacio público por personas que deambulan sin rumbo ante la falta de plazas habitacionales ha quebrado la tranquilidad y la convivencia pacífica. Ceuta sufre en silencio las consecuencias de una crisis que la asfixia.

El error principal radica en el vocabulario oficial. Lo que el Gobierno central se empeña en etiquetar como una "crisis migratoria" es, a ojos de cualquier analista estratégico y mando militar, una agresión enmarcada en la doctrina de la guerra híbrida. No estamos ante un flujo natural de personas en busca de un futuro; estamos ante la instrumentalización política y deliberada de masas de civiles, entre los que se incluyen de forma calculada a mujeres y menores para maniatar legalmente la respuesta del Estado receptor. El objetivo del país vecino no es la conquista militar con tanques, sino provocar un desgaste económico, social y político insostenible para España, quebrando la moral de su población y forzando concesiones diplomáticas intolerables.

Frente a este ataque asimétrico, la inacción institucional resulta indefendible. En los platós de cadenas como Telecinco, demuestran que cualquier periodista de investigación puede infiltrarse fácilmente en grupos de WhatsApp y canales de Telegram donde los asaltos masivos se organizan de forma abierta, fijando horas, fechas y puntos de concentración en localidades marroquíes como Castillejos. Si cualquiera con un teléfono móvil puede demostrar que se está fraguando una invasión a gran escala, es una falsedad flagrante pretender que los servicios de inteligencia españoles o las autoridades marroquíes lo ignoran. La pasividad de Marruecos es una tolerancia cómplice utilizada como herramienta de chantaje, mientras que el retraso en la respuesta preventiva del Gobierno español constituye una dejación de funciones que roza la negligencia protectora.

Precisamente esta semana, la crónica de sucesos ha venido a confirmar de forma brutal la dimensión del engranaje criminal que asola el Mediterráneo. Una macrooperación conjunta entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y Europol ha culminado con la detención de casi 80 personas integrantes de una de las mayores redes de tráfico de seres humanos y narcotráfico de nuestra historia reciente. Con una infraestructura que incluye 18 narcolanchas valoradas en más de cinco millones de euros, estos mafiosos operaban un doble flujo criminal milimétrico: transportaban armas y drogas sintéticas desde las costas españolas hacia Argelia y Marruecos, y rentabilizaban el viaje de vuelta hacinando a migrantes a los que cobraban hasta 12.000 euros por cabeza. Un negocio redondo de más de 24 millones de euros marcado por una violencia extrema, secuestros e instrucciones expresas a los pilotos para embestir a las patrulleras de nuestras fuerzas de seguridad.

Sin embargo, la envergadura de este golpe policial abre el interrogante político definitivo: ¿pueden estas mafias transnacionales tener razón de ser, mover flotas de embarcaciones prohibidas y organizar censos masivos sin el apoyo más o menos directo, o la calculada ceguera, de los gobiernos implicados? Para amplios sectores sociales y analistas fronterizos, la respuesta es un no rotundo. Resulta inverosímil desvincular el auge de estas redes criminales de la pasividad táctica de Rabat, que abre y cierra el grifo de la vigilancia costera según sus necesidades de presión diplomática.

Del mismo modo, resulta obligatorio sospechar de la repentina "casualidad" que rodea el obsceno manejo de los tiempos del Gobierno de España. Que el desmantelamiento de semejante enjambre criminal se ejecute y retransmita ante las cámaras de televisión precisamente en los días de mayor colapso e indignación en Ceuta no genera satisfacción, sino una profunda desconfianza ciudadana. La pregunta surge de inmediato en la calle: ¿por qué hoy y no ayer, o hace cuatro meses, o hace tres años? Porque huelga expresar que una estructura transnacional de esta magnitud —con ramificaciones financieras complejas y conexiones con la Mocro Maffia— no se descubre ni se investiga en un plazo de 48 horas, sino que requiere meses de pacientes y silenciosas escuchas judiciales y seguimientos por parte de las fuerzas de seguridad.

Por tanto, la ejecución de la redada precisamente en este exacto momento delata un burdo y calculado oportunismo de calendario por parte de la Moncloa. El Gobierno ha utilizado una investigación policial largamente madurada como un analgésico de opinión pública, un oportuno cortafuegos informativo diseñado para desviar la atención de los telediarios, silenciar las acusaciones de inacción preventiva y fingir una firmeza sobrevenida ante un problema que llevaba meses tolerando en la sombra.

Y lo peor es que para agravar este lamentable escenario de vulnerabilidad, el Gobierno central ha conducido al país a una posición de aislamiento diplomático inoportuno dentro de su entorno natural: Occidente. Mientras el reino alauí consolida con astucia sus alianzas estratégicas con Washington y gana terreno en foros internacionales, la política exterior española naufraga en la improvisación y los absurdos e inoportunos bandazos partidistas. En lugar de tejer un frente común con nuestros aliados naturales para defender de forma unánime que Ceuta y Melilla son fronteras exteriores de la Unión Europea, el Ejecutivo se ha enzarzado en reproches contra socios europeos —como Italia—, acusándolos de insolidaridad y alejándose de las corrientes mayoritarias de control fronterizo que hoy imperan en Occidente. El resultado es desolador: el Departamento de Estado de los EE. UU. y varios líderes de la UE censuran abiertamente la debilidad institucional de Madrid para proteger su propia soberanía, dejando a España geopolíticamente sola y desarmada ante el chantaje de Rabat.

En este río revuelto, el papel de las ONG y del tejido asistencial también exige una reflexión desapasionada. Mientras las terminales de las grandes plataformas mediáticas ensalzan su labor como la única salvación del territorio, una corriente mayoritaria de ciudadanos y críticos advierte la consolidación de lo que denominan "la industria de la vulnerabilidad". Se critica que estas entidades hayan convertido la emergencia en un modelo corporativo y laboral hipertrofiado que necesita de la perpetuación del conflicto para autojustificarse y asegurar millones de euros en subvenciones públicas. Del mismo modo que se cuestiona la utilidad real de recursos específicos de género frente a la delincuencia convencional, se reprocha que la red del tercer sector actúe de facto como un imán legal y logístico que desarma la capacidad de expulsión del Estado, beneficiando indirectamente los planes de las mafias y de las potencias hostiles.

Pero es que, además, esta grave crisis no se arregla con barcos de exhibición ni con discursos vacíos sobre la concordia. Cuando la soberanía territorial y el orden público de una región están heridos de gravedad, el marco constitucional prevé herramientas específicas. La situación actual reúne todas las características de una extrema alarma nacional. Ante un pulso geopolítico que amenaza con reactivarse cada pocos días a través de las redes sociales, España debe decidir si sigue actuando como un mero  gestor (y además malo) de comedores de campaña o si asume su condición de Estado soberano. La resolución de este conflicto no puede seguir delegándose en el altruismo vecinal o en el asistencialismo de las ONG, eso vale para ciertos telediarios, sino que exige la firmeza política más absoluta, la activación de la inteligencia preventiva para taponar las fronteras antes de que los saltos se materialicen, el amparo explícito de la Unión Europea mediante exigencias contundentes al agresor, y la determinación de declarar los estados de excepción constitucional cuando la seguridad, la convivencia y las necesidades ciudadanas devienen definitivamente insostenibles, cuestionándose, además, la territorialidad del Estado español.

Por lo demás, resulta trágicamente irónico comprobar cómo, mientras la frontera se desmorona y la soberanía se tambalea, la atención de la opinión pública y de las autoridades parece hipnotizada por la frivolidad del momento. En los despachos oficiales y en las tertulias se habla con fascinación astronómica del próximo eclipse, preparando de forma casi obsesiva el país para contemplar la ocultación efímera de un astro. Las autoridades asisten ciegas —y nunca mejor dicho— a este fenómeno del firmamento, buscando en el cielo un espectáculo pasajero mientras se niegan a mirar el suelo que pisan, ignorando que el verdadero eclipse, el mayor y más pavoroso espectáculo que jamás hayamos presenciado y del que no habrá retorno, está ocurriendo en nuestras propias fronteras: el eclipse absoluto de la civilización occidental. Una cultura y unos valores democráticos que se oscurecen por la parálisis de sus propios gobernantes, incapaces de defender los cimientos identitarios, territoriales y legales que un día sostuvieron a Europa. Seguir negando la realidad de la calle en favor de la ficción televisiva no solo es una burla al sufrimiento del pueblo ceutí; es una rendición anticipada en el tablero internacional antes de que la penumbra tape por completo lo que queda de nuestro mundo.

De Mis conversaciones con la IA

 Servando Gotor

LA GEOMETRÍA DEL ATAJO: CÓMO LA BOLSA DE ÁMSTERDAM INVENTÓ LOS SESGOS COGNITIVOS

 

Imagen generada por IA (Gemini)

 

 

Pensar  «al bies», o pensar «al sesgo». O por qué el cerebro prefiere la diagonal del sesgo cognitivo antes que la implacable y parsimoniosa seguridad de un razonable cálculo laberíntico.

 

 

En geometría elemental, la diagonal es siempre el camino más corto entre dos esquinas opuestas; y en el comportamiento humano, es la definición perfecta de un atajo. En el diseño de moda, cortar «al bies» o «al sesgo» consiste en trazar una línea a 45 grados respecto al hilo de la tela para otorgarle una elasticidad imposible en el corte recto. Pues bien, en la estructura de nuestra mente ocurre algo similar: cuando el seguir la lógica implacable nos agota, el cerebro prefiere «cortar por lo sano», o lo que es lo mismo: ir por el camino de en medio y recortar la realidad por la diagonal. Con lo que esta física del atajo une los talleres de sastrería, la física geográfica, la psicología cognitiva, y hasta los mercados financieros, en un divertido combate entre la intuición (pensar y decidir «rápido») y la cuadriculación (pensar y decidir «lento»).

El término sesgo ofrece hoy un juego semántico extraordinario. Transita desde su origen físico y geométrico (del latín sessus, posición inclinada) hasta colonizar la conducta a través de tres dimensiones entrelazadas: (i) la costura técnica del atajo - el heurístico camino de en medio- , (ii) el enfoque subjetivo del prejuicio moral —que arrastra la interpretación lejos de la neutralidad recta— y (iii) el uso metodológico en la estadística y la psicología moderna -error sistemático ajeno al azar-. Curiosamente, esta polifacética inclinación del comportamiento humano ya fue anticipada con una alta dosis de ironía en el Siglo de Oro por José de la Vega, un judío sefardí que en 1688 publicó en Ámsterdam Confusión de confusiones, el primer tratado mundial sobre el mercado de valores. Un verdadero tratado universal y, por ende, rabiosamente actual sobre el comportamiento humano, y específicamente, sobre la toma de decisiones.

 

El «Eureka» frente a la parálisis del algoritmo

Mucho antes de que los psicólogos Daniel Kahneman y Amos Tversky teorizaran en el siglo XX sobre el «pensamiento rápido» y los sesgos cognitivos, De la Vega ya se burlaba con saña de la fauna bursátil holandesa utilizando esta misma premisa. El cerebro humano detesta el laberinto cuadriculado del pensamiento algorítmico. El algoritmo, obsesionado con evitar cualquier tipo de atajo, avanza con la lentitud de un sastre que mide el hilo milímetro a milímetro; es un proceso exasperantemente seguro pero, en la volatilidad de la vida (y de la Bolsa), a menudo resulta interminable e inoperante. La parálisis por análisis no paga dividendos.

Frente a esa rigidez cuadriculada, De la Vega retrató el triunfo del pensamiento heurístico, esa lectura «al bies» de la realidad. De naturaleza emparentada con el Eureka por su carácter aleatorio, el hallazgo heurístico es el atajo mental definitivo. El autor barroco comprendió con humor que el inversor prefiere la chispa intuitiva y el volantazo diagonal del rumor antes que sentarse a procesar datos de forma pausada, matemática y razonable. Los operadores de Ámsterdam, impulsados por este pensamiento rápido, saltaban de cabeza a la euforia (efecto manada) o al pánico (sesgo de disponibilidad). No procesaban la información «al hilo» de los hechos objetivos, sino mediante ágiles —y a veces catastróficos— saltos oblicuos.

Un reciente trabajo sobre el texto del sefardí —una edición crítica que cuenta con más de 1.700 notas a pie de página y 50 páginas de bibliografía— subraya que las palabras polisémicas son las verdaderas soberanas de esta comedia del intelecto. En el tablero del mercado, los conceptos deben ser elásticos porque las mentes que compran y venden son incorregiblemente heurísticas. Parecerá mal decirlo, pero el autor de semejante edición es quien firma estas líneas, y vamos a dejarnos de falsas modestias (*).

 

El poliedro de la «Acción»

El ejemplo paradigmático de esta flexibilidad es el término «Acción», que De la Vega estira simultáneamente en cinco vectores que funcionan como soberbios y divertidos atajos conceptuales:

• El vector financiero (La propiedad simbólica): El atajo jurídico para poseer una porción de la Compañía de las Indias Orientales sin cargar físicamente con sus barcos.
• El vector físico y psicológico (El movimiento continuo): El desasosiego del inversor, de quien se mofa en el Diálogo Tercero diciendo que se les llama «accionistas, por estar siempre en acción». Es la agitación constante que prohíbe la quietud algorítmica; el vaivén del «delfín» bursátil que se mueve inquieto hasta cuando duerme en el mar del rumor.
• El vector teatral y literario (El drama del engaño): El acto dramático de una comedia de enredos donde los personajes se saltan la vía recta de la verdad mediante el equívoco y el chiste, convirtiendo la plaza de Ámsterdam en un gran teatro de espejismos.
• El vector moral y delictivo (La estratagema): La maniobra astuta, la artimaña especulativa de los rescontres y las trampas oblicuas calculadas para hacer «dar de ojos» al oponente mientras el delfín sigue soñando con ganancias imaginarias.
• El vector judicial o procesal (El rudo despertar): La «acción» que se activa cuando el enredo bursátil estalla, el humo se disipa y el delfín despierta bruscamente en la fría orilla de los tribunales. Es el derecho procesal como último resguardo legal; el amargo tránsito que va desde la vibrante agitación de la plaza hasta la solemne inmovilidad de un estrado judicial.

La obra demuestra que el idioma español opera por asociación espacial y que el humor es la mejor herramienta para explicar la economía. El ser humano recurre a las líneas oblicuas del sesgo cuando la cuadrícula de la literalidad es incapaz de cartografiar el caos. Al final, tanto en la sastrería como en la Bolsa —como en el mundo—, avanzar al bies sigue siendo la técnica más sofisticada para adaptarse a las curvas de la incertidumbre: tomar el atajo creativo antes de que la inoperancia del corte recto rompa el tejido.

De Mis conversaciones con la IA

 Servando Gotor

_______________

(*) Confusión de confusiones: Edición en español actualizado, con introducción, notas, vocabulario esencial y bibliografía.

LOS SEÑORES DE LOS BONSÁIS (Antonio Envid)

Imagen generada por IA (Gemini)

Me entero por los medios de comunicación de que Pedro Sánchez regaló un bonsái al Papa León XIV. Antes había hecho análogo regalo al poderoso, en su día, José Luís Ábalos por su sesenta cumpleaños. Desconozco si es habitual que el presidente haga estos singulares regalos o son hechos aislados y excepcionales, también, si son regalos que encierran algún símbolo o una manera de ir desalojando La Moncloa de esos objetos difíciles de reubicar, como los enseres de otro inquilino o los recuerdos de la abuela.

Estos sucesos me han hecho recordar un excelente artículo que publicó el inefable Sánchez Ferlosio – sí, el hijo de Sánchez Mazas, una de las mentes más sibilinas de mi contemporaneidad – con el título El monasterio Hidaka y el arte del bonsai. En él el destacado escritor hacía una sutil crítica a Felipe González, muy aficionado, como se sabe, a esos arbolillos enanos y deformes a fuerza de artificio.

Se describía la presencia en el complejo gubernamental de un nonagenario monje taoísta que cuidaba la notable colección de bonsáis del presidente y señalaba la paciencia y delicadeza que esa función exigía, así como, que los momentos libres que al gobernante dejaban las tareas de gobierno los invertía en escuchar las enseñanzas de Lao-Tse de boca del venerable anciano y en conocer este arte japonés. No deja de notar el articulista los dos millones y medio de pesetas – estábamos todavía en el reino de la peseta – del sueldo anual del maestro que salían de nuestra tesorería. 

Para tratar de comprender el artículo hay que mencionar el contexto en el que está escrito. Era el segundo mandato de Felipe González y, aunque gozaba de una holgada mayoría de 184 diputados, el entusiasmo que había despertado en el primer mandato, 202 diputados, los había rebajado sensiblemente. El descontento social se palpaba en el ambiente, hasta desembocar ese mismo año 1988 en una huelga general convocada por UGT y CC OO que paralizó España; a principios de ese mismo año se había producido el secuestro de Revilla por los terroristas de ETA. Mientras, Felipe González se embebía en las enseñanzas taoístas y en el cultivo de bonsáis.

Pero el recuerdo de aquel artículo no es casual sino causal, alguna correlación encuentro entre aquella pasada época con la presente. La cultura del bonsái exige que el crecimiento del árbol se limite, se le encorsete y se le dirija hacia la dirección que quiere el cultivador, en lugar de dejar que obre libremente la naturaleza. Ignoro si Pedro Sánchez ha adquirido la afición por estos artificiales arbolitos, pero sus largos silencios de meditación pudieran indicar que trate de ensayar en los cerebros de los españoles las técnicas de dirigismo y falta de libertad del bonsái, minimizándolos para que acepten su relato.

Vizcaíno Casas tituló a Felipe González como El Señor de los bonsáis, y la historia se repite, como nos enseñó Marx, la segunda vez como farsa, pudiéramos estar viviendo bajo el reinado del Señor II de los bonsáis.

                                                                                                                                            Antonio Envid

BOMBEROS DE MADRID: UNA CONTROVERSIA CONTABLE CONVERTIDA EN TITULAR POLÍTICO

Imagen generada por IA (Gemini)

 

El “timing” de la firmeza judicial: los datos frente al ruido político en los bomberos de Madrid

 

La actualidad informativa se ha visto sacudida estos días por la difusión del decreto que declara firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) respecto a determinados fondos de la Comunidad destinados al cuerpo de bomberos. Sin embargo, un análisis riguroso de los tiempos, la naturaleza del procedimiento y su verdadero objeto, revelan una realidad muy alejada de las lecturas superficiales y los titulares incendiarios.

 

Un fallo antiguo y de naturaleza administrativa

En primer lugar, es necesario precisar que la sentencia data de enero de 2026 y fue plenamente conocida por la opinión pública en su momento. No estamos ante una condena penal ni ante un caso de corrupción o desvío de dinero con fines ilícitos; se trata de un procedimiento estrictamente contencioso-administrativo centrado en una discrepancia de contabilidad presupuestaria entre el Capítulo 2 (gastos corrientes) y el Capítulo 6 (inversiones reales).

La firmeza de esta resolución judicial se adquirió de forma automática hace meses, al vencer los plazos ordinarios de recurso. Lo llamativo —y lo que despierta fundadas suspicacias sobre el timing político— es que el Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) haya decidido formalizar y notificar el Decreto de Firmeza precisamente en estos últimos días de julio. El funcionario judicial disponía de un amplísimo margen: pudo haber firmado el trámite hace meses o haber esperado perfectamente a septiembre, dado que el mes de agosto es legalmente inhábil. Emitir el documento justo en plena ola de incendios estivales ha servido en bandeja el gancho de actualidad idóneo para que los sindicatos y determinados espacios mediáticos amplifiquen el conflicto.

 

Una sólida controversia jurídica, lejos de la arbitrariedad y sin merma para la efectividad del servicio

Bajo ningún concepto puede afirmarse que el Gobierno de la Comunidad de Madrid actuara de un modo arbitrario, negligente o injusto. La administración regional defendió una postura técnica respaldada por argumentos jurídicos consistentes: sostenía que recurrir al renting para dotar de camiones modernos a los bomberos era una vía eficiente para la prestación del servicio.

Y aquí reside una idea esencial que con frecuencia se está perdiendo en el debate público. La controversia no giraba principalmente sobre si los bomberos debían disponer o no de nuevos camiones, sino sobre cuál era la fórmula presupuestaria y financiera adecuada para proporcionárselos. La Comunidad de Madrid optó por un modelo de renting —alquiler a largo plazo con mantenimiento incluido— frente a la adquisición directa de los vehículos como inversión patrimonial.

Desde la óptica de la CAM, la diferencia entre comprar un camión (Capítulo 6) o alquilarlo mediante renting (Capítulo 2) no implicaba una reducción de medios materiales disponibles para el servicio, sino una distinta forma de financiación y contabilización de esos mismos medios. Los vehículos podían estar operativos igualmente, prestar idéntica cobertura territorial y atender las emergencias con la misma eficacia funcional.

Por tanto, incluso aceptando la tesis del tribunal sobre la incorrecta imputación presupuestaria de determinados fondos procedentes de UNESPA, lo discutido era el modo económico de proveer los recursos, no la existencia de una decisión de privar al cuerpo de bomberos de vehículos, equipamiento o capacidad operativa. La sentencia puede tener consecuencias, y de hecho las tiene, en materia de disciplina presupuestaria y afectación de fondos finalistas, pero de ella no se desprende que se hubiera comprometido la seguridad del servicio ni la atención a las emergencias ciudadanas.

La interpretación judicial finalmente acogida considera que esos recursos debían destinarse exclusivamente a inversiones patrimoniales permanentes. Sin embargo, la posición de la Comunidad se insertaba en una lógica de gestión pública moderna, orientada a flexibilizar la renovación de flotas, reducir costes de mantenimiento y acelerar la disponibilidad de vehículos especializados, una opción que dista mucho de poder calificarse como arbitraria o manifiestamente irrazonable.

 

Datos frente a eslóganes

En definitiva, en términos jurídicos, el debate no versaba sobre si el cuerpo de bomberos debía disponer de determinados vehículos de emergencia, sino sobre si esos vehículos debían incorporarse mediante adquisición patrimonial directa o mediante contratos de renting y, en consecuencia, sobre la correcta imputación contable de los fondos utilizados para financiarlos.

Esa diferencia es esencial. Una eventual carencia de medios operativos afectaría directamente a la seguridad y a la respuesta ante emergencias; una discrepancia sobre la modalidad financiera y presupuestaria empleada para proveer esos mismos medios pertenece, en cambio, al ámbito del control de legalidad presupuestaria y de la afectación de fondos finalistas.

Sin embargo, cuando se examinan conjuntamente la fecha real de la sentencia, la adquisición automática de su firmeza, el margen temporal del decreto de formalización, la naturaleza administrativa del litigio y la dimensión predominantemente contable de la controversia, el episodio aparece menos como un descubrimiento súbito de mala gestión y más como un ejemplo de cómo el timing institucional puede transformar una compleja controversia presupuestaria en un titular de alto voltaje político.

De Mis conversaciones con la IA

 Servando Gotor

LA JAULA DE CRISTAL: Del "ángel del hogar" a la tutela de Estado.

 

Cómo el arte, la evolución y las leyes han divinizado históricamente a la mujer para arrancarle su terrenalidad y su libre albedrío.

IMAGEN GENERADA POR IA (Gemini)

 

 

De la «donna angelicata» medieval al neopaternalismo legal contemporáneo: por qué el poder, el arte y el inconsciente social se resisten a soltar el control del cuerpo y la voluntad de la mujer, cambiando históricamente el látigo del castigo por el escudo de la hiperprotección.

 

A lo largo de la historia de la civilización occidental, el control biopolítico sobre las mujeres ha operado bajo un eufemismo tan sofisticado como persistente: la salvaguarda y la adoración. Cuando el ordenamiento jurídico, la religión o la moral pública han necesitado encauzar la libertad femenina, raramente lo han hecho admitiendo un deseo de opresión. Al contrario: el discurso del poder siempre se ha vestido con las sedas del cuidado patriarcal y la veneración sacra.

Si en las sociedades tradicionales la transgresión masculina se castigaba con el rigor del Código Penal y la cárcel, la rebeldía femenina se abordaba desde una perspectiva tutelar, médica o moral. La mujer que rompía la norma no era tratada como un sujeto plenamente responsable, sino como una criatura extraviada a la que había que «proteger» de sí misma y de los peligros de un mundo hecho por y para hombres. Sin embargo, al examinar las derivas legislativas y culturales del presente, surge una pregunta incómoda pero ineludible: ¿hemos superado realmente esa tutela, o simplemente hemos sustituido la figura del padre guardián por la de un Estado pastoral que, bajo la promesa de una protección integral, sigue considerando a la mujer un sujeto de agencia disminuida?

 

El imperativo evolutivo y el pedestal sagrado

Para comprender esta inercia no basta con apelar a la sociología del poder; es preciso descender a los estratos más profundos de la especie. Desde la antropología evolutiva, la propensión a hiperproteger a la mujer responde a un estricto imperativo de supervivencia dictado por la demografía primigenia. En los albores de la humanidad, el útero constituía el verdadero cuello de botella reproductivo: la pérdida de varones en la caza o la guerra era absorbible por el grupo, pero la pérdida de mujeres abocaba a la tribu a la extinción. Ese instinto visceral de blindaje se ritualizó con los siglos, transformando una necesidad biológica de conservación en una arquitectura social y jurídica de control.

Esta dinámica encaja con precisión en el inconsciente colectivo descrito por la psicología analítica de Carl Gustav Jung y Erich Neumann. La figura femenina se erigió como el arquetipo del misterio de la vida, generando en la mirada masculina una ambivalencia indisoluble: fascinación, adoración y temor abisal. Al sacralizar a la mujer como un ser superior en pureza y espiritualidad, la sociedad la elevó a un pedestal. Pero un pedestal es, por definición, una superficie diminuta de la que no se puede dar un paso sin caerse al vacío. La veneración exige inmutabilidad. Así, el control sobre su libertad se ejerció históricamente no desde el desprecio, sino desde el tabú religioso: la urgencia angustiosa de mantener incólume la fuente sagrada de la vida y de la moral.

 

La estética del cautiverio: la mujer como musa inerte

Donde con mayor nitidez se revela este arquetipo de la veneración que paraliza es en la literatura y el arte, auténticos espejos del subconsciente masculino. Desde el amor cortés medieval y el Dolce Stil Novo, el ideal de perfección fue la donna angelicata. La Beatriz de Dante o la Laura de Petrarca no son mujeres de carne y hueso, con deseo, contradicciones o autonomía de acción; son elevaciones espirituales, puentes hacia la divinidad. Para ser infinitamente adoradas, debían ser despojadas de toda terrenalidad y pulsión individual: musas glorificadas en la pasividad.

Centurias después, el siglo XIX refinaría esta estética del cautiverio. El poeta británico Coventry Patmore popularizó el término que definiría la moral burguesa occidental con su célebre poema El ángel del hogar (The Angel in the House). En este arquetipo, la mujer es divinizada como el santuario moral de la familia: pura, abnegada, exenta de los vicios y la codicia del espacio público terrenal. Sin embargo, como denunciaría de forma demoledora Virginia Woolf décadas más tarde, para que una mujer libre pudiera pensar, escribir o actuar en el mundo real, el primer paso era indispensable y dramático: «matar al ángel del hogar».

La pintura del Prerrafaelismo en la época victoriana fijó visualmente esta paradoja. Los lienzos de John Everett Millais o Dante Gabriel Rossetti muestran una sucesión de Ofelias flotando ahogadas, Proserpinas atrapadas y Beatrices melancólicas. Mujeres de una belleza embriagadora y mística, sí, pero invariablemente retratadas en reposo, enclaustradas, enfermas o muertas. El mensaje estético del patriarcado se desnudaba así sin pudor: la máxima adoración que se le puede profesar a una mujer es aquella en la que su belleza y pureza quedan fijadas para siempre a costa de su movimiento y su libertad.

 

La trampa del «sexismo benevolente»

Este sustrato artístico y evolutivo cristalizó en el ámbito psicosocial en lo que, en 1996, los psicólogos Peter Glick y Susan Fiske denominaron «sexismo benevolente». A diferencia de otras formas de opresión, las relaciones de género están atravesadas por una profunda interdependencia afectiva y sexual. El varón no percibe mayoritariamente a la mujer como un enemigo, sino como la compañera vital indispensable y el objeto de su amor.

De ahí nace un paternalismo que concibe el deber varonil o institucional como la obligación sagrada de custodiar y defender a las mujeres como seres delicados y moralmente superiores. Esta dinámica es devastadora precisamente porque rara vez es percibida como hostil por quien la ejerce ni, en muchas ocasiones, por quien la recibe. Nace del afecto genuino, de la veneración artística y del deseo de protección, pero opera funcionalmente como una jaula de oro: «Te protejo porque eres demasiado valiosa y pura para contaminarte en el barro de la libertad real». Al elevar su estatus moral, se le extirpa la soberanía individual para asumir riesgos, errar o defenderse por sí misma en el espacio público.

 

De la moral autoritaria al neopaternalismo legal

En el pasado siglo XX de nuestro propio país, este mecanismo se manifestó con dureza en las instituciones públicas y religiosas que, durante décadas, fiscalizaron la moralidad de la juventud. Bajo la coartada lingüística de la «protección», millares de jóvenes que desafiaban el orden tradicional, que escuchaban músicas transgresoras o que reivindicaban su autonomía en los espacios de ocio fueron sometidas a tutelas administrativas y reclusión sin que mediara delito alguno. Bastaba una denuncia por rebeldía o por apartarse del canon del «ángel del hogar» para que el Estado interviniera para salvaguardar la virtud de la transgresora y el honor familiar.

Hoy, habiendo secularizado las leyes y derribado los viejos muros de moral autoritaria, filósofas de la política como Wendy Brown o teóricas del derecho como Janet Halley alertan de un preocupante «eterno retorno» en las democracias liberales contemporáneas. Al construir ordenamientos jurídicos y discursos públicos que pivotan de manera casi exclusiva sobre la vulnerabilidad estructural y la perpetua condición de víctima del sexo femenino, se corre el riesgo de recaer en una sofisticada forma de neopaternalismo.

Cuando un movimiento social o un legislador exige del Estado una hiperprotección penal y administrativa permanente basándose en una indefensión sistémica y en una supuesta inferioridad de recursos defensivos ante el varón, se produce una inversión perversa: el poder estatal concede esa protección a cambio de codificar y congelar la debilidad en la ley. Sustituimos la antigua donna angelicata o al viejo ángel del hogar por un nuevo arquetipo hipervulnerable, donde la autonomía de la mujer vuelve a quedar tutelada por un árbitro superior —ahora estatal y punitivo— que asume por defecto que ella carece de las herramientas o la robustez necesarias para negociar, consentir o confrontar en el tráfico social en condiciones de igualdad real.

Romper este círculo histórico exige una honestidad intelectual que incomoda por igual al conservadurismo tradicional y al reformismo contemporáneo. La verdadera emancipación no consiste en cambiar al tutor patriarcal por un tutor burocrático, ni en trasladar a la mujer del pedestal de la pureza estética al pedestal de la vulnerabilidad perpetua. La igualdad real y la mayoría de edad cívica solo se alcanzan cuando se reconoce el derecho pleno a la agencia, al rozamiento con el mundo, a la asunción de riesgos y a una libertad genuina que no requiera de salvavidas institucionales no solicitados.

De Mis conversaciones con la IA

 Servando Gotor

El dilema de Badajoz: ¿quién responde si nadie reclama el dinero a David Sánchez?

Imagen generada por IA (Gemini)

La sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que ha condenado a once personas por un delito de prevaricación administrativa en el denominado caso David Sánchez ha desplazado el centro del debate jurídico y político. El foco ya no se dirige únicamente hacia los condenados, sino hacia la actuación que, a partir de ahora, deberán adoptar las instituciones llamadas a proteger el patrimonio público.

La pregunta que empieza a plantearse en los círculos jurídicos es sencilla de formular y compleja de responder: si, una vez agotados los recursos, la sentencia adquiere firmeza, ¿podría llegar a plantearse alguna responsabilidad para los actuales responsables de la Diputación de Badajoz si deciden no reclamar la devolución de los salarios percibidos por David Sánchez? Conviene precisarlo desde el principio: esa eventual responsabilidad nunca podría recaer sobre la Diputación como institución —el artículo 31 quinquies del Código Penal excluye expresamente a las Administraciones públicas territoriales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas—, sino, en su caso, sobre las personas físicas que ocupen sus órganos de gobierno y decidan, con conocimiento y capacidad de actuar, no promover la recuperación del dinero.

 

Una condena sin restitución del dinero

Conviene partir de un dato procesal esencial. La sentencia, de casi 380 páginas, condena a David Sánchez Pérez-Castejón a nueve años de inhabilitación especial como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa, y al expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, a dieciocho años por dos delitos de la misma naturaleza. Los once acusados —entre ellos varios cargos y funcionarios de la propia institución— recibieron la misma pena de inhabilitación. El tribunal, sin embargo, los absolvió a todos del delito de tráfico de influencias, por lo que ninguno se enfrenta a pena de prisión.

Pese a la condena, la Audiencia no ha ordenado a David Sánchez reintegrar los 340.572 euros que percibió entre julio de 2017 y mayo de 2025. No es que el tribunal haya declarado improcedente esa devolución: es que ninguna de las partes con legitimación para reclamarla ejerció esa acción durante el procedimiento. El Ministerio Fiscal, que solicitó el sobreseimiento de la causa desde el inicio de la instrucción y mantuvo la petición de absolución hasta el final del juicio, nunca pidió el reintegro. La Diputación, titular de los fondos, tampoco se personó como perjudicada.

Sí lo pidieron las acusaciones populares, que en este procedimiento fueron siete: el Partido Popular, Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa, Liberum, Hazte Oír y la Fundación de Abogados Cristianos. Pero la Ley de Enjuiciamiento Criminal reserva el ejercicio de la acción civil a quien ostenta la condición de perjudicado, y la propia sentencia lo señala expresamente: no cabe entrar en la responsabilidad civil derivada del delito porque quienes la plantearon carecen de legitimación para hacerlo.

El resultado es llamativo: existe una condena en la instancia por prevaricación, pero ningún pronunciamiento sobre la devolución del dinero público. Y el propio fallo, consciente de ello, deja expresamente en manos de la Diputación —como entidad pagadora— o del Tribunal de Cuentas la decisión de reclamar esas cantidades por vía administrativa o contable.

 

La cuestión no es la tentativa, sino la omisión futura

Ante esta situación, algunos análisis han sugerido que la pasividad mantenida hasta ahora por la Fiscalía y por la propia Diputación podría haber sido ya una conducta reprochable. Técnicamente, sin embargo, el debate debe formularse de otro modo: lo relevante no es si hubo alguna irregularidad durante la tramitación del procedimiento, sino si la persistencia en la inactividad, una vez desaparezcan las razones que hoy pueden justificarla, podría llegar a tener consecuencias jurídicas para quienes decidan no actuar.

Mientras el proceso siga abierto, existen argumentos que explican una actitud de prudencia institucional. La decisión del Ministerio Fiscal de no formular acusación forma parte del ejercicio ordinario de sus funciones, desarrolladas con autonomía funcional; la discrepancia con ese criterio no basta, por sí sola, para reprochárselo. Y la Diputación, mientras la condena no sea firme, también puede sostener razonablemente una posición expectante: reclamar ahora anticiparía consecuencias patrimoniales apoyadas en una resolución todavía revocable.

 

Lo que dice la doctrina sobre la prevaricación por omisión

La posibilidad de que la inacción de una Administración adquiera relevancia penal no es una hipótesis exótica. La jurisprudencia del Tribunal Supremo admite, en supuestos excepcionales, que la prevaricación se cometa por omisión: cuando la autoridad tiene un deber jurídico concreto de resolver o de actuar, y su inacción equivale materialmente a una resolución arbitraria, esa pasividad puede llegar a ser tan antijurídica como la firma de un acto ilegal.

La experiencia de otros grandes casos de corrupción muestra, además, que el mecanismo de recuperación, aunque lento, puede llegar a funcionar en la práctica: en el caso Blasco, sobre el fraude en subvenciones de cooperación de la Generalitat Valenciana, la Administración ha seguido ingresando —más de una década después de los hechos— cantidades recuperadas a través del procedimiento de reintegro y del Tribunal de Cuentas. Es un precedente distinto en sus hechos —allí hubo un desvío activo de fondos, no una simple pasividad posterior a una condena—, por lo que conviene no forzar la comparación; pero sirve para mostrar que la vía del reintegro administrativo y contable no es meramente teórica.

 

El punto de inflexión: la firmeza, y lo que ya se mueve antes de ella

El escenario cambiará sustancialmente cuando la sentencia adquiera firmeza. Y ese momento puede llegar antes de lo que el debate público asume: las acusaciones populares ya han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, dentro del plazo legal, para pedir que se reconozcan también los delitos de tráfico de influencias y malversación —de los que los once acusados fueron absueltos en primera instancia— y que se obligue a David Sánchez a devolver el dinero cobrado.

Es decir: la pregunta que aquí se plantea —qué ocurre si nadie reclama el dinero cuando la sentencia sea firme— ya está siendo, en parte, respondida por la propia dinámica procesal, antes incluso de que exista firmeza. Si el TSJ de Extremadura estimara ese recurso y reconociera la malversación, la cuestión de la restitución podría resolverse por esa vía, sin necesidad de que la Diputación mueva un dedo. Si lo desestima y la condena por prevaricación queda firme tal cual está redactada hoy —sin pronunciamiento civil—, entonces sí se abre plenamente el escenario planteado: la decisión volverá a quedar en manos de la Diputación y del Tribunal de Cuentas.

Llegado ese momento, si los responsables públicos decidieran conscientemente no promover ninguna actuación de reintegro, podría abrirse un debate jurídico relevante sobre si esa omisión es compatible con el deber legal de defensa del patrimonio público. Pero no bastaría una mera discrepancia sobre la estrategia procesal: haría falta un deber jurídico concreto de actuar, la posibilidad real de hacerlo y la voluntad consciente de permitir que el perjuicio se consolidara. Y habría que precisar, además, qué tipo penal podría llegar a aplicarse a esa inacción futura: previsiblemente, de nuevo, una prevaricación omisiva, ya que la malversación exige actos de disposición activa sobre el patrimonio público que en ese escenario no concurrirían.

 

Más allá del delito: el enriquecimiento injusto

Existe, sin embargo, otra cuestión que apenas ha recibido atención y que probablemente sea el núcleo real del problema, al margen de cómo evolucione lo penal.

El absentismo laboral, por sí solo, no constituye normalmente un delito: puede generar consecuencias laborales o disciplinarias, pero no toda falta de prestación efectiva de servicios tiene relevancia penal. Distinta es la eventual consolidación de un enriquecimiento sin causa financiado con dinero público. Si una resolución judicial firme concluye que la plaza de la que derivaban esas retribuciones nació de una actuación prevaricadora —y eso, con la condena en primera instancia, ya está dicho— y, pese a ello, ninguna institución impulsa la recuperación de las cantidades abonadas, el debate se traslada del terreno penal al de la tutela del patrimonio público.

El Derecho español rechaza desde antiguo el enriquecimiento injusto como principio general. Sería difícil de explicar que unos fondos públicos cuya recuperación resulta jurídicamente posible permanezcan definitivamente en el patrimonio de quien los percibió solo porque la Administración perjudicada decidió no reclamarlos.

 

El papel del Tribunal de Cuentas

La firmeza de la sentencia no agotará las vías de reacción del ordenamiento. Corresponderá en primer término a la Diputación valorar el ejercicio de las acciones de reintegro y promover, en su caso, los expedientes oportunos. Paralelamente, el Tribunal de Cuentas puede depurar responsabilidades contables a través del procedimiento de reintegro por alcance de fondos públicos previsto en su ley orgánica, siempre que concurran los presupuestos legalmente exigidos, una vía que además abre la puerta a que las propias acusaciones populares ejerzan la acción pública contable.

Incluso si, desaparecidos todos los obstáculos procesales, persistiera una inactividad injustificada por parte de quienes tienen el deber de proteger esos recursos, podría llegar a plantearse una investigación penal por comisión por omisión o por otras figuras delictivas que, en función de las circunstancias concretas, pudieran resultar aplicables. No se trataría de juzgar de nuevo a David Sánchez, sino la eventual responsabilidad de quienes, teniendo la obligación de defender el patrimonio de la institución, hubieran optado por no hacerlo.

De Mis conversaciones con la IA

 Servando Gotor